Amnistía Internacional denunció hoy que los países del sudeste de Asia sentencian y ejecutan cada vez con más asiduidad la pena de muerte, mientras el resto de las naciones del mundo tienden a abolirla por ley o en la práctica.
El filipino Leo Echegary cuenta los meses, entre 12 y 18, que le faltan para que le apliquen una helada aguja hipodérmica cuyo contenido le provocará la muerte segura en pocos minutos.
Echegary, un pintor condenado en 1994 por la violación de su hijastra de 13 años, es uno entre tres centenares de presos que esperan la ejecución de la pena capital la Penitenciaría Nacional de Filipinas.
La suya fue, el día 7, la primera sentencia de muerte confirmada por la Corte Suprema en base a una ley de 1994, y será también la primera en ejecutarse desde 1976 si el gobierno de Filipinas no decide detenerla.
La fecha no ha sido fijada, pero la ley indica que la pena capital debe cumplirse entre 12 y 18 meses desde su confirmación final.
Mientras tanto, los jueces de este país, considerado el más democrático de la región, deciden la muerte de un promedio de 12 personas por mes, uno de los más altos del mundo, según la no gubernamental Amnistía.
"Los países del sudeste asiático parecen resistirse a seguir la tendencia mundial de abolir la pena de muerte en la ley o en los hechos", dijo este viernes Ross Mungoven, director de Amnistía para Asia.
Las leyes de los siete países que integran la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) admiten la pena capital, aunque no se registraron ejecuciones en Brunei desde 1957. Camboya, que asiste a las reuniones del bloque en calidad de observador, la abolió en 1989.
Los delitos castigados con la pena de muerte en Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam abarcan del narcotráfico al asesinato. Filipinas también prevé esa condena para la violación y el soborno calificado.
Amnistía informó este viernes que "la cantidad de ejecuciones creció abruptamente en los últimos años" en países como Singapur y Vietnam.
La preocupación entre políticos y la población con respecto al auge de la criminalidad y el tráfico de drogas instó a los gobiernos a aplicar la pena capital, pero los activistas afirman que este castigo no es mejor que otros si lo que se procura es frenar la delincuencia.
María Socorro Diokno, del no gubernamental Grupo de Asistencia Legal Gratuita de Manila, ha propuesto sustituir la condena a muerte por cadena perpetua sin derecho a excarcelación.
Las instituciones de defensa de los derechos humanos sostienen que el riesgo de equivocaciones judiciales y uso de la pena capital con fines políticos es real en una región donde algunos gobiernos tienen tendencias autoritarias.
La filipina es, quizás, la sociedad más abierta de la región y los activistas acceden a información sobre las sentencias. Pero el informe de Amnistía titulado "Contra la corriente: la pena de muerte en Asia" acusa al resto de los gobiernos de la zona de retacear los datos sobre ejecuciones judiciales.
"En varios países del sudeste de Asia, las ejecuciones se realizan en secreto. El número real de ejecuciones se desconoce debido a la falta de estadísticas oficiales", así como la cantidad de presos confinados en pabellones de la muerte, según el informe.
En Indonesia, "la corrupción y la falta de independencia del Poder Judicial aumentan el riesgo de ejecuciones equivocadas", agregó Amnistía.
El informe da cuenta de 30 ejecuciones entre 1985 y 1992, año en que comenzó un embargo que concluyó con tres muertes a inicios de 1995. Por lo menos 26 reclusos aguardan el cumplimiento de la sentencia, dijo Amnistía.
Funcionarios de Malasia informaron que 349 personas fueron ejecutadas entre 1970 y marzo de 1996. En los últimos tiempos se registraron varias conmutaciones de pena.
El relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias manifestó en 1995 su preocupación por la Ley de Drogas Peligrosas de Malasia, que presume el tráfico para cualquier persona en posesión de estupefacientes, lo cual revierte la carga de la prueba.
La cantidad de prisioneros alojados en el pabellón de la muerte en Singapur es desconocida. El Ministerio de Información indicó que 75 personas fueron ejecutadas en la horca en 1994.
El relator especial de Naciones Unidas incluyó en 1995 a Singapur entre los 19 países donde los sentenciados a muerte no tuvieron garantías de juicio justo.
Tailandia ejecutó su primera pena capital en nueve años en enero de 1996, y hubo dos más ese año. Unas 100 personas esperan en el pabellón de la muerte.
Amnistía expresó su preocupación sobre el creciente número de sentencias de muerte y ejecuciones, en general por fusilamiento, en Vietnam. No existen cifras oficiales, pero los activistas estiman que se produjeron 90 ejecuciones en 1994.
El gobierno constató 185 sentencias a muerte entre 1995 y septiembre de 1996. Vietnam desarrolla una enérgica campaña contra "males sociales" que, según grupos humanitarios, deja gran margen para que se cometan injusticias.
En este país, la pena de muerte puede ser impuesta a los hallados culpables de "crímenes económicos" como corrupción, y desde 1992 ese castigo puede recaer sobre los narcotraficantes.
El crecimiento económico de Asia podría imponer entre los gobiernos la idea de que deben evitar la pena capital para impedir daños a la imagen internacional de sus países, según Amnistía.
Mungoven dijo que Filipinas, donde rige un gobierno democrático, tiene credibilidad suficiente para liderar una campaña para la abolición de la pena de muerte en el sudeste de Asia, pero solo podría hacerlo si se abstiene de practicarla.
Tres años después de la restauración de ese castigo en las leyes filipinas, los activistas señalan a este país como un ejemplo de la ineficacia del castigo como mecanismo para frenar la criminalidad.
Si la pena capital no funciona en una sociedad democrática, menos funcionará en países con una cultura política más primitiva como los del resto de la región, afirman.
Este castigo recae con frecuencia sobre los más pobres, menos educados y marginalizados sectores de la sociedad asiática, que no tienen posibilidades de conocer los riesgos que implica la comisión de delitos ni de acceder a una defensa legal adecuada.
El sacerdote católico Jun Borres, del Servicio Jesuita Penitenciario de Filipinas, afirmó que "casi la mitad" de los 263 condenados que aguardaban en el pabellón de la muerte a comienzos de 1997 apenas tenían educación elemental. La mayoría eran granjeros, choferes y obreros de la construcción.
La mitad de los convictos fueron hallados culpables de violación y cerca de 20 por ciento, de asesinato, estimó Borres.
Los defensores de la pena de muerte sostienen, en cambio, que la predominancia de los pobres entre los condenados a muerte responde a la composición social de los países, donde, en efecto, hay más indigentes que ricos.
El sistema legal de Filipinas está muy lejos de ser certero, afirmó Diokno. La Corte Suprema, que debe revisar todas las sentencias de muerte, devolvió varios casos a tribunales de menor jerarquía para reiterar los juicios, conmutó otras sentencias y absolvió a un condenado.
Diokno adelantó que su grupo apelará la sentencia de Echegary ante la Corte Suprema. "Pero sabemos que será infructuoso", pronosticó.
"Es muy importante frenar la primera ejecución, que podría desatar una ola de muertes. La primera derribaría una barrera sicológica", dijo. (FIN/IPS/tra-en/js/cpg/mj/hd/97
