Un obispo católico de la ciudad chilena de Valdivia llamó a líderes ecologistas para que se limiten en sus acciones y denuncias contra grandes inversiones que pueden causar daño ambiental.
El religioso, Ricardo Ezzati, aludiendo a críticas de los ambientalistas sobre algunos proyectos forestales, señaló que "no se puede paralizar una actividad producto de una conciencia cerrada sobre la ecología".
Ezzati llamó al diálogo entre los empresarios y las entidades ecologistas, haciendo hincapié en que algunos de los proyectos productivos "mitigarían en parte la urgente necesidad de trabajo".
Al menos dos grandes proyectos, relacionados con explotación de la madera, han sido cuestionados por ambientalistas en los últimos meses en la región de Los Lagos, donde se sitúa Valdivia, a 835 kilómetros de Santiago.
Uno de ellos es el de una fábrica de celulosa en Puerto Montt, 1000 kilómetros al sur de la capital, cuyos desechos serían vertidos sobre el Pacífico, donde está instalada una aldea de pescadores.
La comunidad de pescadores que sería afectada por el proyecto dio a conocer su acuerdo con el llamado del obispo Ezzati para que se produzca un diálogo entre las empresas inversionistas y las poblaciones locales.
Organizaciones ambientalistas como el Instituto de Ecología Política (IEP), que asesora a los pescadores, también se manifestaron en favor del diálogo.
"Más que hablar de nosotros son las comunidades afectadas las que están abiertas a conversar, pero no ha habido mayor interés de parte de los empresarios", señalaron fuentes del IEP en Santiago.
El diálogo, entre tanto, aún sin ser abierto está en vías de fracasar porque al menos el proyecto de la fábrica de celulosa recibió un espaldarazo de la justicia local, que rechazó recursos presentados por los ambientalistas.
En una resolución divulgada el jueves la Corte de Apelaciones de Valdivia dispone que el proyecto no puede ser calificado de ilegal ya que la ley de bases del medio ambiente, aprobada en 1994, aún carece de reglamento.
"Este fallo demuestra que el gobierno saca provecho judicial de los vacíos normativos ambientales que son de su exclusiva responsabilidad", criticó este viernes Luis Rendón, coordinador del área jurídica del IEP.
El gobierno ha atrasado intencionalmente la adopción del reglamento de la ley ambiental "a fin de tener una mayor holgura para aprobar grandes proyectos", estimó.
Gabriel Sanhueza, director de la organización El Canelo de Nós, en Santiago, llamó la atención en el sentido de que la falta de reglamento ambiental "preocupa no sólo a los ecologistas sino también a los empresarios".
"Ellos necesitan reglas claras para invertir con tranquilidad", señaló. (FIN/IPS/gcm/dg/en/97
