La organización separatista vasca ETA y sus organizaciones satélites pretenden amedrentar a todos los vascos, afirmó hoy José Antonio Ardanza, presidente del gobierno de esa comunidad autónoma.
Ardanza formuló esa declaración mientras en toda la región se producen manifestaciones de protesta por la muerte de un empleado de comercio y el Consejo del Poder Judicial se solidariza con los jueces y fiscales vascos amenazados por la coalición Herri Batasuna (HB), próxima a ETA.
Eugenio Olaziregui, de 39 años, vendedor de bicicletas en la ciudad vasca de San Sebastián, fue asesinado este jueves de un balazo en la nuca cuando se dirigía a su trabajo.
La policía autónoma vasca encontró este viernes en el lugar un casquillo de bala del calibre nueve milímetros parabellum, utilizada habitualmente por ETA.
En España, y en especial en el País Vasco, se especuló con que el asesinato de Olaziregui se debió a un error de ETA, dado que nada permitía atribuirle una determinada ideología política.
No obstante, una versión que circuló con insistencia le adjudicó la delación que permitió a la policía vasca detener al dirigente etarra Valentín Lasarte en 1995, tras comprar una bicicleta en el comercio en el que trabajaba Olaziregui,
El parlamento vasco, en el que cuenta con mayoría el moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), guardó este viernes un minuto de silencio en señal de duelo y organizaciones pacifistas de la región realizaron manifestaciones de rechazo a la violencia en todas las ciudades de esa comunidad autónoma.
Ardanza, quien gobierna en coalición con los socialistas, pidió a los vascos que no permitan que los violentos consigan su objetivo de generalizar el miedo, al tiempo que condenó el nuevo atentado de ETA y reclamó que "no se busque una explicación al asesinato, porque algunos la pueden convertir en justificación".
El jefe del gobierno vasco aludió así al rumor difundido en San Sebastián y recogido por algunos medios de prensa, de que el muerto había delatado a Lasarte.
Entre los muchos testimonios que negaron hoy la posibilidad de que Olaziregui fuese un delator se destacó la del propietario del comercio en el que trabajaba la víctima.
En el local "existe un sólo telefóno en la caja central y nadie puede hablar por él sin que lo oigan los clientes y empleados, y no creo que nadie se exponga a una cosa así", afirmó.
Sus compañeros de trabajo añadieron: "somos siete empleados, todos amigos y confiamos unos en otros, si él hubiese reconocido a Lasarte, nos lo hubiera comentado. Además, ninguno de nosotros lo reconoció".
El consejero (ministro) del Interior del gobierno vasco, Juan María Atuxta, dijo que la policía autónoma ignora quién identificó a Lasarte y consideró que la relación entre ese arresto y el atentado contra Olaziregui sólo es utilizada por los partidarios de ETA para justificar un crimen.
El asesinato de Olaziregui se produce cuando en el País Vasco ya se habían generalizado las reacciones contra las amenazas formuladas por miembros de HB a seis jueces y fiscales de la provincia de Alava.
La coordinadora de esa coalición, Txotxe Andueza, mencionó por sus nombres a esos jueces y fiscales, a los que acusó de "arbitrariedad", participar en una estrategia política contra el independentismo y contribuir al enfrentamiento.
Otro dirigente independentista, Guillermo Perea, añadió que hay jueces y fiscales especialmente beligerantes, que constituyen la prolongación del brazo represivo de la policía autónoma.
Medios jurídicos destacaron que esas acusaciones suelen constituir el antecedente para los atentados de ETA y manifestaron temor por la vida de los amenazados.
El secretario federal del partido de la Nueva Izquierda, Diego López Garrido, afirmó que las declaraciones de Andueza y Perea suponen una intromisión en la actuación y la independencia judicial, y podrían constituir delitos de amenazas y calumnias.
El Consejo General del Poder Judicial expresó su enérgica condena ante las "advertencias intimidatorias" de los dirigentes de HB.
Las Asociaciones de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales se solidarizaron con los amenazados de Alava y expresaron su convicción de que continuarán realizando su trabajo como hasta ahora.
En tanto, Clemente Auger, presidente de la Audiencia Nacional, que entiende en los delitos de terrorismo y narcotráfico, pidió tranquilidad a los jueces y fiscales vascos y dijo que si las amenazas las hacen personas concretas pueden considerarse "típicamente delictivas". (FIN/IPS/af/ag/ip/97
