Ya pasaron 12 años desde el peor desastre industrial de la historia, ocurrido en esta ciudad. Cuatro mil personas murieron, y medio millón de sobrevivientes que sufren las consecuencias han renunciado a la esperanza.
Los acusados de causar el escape de gas tóxico de la planta de la transnacional Union Carbide de Bhopal la noche entre el 2 y el 3 de diciembre de 1984 continúan eludiendo su responsabilidad. Mientras tanto, las víctimas dicen que los jueces se niegan a otorgarles una compensación justa.
Muchos de ellos quieren olvidar lo sucedido, entre ellos Sultan Ahmed, funcionario del gobierno del estado de Madhya Pradesh cuya capital está en Bhopal. "¿De qué sirve discutir lo que ya se ha hecho y no será corregido?", se preguntó.
Al igual que más de medio millón de habitantes de Bhopal que inhalaron el mortal gas methil isocianato que escapó de la fábrica de pesticidas de Union Carbide, Ahmed, quien recuerda haber quedado inconsciente esa noche, sufre graves problemas de salud.
Hasta ahora, la justicia le otorgó una compensación de 25.000 rupias, casi 715 dólares, igual que la mayoría de los sobrevivientes. Pero ni siquiera se le ha pagado la cifra completa.
Y cuando se la paguen, las autoridades habrán deducido las 200 rupias mensuales (5,7 dólares) que Ahmed ya ha recibido en los últimos años. "La mayoría de las víctimas se habría sentido satisfecha con apenas el doble de esa suma", afirmó.
Mientras tanto, el gobierno de India acordó con Union Carbide el pago de 470 millones de dólares de multa hace siete años. Esa medida fue muy criticada, pues se la consideró un remate de los intereses de las víctimas. Pero también hay quejas porque Nueva Delhi no empleó el dinero adecuadamente.
De acuerdo con las últimas estadísticas difundidas por el gobierno de Madhya Pradesh, se presentaron 382.196 solicitudes de compensación hasta octubre de este año y se pagaron 240 millones de dólares a las víctimas.
Más de 1.500 viviendas gratuitas se entregaron a las familias de los muertos por el escape de gas. Diez mil afectados recibieron entrenamiento laboral.
De todos modos, parlamentarios indio acusaron este martes en Nueva Delhi al gobierno de negligencia en ayudar a las víctimas de Bhopal.
La portavoz del senado, Najma Heptullah, expresó su preocupación por el destino de los sobrevivientes y dijo que reclamará al gobierno un informe completo.
De acuerdo con la evaluación de un grupo de investigadores estadounidenses publicado por la Revista Médica Nacional de India, unas 50.000 personas aún sufren dolores o discapacidades como consecuencias del escape en Bhopal.
Aquéllos que inhalaron el gas sufren fiebre y abortos en mayor medida que quienes no lo hicieron. Nueve de cada 10 personas expuestas al gas manifestaron algún problema de salud este año, cuando esa proporción en el resto de la ciudad de Bhopal fue de cinco de cada 10.
Una víctima típica sufre 7,5 episodios de fiebre al año, mientras el promedio en el resto de los habitantes es de 2,5, según el estudio.
Las mujeres que quedaron expuestas al gas sufren el doble de abortos (nueve por ciento) que cualquier otra. El informe alertó que aquellos nacidos después del accidente también manifiestan distintas enfermedades.
Las autoridades no registraron como víctimas del escape a ningún menor de 18 años de edad.
"La mayoría de los problemas con las compensaciones se origina en el hecho de que las decisiones sobre quién las recibirá y a cuánto ascenderán fueron tomadas por el gobierno central en Nueva Delhi", dijo Ahmed.
Activistas en Bhopal afirman que las autoridades aprobaron gran cantidad de reclamos fraudulentos. Las víctimas sostienen, además, que sufrieron acoso en los tribunales. "Nos hicieron esperar horas bajo el sol o la lluvia, como criminales", dijo una de ellas.
La Corte Suprema de India, máximo organismo judicial del país, diluyó el 13 de septiembre las acusaciones criminales contra funcionarios de Union Carbide, lo cual hará más difícil aun gestionar la extradición del jefe de la planta, Warren Anderson.
Esa demanda había sido introducida por la ciudad de Bhopal contra ocho funcionarios de Union Carbide India Limited y fue levantada por la Alta Corte de Madhya Pradesh, debido, según distintas versiones, a presiones diplomáticas. (FIN/IPS/tra- en/mu/mj/ip en hd/96
