La Unión Europea (UE) es el único gran socio con el que Colombia mantiene intercambio comercial equilibrado, aunque los empresarios de este país aún no explotan toda la potencialidad de ese bloque.
La UE, una asociación de 15 países, alberga a 340 millones de consumidores y en 1995 compró a Colombia bienes por 2.516 millones de dólares, 28 por ciento de las exportaciones totales de este país.
Las compras de Colombia al bloque europeo sumaron el último año 2.547 millones de dólares, según el Ministerio de Comercio Exterior.
Mientras, las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, su principal socio comercial, llegaron a 3.284 millones de dólares, frente a importaciones por 5.417 millones.
La UE, segundo socio comercial de Colombia después de Estados Unidos, absorbe 59 por ciento de las exportaciones de café de este país, 65 por ciento de las ventas de carbón, 65 por ciento del banano y más de 86 por ciento de los embarques de ferroníquel.
Colombia ingresa sus productos en el mercado comunitario según un esquema especial reservado a los países andinos dentro del Sistema General de Preferencias, que libera de aranceles aduaneros a 93 por ciento de sus exportaciones.
Un tratamiento similar existe con Estados Unidos, que concede arancel cero a una franja de productos de las naciones andinas vinculadas a su estrategia de lucha antidrogas. Se trata del Acuerdo de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA, por sus iniciales en inglés), de renovación anual.
A diferencia del caso de la UE, que prorrogó por 10 años su sistema de preferencias para Colombia, los productos que se exportan a Estados Unidos podrían perder los beneficios del ATPA si Washington hace efectiva la amenaza de sancionar a Bogotá por su presunto bajo desempeño en la guerra contra el narcotráfico.
En opinión de algunos analistas, el sistema de preferencias de la UE es más favorable para los exportadores que el ATPA de Estados Unidos, por ser plurianual (10 años) y admitir productos con mayor peso en el volumen total de ventas externas.
Pero el embajador de Holanda en Colombia, Gijsbert Bos, cree que los empresarios colombianos deben adoptar políticas comerciales más agresivas para aprovechar las ventajas del mercado comunitario.
El porcentaje de ventas de Colombia a la UE "parece muy bajo", dijo Bos, que también representa al bloque europeo en este país.
Colombia debe modernizar su industria y es necesaria una intensa gestión de sus representantes diplomáticos y agencias encargadas de la promoción del comercio exterior, agregó.
El gobierno lanzó en enero el proyecto Europa 2000, que cuenta con el aval de la delegación de la Comisión Europea para Colombia y Ecuador, de las misiones diplomáticas de los paises miembros de la UE y de las cámaras binacionales de Comercio.
Según Marta Ardila, directora general de la División Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, el propósito consiste en incrementar las relaciones a todo nivel con la UE.
Quinientos empresarios concurrieron a foros organizados en función del mismo proyecto. Muchos asistieron en representación de la pequeña y mediana industria que, según Ardila, intenta hallar "nuevos caminos y nichos de mercado para sus productos".
El último de la serie de foros se realizó a mediados de este mes en la norteña ciudad de Cartagena, con participación de la participación de la Confederación de Cámaras de Comercio de Colombia (Confecámaras).
El proyecto Europa 2000 ha vinculado también universidades de la capital, pues sus promotores entienden que el aporte del sector académico dará más consistencia a las relaciones de Colombia con la UE.
Para consolidar sus vínculos con la UE, Colombia también debe mejorar su gestión en materia de derechos humanos y de lucha contra los narcotraficantes, dos cuestiones seguidas de cerca por la UE.
En Colombia, un país de 37 millones de habitantes, son asesinadas anualmente cerca de 30.000 personas y más de 13 por ciento de esos hechos se deben a razones políticas o presumiblemente políticas.
El Parlamento Europeo condenó en octubre el desalojo de 150 familias campesinas de una hacienda del norte de este país que es reclamada por familiares del embajador de Colombia en Bruselas Carlos Marulanda. La expulsión fue realizada por grupos paramilitares.
Marulanda fue retirado de su cargo, pero no por presión de los grupos defensores de los derechos humanos en Bruselas, sino porque ya había cumplido su ciclo en ese destino, según argumentó el gobierno.
En opinión del ex canciller Rodrigo Pardo, las violaciones de derechos humanos pueden deteriorar las relaciones de Colombia con la UE. (FIN/IPS/yf/ff/if/96
