El peso de la deuda externa en el desarrollo de los países de América Latina se convirtió en el centro de los debates de cuatro comisiones del Parlamento Latinoamericano que concluyeron este martes Uruguay.
"No habrá soluciones posibles a problemas de salud, vivienda, alimentación o saneamiento si no se busca una solución para el pago de la deuda externa", dijo a IPS Luis Rubeo, secretario general de comisiones de la organización legislativa regional.
El Parlatino decidió pedir a sus integrantes que reclamen a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que ponga a consideración del Tribunal de Justicia de la Haya el problema de la deuda.
El organismo parlamentario pretende que el tribunal determine el grado de perversidad de esta deuda, que oscila en los 500.000 millones de dólares, y establezca la necesidad de una renegociación que implique como parte de pago la deuda social, señaló Rubeo.
"La deuda externa es la mayor violación de los derechos humanos", subrayó el senador brasileño Franco Montoro durante la reunión de la Comisión de Derechos Humanos.
Según Montoro, los países integrantes del Parlatino deben informar sobre la deuda de cada uno de ellos porque "parece un tema secreto, del que nadie habla".
La argumentación de Montoro recibió el respaldo del diputado venezolano Gustavo Hernández, quien sostuvo que tanto acreedores como deudores tenían conocimiento, al contraer los préstamos, que se estaban violando normas.
"El 80 por ciento de los préstamos no salieron de los bancos y gran parte fue objeto de maniobras de corrupción", afirmó, y destacó que en su país el pago de la deuda insume 40 por ciento del presupuesto.
El diputado uruguayo Juan Carlos Raffo se colocó en la vereda de enfrente y dijo que en su país no se contrajo la deuda en las condiciones irregulares que señaló su colega, y que no correspondía debatir ese tema.
Lo cierto, dijo Rubeo, es que si no surge una solución los países no tendrán recursos para afrontar soluciones a los problemas de derechos humanos, carcelarios, de la juventud o de alimentación, entre otros.
Estos temas fueron los que centraron la atención de los casi 80 legisladores que se reunieron en el balneario de Punta del Este, 150 kilómetros al este de Montevideo.
Rubeo precisó que esta postura no es una negativa a pagar, sino que señala la imposibilidad de hacerlo.
"No es la bandera contestataria de hace dos décadas, sino la resultante de los parámetros en que se desenvuelve la economía en cada uno de nuestros países", dijo el funcionario.
Dentro de ese marco, la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca plasmará en un documento su preocupación por el futuro de la alimentación en la región, que trasladará a la cumbre mundial de la alimentación que tendrá lugar en Roma en noviembre.
Alrededor de 40 por ciento de la población de América Latina vive debajo de los niveles de pobreza, sin posibilidad de resolver sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestimenta, salud y educación.
También se propone impulsar políticas destinadas a obtener compromisos que garanticen que los países latinoamericanos importadores de alimentos se abastezcan en forma prioritaria con productos agrícolas provenientes de los paíes de la región. (FIN/IPS/rr/jc/if-ip/96
