INFANCIA: Unicef encara desafíos emergentes en América Latina

La infancia en América Latina enfrenta problemas como drogadicción, trabajo infantil, maltrato y los embarazos de adolescentes, que "no son nuevos pero suscitan una creciente preocupación", dijo en esta capital la Directora Regional de Unicef, Marta Maurás.

Estos problemas serán los ejes centrales de análisis este jueves y el viernes en un encuentro de delegados ante el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de los 34 países de la región que se realizará en Chile.

Según la Directora de Unicef, al igual que las necesidades básicas, estos desafíos emergentes están vinculados en América Latina al círculo vicioso de reproducción de la pobreza, que se ha agudizado con el actual modelo de desarrollo.

"En las dos últimas décadas es evidente que se ha logrado estabilizar las economías de la región y estimular la competitividad", pero igualmente "se ha profundizado la brecha entre los más pobres y los más ricos", dijo Maurás a IPS.

Sin embargo, la experta advierte que "hay una conciencia mayor" de la necesidad de buscar una política económica que además de ser aperturista cree empleo, sea competitiva y al mismo tiempo "vaya formando el capital social".

La preocupación por estos desafíos emergentes quedó planteada en la Segunda Reunión Americana Sobre Infancia y Política Social, anterior a la que se inicia en Chile, que se realizó en Bogotá en abril de 1992.

En esa oportunidad no sólo se hizo un balance del cumplimiento de las metas trazadas en la Cumbre de Nueva York sino que se firmó el Acta de Nariño, en la que los representantes gubernamentales de los países de la región se comprometieron a incrementar la inversión social.

El acuerdo fue resultado de la discusión en la que se concluyó que era evidente que en la región se habían logrado avances importantes en las metas en aspectos de salud, nutrición y educación, pero también existía una notable expansión de la pobreza y la inequidad que afectaba a la niñez.

En este rezago, según UNICEF, han incidido los cambios en los estilos de vida, que han generado las migraciones del campo a la ciudad.

Casos como los embarazos tempranos de las adolescentes, el maltrato infantil y "un gran problema que se conoce poco pero que está emergiendo cada vez más es el de la violencia contra el niño y la mujer", son en opinión de Maurás derivados de estos cambios en el estilo de vida, presionados también por la pobreza.

En Bogotá, los delegados regionales se comprometieron a invertir por lo menos 10 por ciento de su producto interno bruto en inversión social.

Sin embargo, para Unicef ha sido difícil establecer qué ha pasado en materia de inversión social en la región, debido a que los países aplican parámetros diferentes para su medición.

Se ha establecido, no obstante, que Guatemala, uno de los países más pobres de la región, invierte menos de 2,0 por ciento en educación.

En el otro extremo del continente, Chile aparece como un caso que podría considerarse exitoso, aunque todavía no logra llegar al 7,0 por ciento del gasto en educación que es la meta que se han puesto para 1997 y están impulsando una reforma tributaria para poder lograrlo.

Según el estudio "El gasto Social en América Latina" de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) de 1994, Chile, con 17,4 por ciento, era el país que más inversión social presentaba a comienzos de esta década.

Sin embargo, las perspectivas para enfrentar estos desafíos emergentes no son muy claras, pues según Cecilia López, ministra de Agricultura de Colombia, en América Latina "no hay un compromiso serio de reducción de la pobreza.

En opinión de la funcionaria, el modelo de apertura económica que se ha consolidado en lo que va de la década ha "individualizado las ganancias y socializado las pérdidas".

López sostiene que en la región no hay fórmulas para llevar a cabo planes progresivos de inversión social, pero "es claro que hay que buscarlas y para eso hay que llevar el tema de la pobreza al centro del debate".

A juicio de la funcionaria los retos deben partir de reconocer que la política económica no ha sido neutra en términos de equidad y establecer un límite de tiempo para cumplir metas fijas y claras. (FIN/IPS/yf/jc/pr/96

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