El gobierno de Chile enviará un veto aditivo destinado a perfeccionar el proyecto de ley sobre los Derechos del Consumidor, anunció el ministro de Economía, Alvaro García.
El veto gubernamental, de acuerdo a García, persigue mejorar las normas que rigen la organización y el funcionamiento de las asociaciones de consumidores, de modo de garantizar su representatividad y autonomía.
Este se enviará al Congreso cuando el Senado se pronuncie sobre el informe de una comisión legislativa mixta, probablemente a fines de este mes.
La creación de asociaciones de consumidores había sido rechazada por la Cámara de Comercio en abril pasado, por considerar que ellas podían presionar ilícitamente a las empresas.
El veto gubernamental regulará las actividades de las organizaciones de consumidores, para cuya formación acordó un mínimo de cincuenta personas.
Los principales cambios introducidos en el proyecto de ley en la comisión mixta se refieren a su carácter supletorio respecto de actividades reguladas por leyes especiales.
Esto significa que la ley sobre los Derechos del Consumidor será aplicada a actividades como servicios básicos y de utilidad pública, además de servicios financieros o crediticios.
Inicialmente la telefonía, el agua potable y la electricidad habían quedado fuera del ámbito de la ley.
Sin embargo, de acuerdo a Claudio Venegas, abogado de la Oficina Regional de CI, la futura ley "no se podrá aplicar a actividades con las que los consumidores tradicionalmente han tenido problemas".
Entre ellas, explicó, están los seguros, las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El ministro de Economía opinó que la promulgación de la ley, que lleva cinco años de trámite legislativo, se hará efectiva en octubre próximo. (FIN/CI-IPS/96
