La muerte de un estudiante universitario a manos de la policía devolvió a la discusión pública en Nicaragua el caso de procedimientos de los agentes de orden público denunciados por organizaciones de derechos humanos.
Donald Ahmed Romero Gutiérrez, de 26 años y estudiante de biología, fue interceptado por una patrulla policial la noche del viernes 21 de junio y muerto pocos minutos después de un disparo en la espalda, al resistirse al arresto, según la version oficial.
Pero el Centro Nicaragüuense de Derechos Humanos (CENIDH) investigó el caso y concluyó que Romero Gutiérrez fue víctima de una "ejecución sumaria".
"El hecho es sumamente grave, ya que se hizo uso indebido de un arma de fuego en contra de una persona que no tenía la posibilidad de atacar o huir, por encontrarse desarmado y rodeado" por varios policías, indica el informe del CENIDH.
El mortal disparo, de acuerdo a las investigaciones extraoficiales, fue efectuado por el teniente Roberto Sánchez, un oficial que no esta capacitado para participar en detenciones, ya que su tarea era de procesamiento. Es decir, remitía casos a las autoridades judiciales.
"Con ello, el CENIDH concluye que también existe responsabilidad de los mandos policiales que emplean a oficiales inexpertos en labores ajenas a las que fueron entrenados", consignaron los denunciantes.
Sánchez se encuentra arrestado y a disposición de la justicia civil, pero sus jefes inmediatos no fueron incriminados.
La Asociación Nicaraguense Pro-Derechos Humanos (ANPDH) afirmó que los ejemplos de brutalidad policial aumentan todos los años.
"Las denuncias sobre violaciones policiales se han incrementado año con año y, al respecto, hemos manifestado nuestra preocupacion ante las autoridades", dijo a IPS Julio César Saborio, director ejecutivo de ANPDH.
En un informe titulado "Crisis policial en Nicaragua", la ANPDH informó haber recibido entre enero y septiembre del último año 421 denuncias de violaciones a los derechos humanos, 282 de las cuales acusaban a agentes de orden público.
La gran mayoría de las denuncias contra la policía se referían a abuso de autoridad, detenciones ilegales, tratos degradantes y agresiones físicas, puntualizó la organización.
Se trata de delitos "y los responsables deben ser llevados ante tribunales de justicia. El problema es que una gran cantidad de agentes policiales desconocen que su función consiste en servir a la poblacion", señaló Saborio.
Algunos policías creen pertenecer "a una casta superior a la población civil, lo cual constituye un elemento grave. Si no hay castigo, seguirán actuando de la misma forma", agregó.
Mientras, el CENIDH aseguró en su informe anual de 1995 que 14 personas fueron muertas el ano pasado al ser detenidas, en celdas o durante la represion policial contra manifestaciones de protesta.
Sólo un caso se resolvió con la condena del responsable, el teniente Marvin Torres, aunque la pena se aplicó por infracciones de índole militar, y no por homicidio del detenido Camilo Sanchez Carmona, muerto durante el interrogatorio.
Para Vilma Núñez, directora del CENIDH, los problemas se deben a la falta de profesionalismo del cuerpo policial y al escaso presupuesto que le asigna el gobierno.
La falta de medios financieros limita la capacidad operativa de la policía, favorece la corrupción en sus filas y la vuelve dependiente de servicios extraordinarios al sector privado, dijo Núñez.
Al respecto, señaló que la mayoria de los agentes de policía perciben unos 600 córdobas mensuales (un poco más de 70 dólares), un salario inferior al de una empleada doméstica.
Así mismo, recordó que la policía recibió este año un prespuesto de 143 millones de córdobas (algo más de 12 millones de dólares), en lugar de los 246 millones que había solicitado.
"El gobierno es el principal responsable, ya que además de no asignar mayores recursos, no ha hecho ningún esfuerzo sustantivo por obtener apoyo internacional para la capacitación de nuestra policía", declaró Núñez.
"La poca capacitación" adquirida por los agentes "ha sido por iniciativa de las comisiones locales de derechos humanos, pero eso es muy insuficiente", agregó.
Los mandos policiales presentaron al Poder Legislativo el anteproyecto de un Código Policial, destinado a regular las funciones y el accionar de las fuerzas de orden público, pero la discusión parlamentaria está estancada.
Una encuesta financiada por la Union Europea reveló que 90 por ciento de la población no confía en la policía.
La encuesta se realizó entre 1.250 personas y cubrió las zonas más pobladas del país. Sólo fueron excluidas la costa Atlántica y los márgenes del sureño río San Juan. (FIN/IPS/rf/ff/hd/96)
