Diputados de las tres principales fuerzas políticas de México y un grupo humanitario demandaron al gobierno que elimine el carácter retroactivo de un tratado de extradición firmado con España, por considerar que atenta contra las políticas de asilo de este país.
Diputados del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de los opositores Acción Nacional (PAN), de derecha, y de la Revolución Democrática (PRD), de centroizquierda, indicaron que el documento es ilegal, pues la Constitución establece claramente que una ley no puede ser retroactiva.
La cancillería mexicana informó el jueves que acordó con España nuevas normas de extradición, seis semanas después de la fecha prevista, tras superar discrepancias sobre su carácter retroactivo.
El tratado estaría destinado a los supuestos miembros de la organización separatista vasca ETA que viven en México, según políticos y analistas.
El Frente Mexicano Pro Derechos Humanos envió este viernes cartas al presidente Ernesto Zedillo, a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso pidiendo que frene la "inadmisible" retroactividad, que "atenta contra la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
Miguel González, consultor jurídico de la cancillería, negó que el acuerdo viole alguna norma y manifestó que el principio de no retroactividad sólo es aplicable cuando hay derechos adquiridos, como un juicio resuelto o un asilo concedido.
El nuevo instrumento, firmado en junio de 1995, no había podido entrar en vigencia el mes pasado, como estaba previsto, pues España pedía que quedara garantizado su alcance retroactivo, medida que México cuestionaba.
El tema "generó un serio conflicto de interpretación" entre ambos países, reconoció González.
El diputado oficialista Carlos Reta se manifestó sorprendido de que el gobierno "hable de una aplicación retroactiva" del tratado de extradición con España, pues ninguna ley puede tener ese carácter.
La diputada Mara Robles, del PRD, consideró que el tratado con el país europeo derrumba las tradicionales políticas de asilo del país y "es uno más de los gravísimos errores del gobierno mexicano que contribuyen a debilitar a las instituciones y en especial la política exterior".
En México vivirían entre 120 y 200 miembros y simpatizantes de ETA, la mayoría de los cuales estarían ya integrados a la vida civil, según informes extraoficiales.
El consultor jurídico de la cancillería dijo que no se ha comprobado la existencia de terroristas españoles en México.
Desde junio de 1995, cuando se firmó el nuevo tratado de extradición con España, México expulsó a dos vascos con el argumento de que no tenían sus documentos migratorios en regla. (FIN/IPS/dc/ag/ip/96
