La suspensión del fusilamiento a dos reos acusados de violar y asesinar a una niña de cuatro años que debía realizarse este martes en Guatemala causó descontento en amplios sectores de la población que claman por la aplicación de la pena de muerte para disminuir los altos índices de violencia.
Roberto Girón y Pedro Castillo, que guardan prisión en la Granja Penal Canadá, en el sureño departamento de Escuintla, habían agotado todos los recursos que contempla la ley, incluido el indulto presidencial, y el silencio de la Iglesia Católica.
Pero el pasado sábado, la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso el fusilamiento de los dos condenados a muerte, al otorgar el amparo provisional promovido por la defensa de los reos en contra del presidente Alvaro Arzú por haber denegado el indulto solicitado.
La Corte basa su resolución en un artículo de la Ley de Amparo, según el cual "deberá decretarse de oficio la suspensión provisional del acto reclamado si del mantenimiento del mismo resultare peligro de la privación de la vida del sujeto activo del amparo".
La CC también ordena en el fallo que la autoridad impugnada, en este caso el presidente Arzú, remita en el término perentorio de 48 horas los antecedentes del caso, o en su defecto un informe circunstanciado.
El Procurador General de la Nación, Acisclo Valladares, uno de los mayores defensores de la pena de muerte, indicó que los amparos presentados harán que la ejecución de la sentencia se retrase por lo menos un mes y medio, pero que de todos modos se llevará a cabo.
Juristas consultados por IPS manifestaron que el amparo provisional es un fallo judicial y por lo tanto el Juzgado de Ejecución debe acatarlo, pero también coincidieron en que esa medida únicamente retrasará el fusilamiento, porque es facultad del presidente otorgar o rechazar el indulto solicitado.
Encuestas realizadas el pasado fin de semana en la capital indican que 80 por ciento de los consultados está a favor de que los condenados sean fusilados.
El vocero gubernamental Ricardo de la Torre dijo que este lunes fue enviado a la CC el informe solicitado, pero consideró que la sentencia dictada por los tribunales de justicia es clara en términos legales, "por lo que es irreversible", concluyó.
El director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) dijo este martes que es lógico que la CC haya decretado el amparo provisional, porque está en riesgo el derecho a la vida de las personas condenadas.
"Escuchando los argumentos de los abogados defensores parece interesante el debate jurídico y ético, soslayando los aspectos políticos", agregó.
Ochaeta explicó que la Constitución garantiza el derecho a la vida, pero también contempla la pena de muerte.
Para la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), el fusilamiento constituye un "terrorismo legal" que contribuye a generar discordia y venganzas entre la población.
Similar posición mantienen la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Misión de las Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala (MINUGUA), al señalar que la pena de muerte no desanimará a la delincuencia y a la violencia profundamente enraizada en este país centroamericano.
"Este acontecimiento doloroso se ha convertido en una especie de espectáculo público en el cual toda la sociedad está inmersa, en un estado de nervios y de tensión absolutamente desagradables", lamentó el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge García Laguardia.
"Internacionalmente la imagen del país está quedando degradada, estamos apareciendo en el mundo entero como un país salvaje, atrasado en las concepciones humanitarias y eso es absolutamente desafortunado", estimó.
A su vez, los padres de la niña asesinada Sonia Marisol Alvarez se mostraron muy molestos por el aplazamiento del fusilamiento.
"Los culpables fueron capturados de inmediato casi in fraganti y a pesar de todas las pruebas todavía se les sigue perdonando la vida, como si ellos hubieran tenido compasión de mi hija", dijo Alejandra García de Alvarez, madre de la menor ultrajada y asesinada.
En Guatemala 48 personas fueron fusiladas en este siglo. El mayor número se registró durante el régimen de facto del general golpista Efraín Ríos Montt (1982-83), creador de los tribunales de fuero especial, ya desaparecidos, que sentenciaron a muerte a por lo menos 16 personas. (FIN/IPS/cz/dg/ip/96
