Cincuenta de los 103 inmigrantes ilegales expulsados de España a finales de junio permanecen hacinados en un centro de detención de Guinea-Bissau, y el caso hunde en el escándalo al gobierno español.
Organizaciones humanitaria criticaron con dureza a la administración del centroderechista José María Aznar, debido a la forma en que se tramitó la expulsión de inmigrantes irregulares ordenada por el Ministerio del Interior.
Según esas organizaciones, las autoridades españolas engañaron y narcotizaron a los inmigrantes para proceder a su expulsión, y y no todos los afectados han sido devueltos a su país de origen.
El propio Sindicato Unificado de Policía (SUP) afirmó que los inmigrantes fueron drogados y permanecieron con las manos esposadas a la espalda durante todo el viaje en avión.
El SUP criticó por improvisada a la operación, que se cumplió sin que los deportados ni los policías encargados del traslado fueran vacunados como medida de precaución.
Un agente policial participante en los hechos se encuentra hospitalizado en estado grave, por haber contraído paludismo en Africa.
Aznar respondió lacónicamente a las críticas que "había un problema y tuvimos que solucionarlo".
Según el gobierno, 19 expulsados fueron desembarcados en Malí, 22 en Guinea-Bissau, 27 en Senegal y 32 en Camerún.
La suma arroja un total de 100 deportados, tres menos de los que supuestamente salieron de España, y también es errónea la información oficial respecto de la cantidad de personas enviadas a Guinea-Bissau, que serían en realidad 50.
La inexactitud del informe gubernamental aumenta la confusión y fortalece las denuncias formuladas por Amnistía Internacional, la Comisión Española de Asilo y Refugio (CEAR) y otras organizaciones no gubernamentales.
Los denunciantes aseguraron el jueves que 50 inmigrantes expulsados del enclave español de Melilla, en el norte de Africa, permanecen encarcelados desde el 24 de junio en Guinea Bissau, pese a no haber cometido delitos.
Juan José Rodríguez Ugarte, secretario general adjunto de CEAR, identificó a esas 50 personas como originarias de Nigeria, Liberia, Malí, Guinea-Conakry, Ruanda y Togo, y dijo que están "hacinadas" en un centro de detención de la ciudad de Bissau.
Alfonso Rojo, enviado especial del periódico español "El Mundo", confirmó este viernes la información de Rodríguez Ugarte en cuanto a la cantidad de deportados que permanecen recluidos en Guinea-Bissau.
Según Rojo, un funcionario español negoció con autoridades Guinea-Bissau la entrega de los expulsados a cambio de dinero. El pago cubriría la alimentación de los detenidos y su posterior repatriación.
Idrissa Traore, vicecónsul honorario de España en Malí, admitió que funcionarios esañoles pagaron 2.000 dólares a cada uno de los 19 inmigrantes llevados a ese país para que descendieran de los aviones.
De acuerdo con Amnistía Internacional y CEAR, el suministro de sedantes a inmigrantes ilegales para su expulsión ya se practicaba durante el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
En opinión de esas dos organizaciones, el gobierno de Aznar "ha violado los derechos humanos" de los 103 inmigrantes, al no permitirles solicitar el estatuto de refugiado o asilado.
Joaquín Almunia, portavoz del grupo parlamentario del PSOE, anunció que su partido exigirá el lunes al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, la destitución del funcionario que estuvo a cargo del operativo de expulsión.
Ramón Sáez Valcárcel, un vocal del Consejo General del Poder Judicial elegido a propuesta de la coalición Izquierda Unida, calificó la deportación de "racismo institucional" y "negación del estado de derecho".
"Estamos ante una expulsión colectiva de personas a las que sólo vincula la condición de extranjeros pobres y de color, una expulsión colectiva que está prohibida por las leyes, porque supone una medida de racismo institucional", declaró Sáez Valcárcel. (FIN/IPS/jc/ff/hd/96
