El eventual juicio parlamentario a un miembro de la Corte Suprema de Justicia de Panamá acusado de actos de corrupción vinculados al narcotráfico aumenta la crispación de un panorama político enrarecido por el escándalo de la financiación ilícita de campaña electoral de 1994.
José Manuel Faundes, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, fue acusado por el procurador José Sossa ante la Comisión de Credenciales del parlamento de influir y presionar a carceleros y jueces "para promover la libertad de reclusos vinculados a casos de narcotráfico".
La Comisión de Credenciales se declaró el lunes en sesiones judiciales para analizar expedientes, tomar testimonios y evaluar si las pruebas presentadas por Sossa son suficientes para someter a juicio al alto magistrado.
Además de la denuncia de Sossa, el empresario cafetero Alberto Sitton aseguró que Faunes le pidió 200.000 dólares para dejar en libertad a un hijo suyo detenido hace dos años por presunción de culpabilidad en homicidio.
Esta es la segunda ocasión en que el parlamento se declara en sesiones judiciales en los últimos siete meses para juzgar la conducta de miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Más de 70 por ciento de las personas encuestadas en diciembre por el influyente diario La Prensa consideraron que existe corrupción entre los funcionarios encargados de impartir justicia.
A finales de 1995, la Comisión de Credenciales no dio lugar a otra demanda particular contra los nueve magistrados de la Corte, incluido Faundes, por supuestos delitos contra la fe pública, de abuso de autoridad y falta a sus deberes, presentada por el empresario Ricardo Endara.
Sin embargo, Sossa aduce que cuenta con suficientes pruebas para lograr la condena de Faundes por delitos de abuso de autoridad contra por lo menos dos jueces, a quienes habría presionado para que dictaran fallos a favor de narcotraficantes y "lavadores" de dinero de la droga.
Entre los cargos presentados por Sossa contra Faundes se cuenta la liberación del narcotraficante colombiano Jairo Builes Molina, un episodio que determinó al segundo Tribunal Superior de Justicia a destituir a la jueza Nilsa Chung por falta grave a sus deberes.
Según Sossa, Chung fue presionada por Faundes para que resolviera la absolución de Builes pese a la fuerte evidencia de tráfico de drogas consignada en el expediente que presentó la Procuraduría.
Así mismo, el procurador acusa a Faundes de presionar a otro juez para que liberara siete millones de dólares del clausurado Banco Internacional de Comercio (BCCI), retenidos hace más de seis años, como medida cautelar, al estadounidense Jerry Lee Harvey por su presunta pertenencia al narcotráfico.
Sossa dijo que la acusación contra Faundes no es una venganza, como aduce el magistrado acusado, sino que se trata "de enviar una señal clara de que las autoridades responsables de administrar justicia no permitiremos la injerencia y la corrupción que promueve el narcotráfico internacional".
"No es posible que por tener la investidura de magistrado de la Corte Suprema de Justicia se pueda permitir que un ciudadano viole descaradamente la ley", agregó.
Por su parte, Faundes anunció el lunes que cuando asuma su defensa ante el parlamento presentará pruebas contra Sossa "que dejarán asombrados a los legisladores".
El diputado Roberto Abrego, designado fiscal acusador por la Comisión de Credenciales, afirmó que en el expediente presentado por Sossa "existe suficiente material necesario y probatorio para someterlo (a Faundes) al juzgamiento que establece la ley".
La Constitución habilita al parlamento a someter a juicio a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por falta a sus deberes.
Luego del trámite inicial a cargo de la Comisión de Credenciales, el pleno del parlamento deberá declararse en sesiones judiciales en caso que las pruebas presentadas por la parte acusadora den lugar a juicio.
El caso Faundes ocurre en momentos que el sistema político panameño está sometido a dura prueba por la aparición de varios cheques utilizados por el narcotraficante colombiano José Castrillón Henao para financiar en mayo de 1994 la campaña electoral del actual presidente, Ernesto Pérez Balladares.
Los "narcocheques" también salpicaron al opositor Partido Renovación Civilista, que en la pasada campaña se sumó a una coalición para postular a la presidencia al ex contralor Rubén Darío Carles. (FIN/sh/ff/ip/96)
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