La muerte por inanición del Estado de Bienestar debería dar paso a un Estado de la Equidad, afirman personalidades latinoamericanas y europeas, en una reunión preparatoria de la Sexta Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
Ese nuevo tipo de Estado no debería mantener, o restablecer, una protección paternalista hacia los sectores más desfavorecidos de la sociedad, sino crear las condiciones para que todos los ciudadanos accedan con equidad y justicia a los beneficios del desarrollo económico y social.
Convocados por la Casa de América, se reunieron en esta capital numerosas personalidades, entre ellas el ex presidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, el ex ministro boliviano Gustavo Fernández y el diputado y presidente del Partido de Renovación Nacional de Chile (PRN, de centroderecha), Andrés Allamand.
También participó la española Guadalupe Ruiz-Giménez, secretaria general de la Asociación de Investigación y Especialización sobre temas Iberoamericanos (AIETI) y el ex ministro nicaragüense y actual funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, Edmundo Jarquím.
Intervinieron asimismo los españoles José Torreblanca, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y Celestino del Arenal, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.
Los reunidos analizaron "a puertas cerradas" un borrador confidencial del documento que suscribirán los mandatarios de América Latina, España y Portugal, que se reunirán el 10 y 11 de noviembre en Chile en la Sexta Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
Coincidieron en calificarlo de abstracto, y de una generalidad excesiva.
Fernández citó como una contribución un párrafo del documento en el que se sostiene que "la democracia del futuro requiere de la construcción de un Estado de Equidad".
Varios de los intervinientes señalaron que la transformación de los Estados y la apertura de las economías nacionales ha sido un proceso necesario y todavía en marcha, pero que eso no debe significar, en ningún caso, un abandono de sus responsabilidades sociales por los poderes públicos.
Allamand recordó que, en ese proceso de apertura, "el Estado se retira como productor, pero debe fortalecer su poder para regular y favorecer la competencia y para generar incentivos".
Otro de los participantes advirtió que la gobernabilidad debe proyectarse en el campo internacional y que en éste es fundamental que los estados iberoamericanos impulsen normas para "hacer gobernables" los flujos financieros y evitar crisis como el "tequilazo" mexicano.
En la gobernabilidad internacional, añadió, se debería incluir una activa posición común de los 21 Estados que se reunirán en Chile, para impulsar una reforma democrática de las Naciones Unidas y una mayor y más rápida eliminación del proteccionismo y las barreras comerciales.
Torreblanca opinó que gobernar "es generar cohesión y participación social". Lo que se está viviendo en vastos sectores de América Latina, precisó, no son situaciones de desigualdad, sino de exclusión lisa y llana de millones de ciudadanos.
Por último se preguntó: "¿Cuánto podrá aguantar la democracia con esa exclusión?".
Todos los participantes también coincidieron en subrayar que la gobernabilidad democrática es insostenible si se mantienen situaciones de injusticia social y de exclusión.
Hurtado señaló como un hecho positivo que la democracia en América Latina haya sobrevivido a "la administración de la escasez". En épocas pasadas, comentó, los programas de ajuste y las crisis económicas hubieran dado paso a golpes de Estado.
Pero, prosiguió, ello no debe llevar a ignorar que la democracia no aseguró el desarrollo ni la equidad social. Quizás por eso, intervino Allamand, se vive la paradoja de que la democracia nunca haya sido tan anhelada y a la vez tan criticada como en la actualidad.
A las críticas al carácter generalista y abstracto del borrador del documento que suscribirán los mandatarios, opuso una visión positiva el economista y embajador de Chile en España, lvaro Briones.
El sólo hecho de abordar la cuestión de la gobernabilidad es importante en sí mismo, dijo García.
Porque "los gobernantes, al hablar de gobernabilidad, estan haciendo una concesión implícita, una afirmación clara de que gobernar no depende sólo de los mandatarios, sino que es necesario el consenso social, la participación y la interacción con la sociedad civil".
En definitiva, señaló Alvaro García, "si los mandatarios suscriben ese documento, estarán diciendo a sus ciudadanos que gobernar no depende sólo de los 23 jefes de Estado y de gobierno, sino de la sociedad en su conjunto".
Los convocados producirán un documento que harán llegar a las cancillerías de los 21 países, con el propósito de que sus observaciones sean tomadas en cuenta al elaborar el borrador final del documento que suscribirán los mandatarios el 11 de noviembre, en Chile. (FIN/IPS/td/jc/ip/96
