El ex dictador y actual jefe del ejército de Chile, general Augusto Pinochet, fue denunciado este jueves ante la justicia española por genocidio y terrorismo.
La denuncia fue presentada a un juzgado de guardia de la ciudad de Valencia y firmada por Miguel Miravet en su carácter de presidente de la Asociación Progresista de Fiscales.
Miravet es, además, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Comunidad Autónoma situada en las orillas del mar Mediterráneo.
También fueron acusados el almirante Toribio Merino y los generales Gustavo Leigh y César Mendoza, los tres en situación de retiro, quienes integraron junto a Pinochet la junta militar de gobierno instalada tras el derrocamiento el 11 de septiembre de 1973 del entonces presidente constitucional Salvador Allende.
Entre las víctimas identificadas por Miravet figuran seis ciudadanos españoles. La denuncia y el proceso judicial que se inicia con ella adquieren particular importancia a la vista de declaraciones del canciller español Abel Matutes.
Matutes afirmó este semana que si la justicia española pidiera la extradición de los militares que integraron el régimen de facto de Argentina (1976-1983), su gobierno tomaría el caso "con gran interés".
Los estados miembros de la Unión Europea (UE) están facultados por su legislación y por tratados internacionales para juzgar los delitos denominados "universales", aunque no tengan lugar en su territorio.
Se trata del genocidio, el terrorismo, la piratería, la falsificación de moneda, el tráfico ilegal de drogas y la "trata de blancas".
La denuncia presentada en Valencia invoca la jurisdicción universal para juzgar a responsables de episodios de terrorismo y genocidio. También solicita al juez que pida al ministro de Justicia e Interior (General Attorney) de Estados Unidos información vinculada con las acusaciones formuladas contra la antigua junta militar chilena.
En concreto, se solicita la información disponible en las agencias del gobierno norteamericano, o en los archivos de éste, relativa a los crímenes internacionales y contra la humanidad atribuidos a la dictadura chilena (1973-1990) o a sus agentes, dentro de las fronteras de Chile o de cualquier otro estado.
La denuncia expone el asesinato o "detención-desaparición" de personas cometidos por orden de la junta militar. En el caso de personas desaparecidas, se señala en la documentación presentada, la prescripción no puede admitirse mientras no conste que la ejecución del delito ha terminado, sea con laen Argentina.
Mientras, en Estados Unidos se ha incoado sumario contra el general argentino Guillermo Suárez Mason por delitos continuados de tortura, secuestro y desaparición de personas.
Así mismo, un juez federal de Boston condenó en rebeldía, en 1995, al ex ministro de Defensa de Guatemala, general Héctor Gramajo, por el secuestro y tortura de la ciudadana estadounidense Dianna Ortiz, e impuso al sentenciado el pago de una indemnización de cinco millones de dólares.
Con todos esos antecedentes y la invocación de leyes de Estados de la Unión Europea y de tratados internacionales, los acusadores de Pinochet y de sus colaboradores esperan lograr una condena firme. Después, según reconocen, deberán lograr que la sentencia se cumpla. (FIN/IPS/td/ff/ip hd/96).
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