El presidente de Argentina, Carlos Menem, desmintió hoy versiones sobre un inminente alejamiento del ministro de Defensa, Oscar Camilión, quién podría declarar ante la justicia por presunto encubrimiento en el escándalo de la venta ilegal de armas a Ecuador durante la guerra con Perú.
"Por ahora, mientras no se defina la situación en la justicia, el ministro no se va", aclaró Menem en respuesta a la información de los periódicos de este jueves acerca de la renuncia de Camilión y su reemplazo por el actual intendente Jorge Dominguez, derrotado en los comicios del 30 de junio.
La venta ilegal de armas argentinas a Ecuador fue denunciada por servicios de inteligencia de Perú en 1995 y luego la prensa argentina reveló que también habían llegado armamentos a Croacia, pese al embargo internacional.
En ambos casos los pertrechos salieron de Fabricaciones Militares, una empresa que depende del Ministerio Defensa.
El interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, y dos funcionarios militares del área fueron procesados y el juez que investiga el caso, Jorge Urso, pidió al fiscal su opinión acerca de si debería llamar a declarar al ministro por el presunto delito de "encubrimiento".
Camilión reconoció en mayo ante los legisladores que conocía "algunos nombres" de personas implicadas en la operación.
El juez convocó entretanto para el lunes al comodoro Nicolás Benza, jefe del aeropuerto internacional de Ezeiza, quien fue señalado por el prófugo Diego Palleros, dueño de las compañías intermediarias en la venta de armas a Ecuador y Croacia.
En una polémica declaración ante el juez, remitida desde Singapur, Palleros no sólo mencionó a Benza como conocedor de la maniobra, sino que aseguró que sus empresas (Hayton Trade y Debrol) fueron sólo "instrumentos de decisiones tomadas al más alto nivel político".
El prófugo aseguró que los embarques fueron conocidos "desde el inicio por el más alto nivel político" y señaló al Ministerio de Defensa, la Secretaría General de la Presidencia, altos jefes militares y aún por encima de esas instancias, donde sólo se encontrarían el presidente y el vicepresidente.
También admitió que pagó "coimas" (comisiones ilegales) al testaferro de un importante empresario argentino, con vinculaciones al más alto nivel político, y que según reveló una fuente de la investigación al diario Página 12 es de La Rioja, la provincia del presidente.
Por último, denunció que está siendo permanentemente vigilado y que no vuelve al país para presentarse ante la justicia porque lo amenazaron con ejecutarlo, "sin que ninguna custodia pueda impedirlo". (FIN/IPS/mv/ag/ip/96
