Bolivia estrenó esta semana una ley por la que el Estado entregará al sector privado concesiones forestales por 40 años a un costo de un dólar anual la patente por hectárea aprovechable para su explotación, con condicionamientos para el manejo sostenible de los bosques.
La ley se discutió en el marco de una polémica por el valor de la patente de explotación, considerada "muy alta" por los madereros, que proponían 30 centavos de dólar por hectárea, aunque el precio final fue considerado "insuficiente" por políticos de oposición.
El presidente del empresariado, José Luis Camacho, expresó la preocupación de su sector por la "elevada" patente de explotación forestal, que impedirá -dijo- que las empresas madereras puedan adecuarse a las exigencias, tomando en cuenta los altos niveles de endeudamiento de los privados.
"En una selva de mil hectáreas se puede encontrar sólo cien árboles", dijo Camacho, que durante dos décadas fue empresario maderero.
"El futuro nos dará la razón: conociendo el alto nivel de endeudamiento, la escasez de recursos a largo plazo y con bajos intereses serán pocas empresas las que estarán en condiciones de asumir un programa de explotación racional que permita al país aumentar sus ingresos por exportación de madera", afirmó.
El gobierno prevé que con esta ley Bolivia capte unos 1.500 millones de dólares anuales.
Los bosques -que representan más de la mitad de los 1.098.581 kilómetros cuadrados del territorio nacional- serán entregados a los empresarios madereros mediante procesos de licitación internacional, que eventualmente podrían hacer subir el valor de la patente.
Hasta ahora no existía ninguna regulación oficial del aprovechamiento de los bosques, por lo que los empresarios madereros actuaban sin control.
La concesión (por 40 años) podrá ser prorrogable sucesivamente cada cinco años, tras auditorías sobre el manejo de los bosques.
La ley establece la protección de la totalidad de la superficie otorgada y de sus recursos naturales, incluyendo la biodiversidad – una de las más ricas del mundo-.
El incumplimiento llevará a la revocatoria de la concesión y la convocatoria a una nueva licitación, para que "otro empresario, que entienda que primero está la preservación del bosque, la reciba", dijo el ministro de Desarrollo Sostenible Moisés Jarmusz.
El gobierno respiró aliviado tras la aprobación de esta ley, ya que así evito pasar por una vergüenza internacional, indicó Jarmusz.
Bolivia será sede en diciembre de la Cumbre Hemisférica sobre Desarrollo Sostenible, por mandato de la I Cumbre Hemisférica celebrada en Miami, Estados Unidos, en 1994.
El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada expresó que hubiera sido inadmisible que Bolivia, como país sede de ese encuentro, no tuviera una ley que preserve la naturaleza "para las generaciones futuras".
La ley garantiza a los pueblos indígenas la exclusividad en el aprovechamiento forestal en las tierras comunitarias, es decir en los lugares en que habitan las comunidades étnicas bolivianas.
Bolivia es un país rico en biodiversidad y áreas boscosas, que representan 50,8 por ciento (558.000 kilómetros cuadrados) de un territorio más amazónico que andino en proporción territorial, aunque por tradición es considerado altiplánico.
Las áreas protegidas suman algo más de 9,5 millones de hectáreas, los territorios indígenas representan más de un millón y las concesiones forestales abarcan más de 21 millones de hectáreas.
Según organizaciones no gubernamentales ambientalistas, los bosques bolivianos sufren un acelerado deterioro por los impactos negativos que ocasionan los contratos a largo plazo para la producción de madera, la deforestación con fines agropecuarios y la construcción de carreteras.
Los colonizadores son también identificados como grandes depredadores por la invasión y "chaqueos" (quema de bosques para habilitar áreas cultivables), que realizan sin cuidado agroecológico.
Según estudios especializados, los colonizadores precarios queman áreas boscosas, ocupan tierras de propiedad fiscal, avasallan concesiones forestales, bosques protegidos, reservas, territorios indígenas y hasta parques nacionales.
En 1990 ocho por ciento de la superficie boscosa del país había sido arrasada.
Para la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), que agrupa a más de 20 asociaciones ambientalistas, la ley es razonable, aunque es objetable que el pago de la patente se haga en tres cuotas y que los empresarios sólo abonen por hectárea explotada y no por hectárea asignada de bosque.
"El maderero debería pagar por la totalidad de hectáreas, para evitar malos manejos y que empresas exploten madera de zonas no declaradas aprovechables, sobre las cuales no cancelará la respectiva patente forestal", dijo Carlos Peláez, coordinador de Lidema para asuntos legislativos. (FIN/IPS/jcr/dg/en/96)
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