El juicio al ex presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, de 73 años y arrestado desde hace dos, se resolverá el 30 de mayo, anunció hoy la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Cecilia Sosa.
La Corte juzga a Pérez por presunta malversación (desvío) de 17 millones de dólares de fondos secretos del Ministerio del Interior, en febrero de 1989, y con parte de los cuales financió, según la acusación, una operación de cooperación policial con Nicaragua entre abril y junio de 1990.
El magistrado Luis Palís, redactor del proyecto de sentencia, solicitó declarar a Pérez culpable de malversación agravada y condenarlo a cuatro años de arresto, de los que ya cumplió dos, por lo que sería privado de libertad hasta febrero de 1998.
Según el derecho venezolano, la máxima pena por malversación es 21 meses de prisión, una persona mayor de 70 años no puede purgar cárcel y cuatro años de arresto es el mayor castigo que puede recibir.
Palís usó en sus cálculos una norma de conversión para otros castigos, según la cual un año de prisión equivale a dos de arresto, para extender a Pérez la máxima pena posible, por lo que el político queda perjudicado en vez de favorecido por una norma concebida para septuagenarios que delinquen.
Sin embargo, son posibles ajustes, si los jueces optan por una solución unánime, a partir de posiciones iniciales, que según la prensa local son de nueve magistrados en contra de Pérez y entre tres y seis a su favor.
El borrador de sentencia circuló entre los 15 jueces de la Corte desde el 18 de abril -la parte resolutiva se filtró a la prensa ese mismo día- y el lapso legal ordinario para decidir vencía este miércoles.
Tres magistrados pidieron formalmente este martes una prórroga para releer el expediente, que tiene más de 50.000 folios, y estudiar el proyecto de Palís, de 750 páginas, y la Corte en pleno reacomodó entonces su cronograma de trabajo.
Sosa, desde el 25 de abril la primera mujer que preside el máximo tribunal de Venezuela, dijo que "se llegó al compromiso responsable de dar una respuesta al proyecto el día 30 de mayo".
Esa fecha cierra un lapso de cuatro audiencias de la Corte para que los magistrados presenten sus observaciones a la ponencia de Palís y de otras seis para que el magistrado las recoja y redacte, antes de la votación del jueves 30.
Mayo ha signado el proceso, pues en ese mes de 1993 el Senado decidió, a pedido de la Corte, apartar a Pérez de la Presidencia para iniciar el proceso judicial, cuando restaban apenas ocho meses para concluir su quinquenio.
En mayo de 1994 la Corte ordenó la detención de Pérez por presunta malversación y peculado (apropiación indebida en provecho propio o de un tercero), y el ex mandatario estuvo dos meses en la cárcel, tras lo cual fue colocado bajo arresto domiciliario en su residencia cerca de Caracas.
Pérez gobernó Venezuela en 1974-1979 y regresó al poder cuando la Constitución lo permitió, 10 años después, tras una intensa actividad internacional que continuó desde el poder, con énfasis en los procesos de integración y democracia en la región.
En 1992 se produjeron dos cruentas asonadas militares, que no lograron deponer a Pérez pero detonaron un clima de inestabilidad en cuyo marco se decidió juzgar al presidente.
La acusación argumentó que el mandatario ordenó desviar irregularmente fondos secretos, originalmente destinados a gastos de seguridad en el interior del país, al financiamiento de operaciones en el exterior, concretamente en la "Operación Orquídea" en Nicaragua.
Esa operación, admitida por Pérez y sus defensores, pues se ufanan de haber cooperado con Nicaragua, consistió en que medio centenar de policías venezolanos dieron protección a la recién electa presidenta Violeta Chamorro y dos de sus colaboradores, entre abril y junio de 1990.
Pero Pérez y sus abogados mostraron siempre como un absurdo el cargo de desvío de fondos con ese propósito en febrero de 1989, cuando Chamorro todavía no era siquiera candidata.
"Fracasado el golpe militar, fui víctima de un golpe civil", sostuvo el ex mandatario, quien siempre ha dicho que su encausamiento ante la Corte es "un proceso político con máscara de juicio penal".
El principal abogado de Pérez, Alberto Arteaga, volvió a deplorar este martes que la ponencia de Palís "haya desestimado pruebas concluyentes que desvirtúan la acusación de malversación", que de producirse sería "una aberración, una monstruosidad jurídica".
También los acusados han denunciado "presiones inauditas" sobre los magistrados de la Corte, entre las que destacan una afirmación pública del presidente Rafael Caldera, rival histórico de Pérez y su adversario durante la crisis de 1992-1993.
Caldera dijo en enero que descartaba la posibilidad de indultar a Pérez "porque ello sería desconocer el veredicto condenatorio de la Corte, que corresponde, por lo demás, a lo que ya el pueblo venezolano se ha formado en su conciencia". (FIN/IPS/hm/ag/ip/96)
