La represión contra la minoría haitiana crece en República Dominicana a medida que se acercan las elecciones del martes en ese país caribeño, sostuvo un informe del grupo defensor de los derechos humanos con sede en esta ciudad Coalición Nacional por los Derechos Haitianos (NCHR).
Según la NCHR, las autoridades dominicanas han aumentado el número de deportaciones de inmigrantes haitianos y mantenido las condiciones de trabajo opresivas de los haitianos en los campos de caña de azúcar, o "bateyes", en vísperas de las próximas elecciones.
La misión de la NCHR concluyó que "los haitianos son vulnerables a la explotación y la deportación arbitraria de República Dominicana debido a que el gobierno se rehúsa a adoptar una política seria para normalizar su estatuto inmigratorio", dijo Patrick Gavigan, autor del informe.
El gobierno del presidente Joaquín Balaguer pocas veces cumplió un decreto de 1990 que normaliza el estatuto y los contratos laborales de los cortadores de caña provenientes del vecino Haití, sostuvo Gavigan.
Se estima que medio millón de haitianos o descendientes viven en la República Dominicana. El tratamiento dado a los hatianos, que comenzó a deteriorarse tras el regreso al poder en octubre de 1994 del ex presidente Jean-Bertrand Aristide, empeoró en los últimos meses.
Balaguer ordenó la deportación de 50.000 cortadores de caña haitianos en el verano de 1991, meses antes de que Aristide fuera desplazado por un golpe militar.
Meses después del regreso de Aristide, el gobierno dominicano, que hasta hace poco dio refugio al enemigo de Aristide coronel Michel François, retomó las deportaciones forzozas, señaló la NCHR.
Entre julio y mediados de agosto del año pasado, indicó el informe, organizaciones internacionales confirmaron que al menos 925 haitianos fueron repatriados desde República Dominicana.
En esos meses, Vitelia Mejía Ortiz, directora general de migraciones de República Dominicana, propuso una reforma legislativa que no conferiría automáticamente la ciudadanía a las personas nacidas en el país.
Mejía sugirió que la ciudadanía se basara en el nacimiento en familia de padres dominicanos, una medida que negaría el estatuto de ciudadano a los haitianos.
El NCHR afirmó que las nuevas propuestas fueron hechas en medio de una caldeada campaña electoral entre el derechista Balaguer, quien en el pasado hizo llamados a preservar la pureza étnica de la nación, y el opositor de centro-izquierda José Francisco Pena Gómez, un dominicano negro recientemente atacado por su ascendencia haitiana.
El último intento de cambiar las leyes de ciudadanía, alertó la organización, se produjo durante la campaña de las elecciones presidenciales de 1994.
Pena Gómez, dijo el informe, "enfrentó una fuerte propaganda antihaitiana en las elecciones de 1994, y es nuevamente candidato. Por lo tanto, las propuestas del gobierno (…) podrían ser el primer paso para volver a situar el 'problema haitiano' en la agenda de la elección de 1996, y de una repetición de la demagogia racista de 1994".
Jocelyn McCalla, directora de NCHR, también ve una agenda política tras la expulsión el mes pasado de Michel François, ex jefe de policía de Haití, y su asesor Frank Romain, acusados de intentar desplazar al sucesor de Aristide, René Préval.
Ambos hombres fueron deportados a Honduras, en una medida que según Enriqye terHorst, enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas a Haití, aumentaría la confianza en Haití de que los opositores que pretenden desestabilizar el gobierno no pueden encontrar refugio en la república vecina.
Pero McCalla sostiene que la medida pretendió demostrar que Balaguer puede responder a las presiones internacionales, en medio de acusaciones de Estados Unidos y otros de que Santo Domingo debe hacer más para combatir el tráfico de drogas y la migración ilegal.
El informe también acusa al gobierno dominicano de no mejorar las condiciones de los cortadores de caña de azúcar de origen haitiano. "El salario continúa siendo un serio problema", advirtió, señalando que en 1995-96 se situó en 2,22 dólares por cada tonelada de caña cortada.
El mísero salario se reduce aún más debido a prácticas corruptas en el peso de la caña por la empresa estatal azucarera y a pagos de comisiones ilegales a conductores de camiones y funcionarios, indicó el informe.
Como resultado, incluso un cortador hábil gana menos de 74 dólares por mes (1.000 pesos), afirmó el informe, el cual añadió que las leyes laborales dominicanas garantizan a los cortadores un salario mínimo de 1.200 pesos.
La decisión de la Secretaría del Trabajo de combatir las prácticas ilegales en los bateyes enviando 25 inspectores para supervisar 16 molinos de azúcar y 400 bateyes es "patéticamente inadecuada", sostuvo el grupo de derechos humanos.
La NCHR urgió al gobierno de República Dominicana a cumplir con las leyes internacionales y normalizar el estatuto inmigratorio y laboral de los hatianos en el país caribeño. (FIN/IPS/tra-en/fah/pz/lp/hd-ip/96)
