La campaña de erradicación de los cultivos de coca en Bolivia, respaldada por Estados Unidos, continúa causando serias violaciones de los derechos humanos en la región de Chapare, denunció hoy Human Rights Watch/América.
En un informe de 32 páginas, la organización defensora de los derechos humanos sostuvo que las autoridades bolivianas utilizan excesiva fuerza y detenciones arbitrarias, y reprimen manifestaciones pacíficas de los cultivadores de coca.
Los principales responsables son los efectivos bolivianos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR), sostuvo el informe, titulado "Bolivia bajo presión", el cual también afirma que Estados Unidos está involucrado en las violaciones de los derechos humanos.
Human Rights Watch señaló que desde marzo de 1995, Washington presiona duramente a Bolivia para que adopte una actitud más agresiva en sus esfuerzos contra la droga.
A la vez, la Casa Blanca advirtió a La Paz que recortaría aún más la ayuda y se opondría a préstamos bancarios multilaterales a Bolivia si el gobierno no cumplía ciertos objetivos y negociaba un nuevo acuerdo de extradición.
Pero Estados Unidos "no hizo de la protección de los derechos humanos una cuestión básica" en sus esfuerzos contra el cultivo de coca y la producción y el comercio ilegal de cocaína, afirmó Jamie Fellner, quien trabajó en el informe.
El informe se hace eco de otros casos destacados por grupos estadounidenses defensores de los derechos humanos y un informe del parlamento boliviano de agosto de 1995 sobre la situación en Chapare, la principal región de cultivo en Bolivia, tercer país productor de coca del mundo.
En febrero, una coalición de 28 organizaciones no gubernamentales (ONG) de Estados Unidos escribieron al secretario de Estado de ese país, Warren Christopher, expresando su preocupación sobre violaciones a los derechos humanos en la región de Chapare.
En la carta, las ONG urgieron a Christopher a "buscar formas de trabajar con el gobierno de Bolivia para implementar medidas que puedan mejorar la protección de los derechos humanos en ese país".
Poco después, el Congreso boliviano anunció que una comisión investigadora viajaría a Chapare, e instaló en diciembre una oficina de derechos humanos en la región. Asimismo, se anularon varias leyes antinarcóticos violatorias de los principios procesales.
Estas medidas podrían ayudar a reducir las violaciones de los derechos humanos, según el informe, el cual elogió la iniciativa de la embajada de Estados Unidos de informar el nombre de agentes antinarcóticos que hasta el momento operaron anónimamente.
Algunos casos documentados por el informe incluyen el mal uso de armas por parte de la policía antinarcóticos, entre ellos algunos casos en que efectivos policiales dispararon sus armas contra manifestantes que se oponían a los esfuerzos del gobierno.
Durante 1995, cuatro civiles fueron asesinados y al menos una docena resultaron heridos de bala durante enfrentamientos violentos entre la policía y los residentes de la zona.
Las investigaciones oficiales de estos incidentes han sido limitadas, aseguró Human Rights Watch, y añadió que no hay indicios de que el uso de fuerzas letales de la policía contra los manifestantes haya sido parte de una política "deliberada".
El informe citó la muerte de un bebé de seis meses tras haber quedado expuesto a gas lacrimógeno, y afirmó que esta arma ha sido utilizada sin cuidado para reprimir las demostraciones de protesta, mientras residentes de Chapare informaron que en una oportunidad el gas fue lanzado contra sus viviendas y una clínica.
Varias detenciones ilegales tuvieron como blanco a dirigentes de cultivadores de coca, muchos arrestados en redadas en la región, donde cientos de personas han sido detenidas durante varios días.
Washington no ha utilizado su "considerable influencia" en Bolivia para "detener los abusos de UMPOAR", una fuerza fundada, capacitada y equipada por Estados Unidos, aseveró Human Rights Watch/Americas.
En marzo, autoridades antinarcóticos en Washington alabaron la actuación de Bolivia en el anual Informe sobre Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, el cual señaló 1995 como el primer año en que Bolivia logró cumplir sus metas de erradicación, lanzando además una campaña sin precedentes para destruir semillas y coca recíen plantada.
Pero la destrucción de semillas y nuevas plantas está expresamente prohibida en Chapare, recordó Human Rights Watch, y añadió que el hecho contribuyó a polarizar aún mas la situación en la región.
En el documento de marzo, las autoridades estadounidenses señalaron además que los proyectos de desarrollo auspiciados por Washington en Chapare casi duplicaron el cultivo de plantas legales.
Entre 1984 y 1994, Washington entregó 851 millones de dólares de ayuda a Bolivia, según un reciente informe de la Oficina para América Latina. Del total, unos 270 millones se destinaron a ayuda policial y militar, y el resto al desarrollo económico, incluyendo el cultivo de especies alternativas. (FIN/IPS/tra-en/jl/yjc/lp/dv-hd-ip/96)
