Centrales sindicales y partidos de izquierda de Brasil reclamaron ante la Suprema Corte de Justicia un aumento del salario mínimo superior al 12 por ciento fijado por el gobierno.
Argumentaron que la medida gubernamental es inconstitucional porque no se mantuvo el poder adquisitivo de compra del salario mínimo, establecido desde el día 1 en 112 reales (113 dólares).
En los doce últimos meses, la inflación medida por el instituto de estadísticas oficial, se acerca a 20 por ciento.
Cerca de 20 millones de brasileños, incluyendo once millones de jubilados, tratan de sobrevivir con sus familias con el sueldo mínimo.
Em América Latina, sólo en Perú y Bolivia existen salarios mínimos inferiores al brasileño, respectivamente de 70 y 80 dólares, según el Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos (Dieese), instituto de asesoría sindical basado en Sao Paulo.
No obstante, los técnicos señalaron en Perú y Bolivia el producto interno bruto per cápita es muy inferior al brasileño, que supera los 3.000 dólares.
En el Mercosur, Brasil presenta el menor piso salarial, inferior incluso al de Paraguay (145 dólares), un país mucho menos desarrollado.
El salario mínimo es uno de los indicadores de la enorme desigualdad social que caracteriza a Brasil, al igual que la coexistencia de barrios miserables al lado de otros muy ricos y la concentración de la tierra en pocas manos, que generó multitudes de campesinos "sin tierra".
Los sindicatos y partidos opositores de izquierda argumentan también, en su iniciativa judicial, que la Constitución determina que el salario mínimo debe ser suficiente para asegurar a una familia de cuatro personas el pago de alimentos, vivienda, transporte, educación, salud, vestuario y esparcimiento.
Para adecuarse a ese concepto constitucional, el salario mínimo deberia valer actualmente 764 reales (774 dólares), señaló el Dieese.
El poder adquisitivo real del sueld mínimo ahora equivale a menos de un sexto del que tenía en 1940, cuando fue instituido, añaden los sindicalistas.
El ministro de Hacienda, Pedro Malán, calificó de "demoagógica" la pretensión de elevar el sueldo mínimo y distribuir mejor el ingreso a través de un simple decreto. Intentos anteriores en ese sentido sólo produjeron mayor inflación, argumentó.
Las autoridades económicas dijeron haber adoptado el aumento nominal de 12 por ciento en razón de que esa fue la inflación medida por la Fundación Getulio Vargas, centro independiente de estudios e indicadores económicos.
Eligieron asi el menor índice inflacionario, descartando el establecido por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), dependiente del Ministerio de Planificación. Según explicaron, esta última medición abarca un abanico menor de precios.
La Fundación Getulio Vargas concede un peso mayor (60 por ciento) a los precios mayoristas, que aumentaron menos y determinaron un índice general de inflación inferior a los de otras mediciones.
Sin embargo, el salario mínimo se destina a adquirir bienes y servicios en el mercado minorista, nunca en el mayorista.
El gobierno presidido por Fernando Henrique Cardoso se defiende recordando que fue el primero, desde la década pasada, ene elevar el salario mínimo por encima de los cien dólares. Antes su valor variaba en torno a los 70 dólares.
Desde la adopción del Plan Real, en julio de 1994, los precios de la canasta básica de una familia se mantienen prácticamente estables, habiendo aumentado sólo tres por ciento en 22 meses, añadió el ministro de Hacienda.
El gobierno debe enfrentar también reclamos judiciales de los jubilados, que pretenden obtemer un aumento de sus remuneraciones de por lo menos 19 por ciento a partir de este mes, contra 15 por ciento establecido por las autoridades.
El salario mínimo se mantiene bajo en Brasil para evitar una progresión del déficit público. Según Malán, los gobiernos municipales y estaduales no soportarían una profundización de ese saldo negativo y se agravaría el "rojo" del sistema de seguridad social.
Por el contrario, al sector privado, que aspira a una reactivación de la economía, no le preocupa la agravación del déficit público, según indicó el presidente de la Confederación Nacional de la Industria, el senador Fernando Bezerra. (FIN/IPS/mo/dg/if-lb/96)
