La Ley de Emergencia contra la Delincuencia aprobada recientemente en El Salvador continúa generando polémica en medios políticos.
La Ley contempla penas mayores para los delincuentes, castigo a los jueces que violen la legislación y el internamiento de menores de 14 a 18 años que comentan delitos.
El diputado Ernesto Velásquez, del gobernante partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), denunció que mandos medios del ex rebelde Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) "están armando nuevos grupos subversivos" en varios departamentos al este del país.
Velásquez agregó que a esa región han llegado nuevos embarques de armas de guerra, según el representante del departamento de Usulután, quien aseguró que "gran parte de la delincuencia es otra modalidad de la guerra".
En Usulután, empresarios y agricultores protagonizaron la semana pasada un exitoso paro de 24 horas en protesta por el alto grado de delincuencia en la región, lo que llevó a que gobierno y parlamento aceleraran la aprobación de la Ley de Emergencia.
El FMLN respondió que la acusación carece de seriedad y el diputado Dagoberto Gutiérrez sostuvo que la aprobación de la Ley de Emergencia es una medida preventiva contra la protesta social por las medidas neoliberales impulsadas por el gobierno del presidente Armando Calderón Sol.
El gobierno sabe que la situación social y económica del país es grave y se van a producir reclamos, añadió Gutiérrez.
Velásquez manifestó que la Ley de Emergencia contra la Delincuencia, aprobada por 63 votos a favor y 13 en contra, de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa no está dirigida contra personas con nombre y apellido, sino contra aquellos que se pongan al margen de la ley.
La bancada del FMLN argumentó que la medida no estaba acompañada de una política para resolver los graves problemas del desempleo y falta de oportunidades para la mayoría de salvadoreños que viven en la pobreza.
El sacerdote jesuita Rodolfo Cardenal, uno de los directores de la Universidad Centroamericana, consideró que uno de sus vacíos es recetar sólo castigo, sin tomar en cuenta que miles de jóvenes no tienen otra alternativa que incorporarse a las bandas juveniles.
Además, Cardenal aseguró que la situación actual es parte de la dispersión de armas que no se recogieron luego de haberse superado el conflicto bélico en enero de 1992.
Por otra parte, el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador anunció que realizará las gestiones para presentar ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad para que las leyes contra la delincuencia sean declaradas sin efecto.
Argumentó que la misma contradice el Estado de Derecho y obligará a los jueces a tomar como prueba suficiente la declaración que un imputado rinda ante la policía, conocida como declaración extrajudicial.
El grupo parlamentario del FMLN también argumentó que se opuso a la Ley de Emergencia porque no contemplaba medidas contra el narcotráfico y la corrupción administrativa. (FIN/IPS/jd/ag/ip/96)
