El gobierno de Venezuela pospuso hoy "por unos días" la negociación de un acuerdo de préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a la espera de que se resuelva una crisis en el parlamento, informó el ministro de Hacienda, Luis Matos.
Cinco fuerzas políticas, ninguna mayoritaria, libran una especie de guerra abierta por dirigir el parlamento, sin que se descarte que uno de los dos partidos que apoya al presidente Rafael Caldera emigre a la oposición.
"La fase que se avecina será intensa, para concluir con un acuerdo, y se requiere apoyo del Congreso para la negociación definitiva de la Agenda Venezuela" con el FMI, dijo Matos.
La decisión aplazó el viaje a Washington de la misión que negociará en términos políticos el borrador de acuerdo que, en lo técnico, está casi listo desde noviembre, pero se ha detenido por las vacilaciones del gobierno, según fuentes de la negociación.
Al conocerse el anuncio de Matos, los títulos de la deuda externa de Venezuela en el mercado de Nueva York reaccionaron a la baja, cotizándose alrededor de 53 por ciento de su valor nominal, contra 56 por ciento en la jornada precedente.
El economista independiente Francisco Vivancos dijo que "es una reacción de corto plazo, muy natural", y estimó que "no es malo posponer la misión si ésta no tiene suficiente consenso o coherencia nterna para presentarse al FMI".
"Pero en cambio no tiene un buen efecto asociar el envío de la misión a la crisis política del parlamento, aunque entrelíneas puede leerse que lo que falta es coherencia en la posición asumida por el gobierno", dijo Vivancos.
Venezuela pidió al FMI 3.000 millones de dólares para desmontar el control de cambios con el que desde junio de 1994 intentó, en vano, sostener sus reservas internacionales.
Un esquema de ajustes, sobre todo fiscales, fue esbozado por Matos para sostener esa solicitud, lo llamó "Agenda Venezuela", sobre esa base presentó al parlamento proyectos de leyes tributarias, y en marzo intentará que el Congreso sancione un presupuesto definitivo para 1996.
Autoridades del gobierno y técnicos del FMI chocaron a propósito de los nuevos tributos y, sobre todo, por el precio doméstico de la gasolina, que es de tres centavos de dólar el litro, y el cual debería cuadruplicarse según el Fondo.
Gasolina barata ha sido por años estandarte político de Caldera, y su gobierno tiene como norte evitar una explosión social como el "Caracazo", que dejó centenares de muertos en 1989 y estalló luego de un alza intespestiva de tarifas por transportistas privados.
Desde que en octubre se formalizó la negociación con el FMI, el gobierno ha dado señales contradictorias sobre el posible acuerdo, al punto que economistas independientes y empresarios dudan de la real voluntad de pactar con el organismo.
Sin embargo, llegada la "fase final", Caldera decidió reforzar políticamente la misión negociadora -que antes sólo tuvo funcionarios del Ejecutivo y del Banco Central- y hacerse oír por el francés Michel Camdessus, director-gerente del FMI, mediante dos nuevas voces.
Estas son las de Luis Giusti, presidente del grupo estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), la segunda petrolera del mundo según la revista Petroleum Intelligence Weekly, y Teodoro Petkoff, ideólogo y ex candidato presidencial del socialismo venezolano.
Matos dijo que Giusti explicará en el FMI los esquemas para instrumentar y retardar los ajustes en el precio de la gasolina, combinándolos con subsidios al transporte público, parte del cual se reconvierte al uso de gas natural.
Petkoff sería el encargado de explicar la inconveniencia de cuadruplicar el precio de la gasolina, con el aval que le da haber criticado al gobierno en economía mientras aplaudía la pacificación que emprendió Caldera tras el período de crisis política y militar de 1992-1993.
Sin embargo, la crisis parlamentaria surge como obstáculo porque altera la correlación de fuerzas con las cuales el gobierno se las entendió durante sus dos primeros años.
Hasta ahora, apoyaban a Caldera 25 por ciento de parlamentarios, de los partidos Convergencia (disidentes socialcristianos) y Movimiento al Socialismo (MAS), que fundó Petkoff al separarse del Partido Comunista hace 25 años.
En la oposición han estado Copei (socialcristianos) y Causa Radical (izquierdistas), que reúnen 45 por ciento de escaños, y en tanto Acción Democrática (socialdemócratas) fungía de "bisagra" con su 30 por ciento, pues desde la oposición formal apoyó las medidas económicas del gobierno.
Convergencia y Acción Democrática se repartieron la directiva del parlamento durante dos años de trabajo legislativo, pero para el tercero, que se inicia el sábado, tejieron una nueva alianza mayoritaria Copei, el MAS y Causa Radical.
La alianza es todavía inconsistente, con duras divergencias entre los nuevos jefes socialistas y la "vieja guardia" de Petkoff y el ministro de Fronteras, Pompeyo Márquez, pero se propondría un "programa legislativo" además de repartirse los cargos directivos del Congreso.
Copei y los radicales, por ejemplo, tienen visiones opuestas sobre la apertura económica y la negociación con el FMI, pero en cambio coinciden en buscar "corregir los errores" económicos de la administración Caldera.
El gobierno queda colocado así ante un nuevo y todavía indefinido cuadro lesgislativo, que debe decidir sobre sus propuestas de leyes tributarias, de presupuesto, de estímulos a la inversión y de privatización de empresas.
Gustavo Tarre, socialcristiano que preside la comisión de finanzas del parlamento, dijo al conocer el anuncio de Matos este jueves que "la misión hizo bien en aplazar su viaje, porque todavía no se sabe a qué irán". (FIN/IPS/hm/dg/if/96)