La inedita presion social en repudio del intento de proteger presuntos actos de corrupcion en la Camara de Diputados de Bolivia obligo a 22 legisladores a alejarse de sus escanos para comparecer ante la justicia ordinaria.
De los 22 diputados acusados de corrupcion, diez renunciaron al resto de su mandado, que debia concluir en agosto de 1997, mientras la Camara obligo a otros diez a tomar licencia. Los dos restantes ya habian pedido licencia anteriormente.
Esos legisladores -20 oficialistas y dos opositores- seran juzgados como ciudadanos comunes, acusados de fraguar documentos para aumentar su calificacion de anos de servicio, y, de esa manera, incrementar sus sueldos en el parlamento.
Este caso de corrupcion desperto la indignacion de los medios de comunicacion, los sindicatos y otras instituciones.
La ira fue aun mayor cuando hace una semana la Camara de Diputados trato que el caso fuera estudiado por la Contraloria estatal, pero sin que los acusados perdieran sus privilegios de legisladores.
Las criticas se hicieron insostenibles para el presidente Gonzalo Sanchez de Lozada, quien se reunio este domingo con los maximos dirigentes de su partido, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
La cupula del MNR decidio este lunes dar un paso atras y disponer el desafuero de los parlamentarios acusados.
Esa decision abrio la posibilidad de que la fiscalia ordenara la detencion de los hasta el lunes 22 diputados para investigar el caso, informaron fuentes judiciales.
El episodio pasara a la historia politica de este pais como un antecedente de que, por una vez, la inmunidad parlamentaria no se convirtio en "impunidad", como en tantas otras ocasiones en el pasado, dijo un legislador opositor tras la decision de la Camara de Diputados.
Antes del desenlace del lunes, varios legisladores oficialistas habian acusado a los medios de comunicacion de provocar el escandalo, que surgio a partir de la denuncia de un diputado opositor a quien sus propios pares calificaron de "infidente". (FIN/IPS/jcr/mj/la ip/96)
