La Comision Interamericana de Derechos Humanos pidio a Venezuela el enjuiciamiento de los autores de la masacre de 14 pescadores del pueblo El Amparo, ocurrida el 29 de octubre de 1988, como parte de las reparaciones a sus familias.
La peticion fue formulada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -con sede en San Jose- en una audiencia convocada para conocer las posiciones de la Comision y del gobierno en cuanto a las reparaciones que pagara el Estado venezolano.
La Comision aporto el testimonio del diputado Walter Marquez, denunciante de la masacre, quien senalo que el crimen sigue impune y los autores todavia estan en libertad.
Marquez dijo que deben ser enjuiciados el general Humberto Canejo, jefe de la region donde se cometio el multiple asesinato, el comisario de la politica Politica Henry Lopez y el juez militar "que fabrico pruebas para encubrir los hechos", Ricardo Perez.
El legislador afirmo que el enjuiciamiento es parte de las reparaciones que deben recibir las familias de las victimas y los dos pescadores que sobrevivieron al asesinato multiple.
El hecho de que el Estado haya reconocido internacionalmente su responsabilidad no lo exime de enjuiciar internamente a los culpables, agrego.
El 29 de octubre de 1988, 16 pescadores del pueblo El Amparo, en la frontera con Colombia, decidieron ir de paseo al rio Arauca, en el estado de Apure. Cuando algunos de ellos bajaban de la embarcacion militares y policias del Comando Especifico Jose Antonio Paez (Cejap) abrieron fuego y mataron a 14 de ellos.
Los otros dos, Wollmer Pinilla y Jose Augusto Arias, quienes aun se encontraban en la embarcacion, escaparon lanzandose al agua y atravesando a nado el canal conocido como "La Colorada".
El 11 de enero de 1995 el gobierno venezolano acepto la responsabilidad internacional en esos hechos, por lo cual la Corte dio por terminada la controversia y senalo que lo procedente era iniciar la etapa de reparaciones y costas.
En su sentencia del 18 de enero, la Corte fijo un plazo de seis meses para que las partes se pusieran de acuerdo en la forma y cuantia de la indemnizacion. El plazo vencio el 18 de julio de 1995 sin que se produjera el acuerdo.
En la audiencia de este sabado, el representante del Estado venezolano, Asdrubal Aguiar, y su asesor Rodolfo Piza, consideraron "excesiva y desproporcionada" la cifra de 125.000 dolares que pide la Comision por cada uno de los fallecidos, como reparacion al dano moral.
Ademas de la suma por dano moral, los familiares de las victimas respaldados por la Comision, reclaman el pago del lucro cesante. Para ello, la Comision sugirio la elaboracion de un estudio actuarial basado en el salario minimo agricola vigente.
Todavia no hay fecha fijada para la sentencia de la Corte sobre el monto de las reparaciones. El maximo tribunal americano en materia de derechos humanos dio seguimiento este viernes a otras dos demandas, una contra Guatemala y la otra contra Peru.
La CIDH decidio continuar el caso contra Guatemala por el secuestro y asesinato de varios civiles, ocurridos en 1987 y 1988, aparentemente a manos de agentes de la policia de Hacienda.
El gobierno guatemalteco habia solicitado a la Corte, en septiembre, que desestimara el caso pues la denuncia se habia planteado extemporaneamente.
Al rechazar la gestion oficial y dar curso a la demanda, la Corte iniciara el conocimiento de fondo de la desaparicion y muerte de los civiles.
La demanda planteada por la Comision Interamericana pide que se condene a Guatemala por la violacion del derecho a la vida, la integridad personal y a las garantias y proteccion judiciales.
Asimismo, pretende que se obligue a ese Estado a identificar, enjuiciar y castigar a los responsables de dichas violaciones y a indemnizar a los familiares de las victimas.
En cuanto a Peru, en otra audiencia realizada este viernes la Comision Interamericana solicito a la Corte que obligue a ese Estado a cancelar cerca de 700.000 dolares por concepto de reparaciones a los familiares de tres hombres asesinados en 1986.
La delegacion del gobierno peruano dijo que acataria el fallo judicial pero no admite responsabilidad por los hechos perseguidos y condenados por la Corte en enero de 1995.
Las victimas fueron Victor Neira Alegria, William y Edgar Centeno Escobar, quienes estaban detenidos en el penal San Juan Bautista, conocido como El Fronton, en calidad de procesados como presuntos autores del delito de terrorismo.
Los tres desaparecieron durante un motin que fue controlado por las Fuerzas Armadas en junio de 1986. (FIN/IPS/mso/dg/ip/hd/96). ITEM CLOSED
