La Agrupacion de Familiares de Detenidos- Desaparecidos (AFDD) de Chile, anuncio hoy que propiciara una acusacion constitucional contra los jueces de la Corte Suprema que amnistiaron en los ultimos meses 24 casos de violaciones de derechos humanos.
Sola Sierra, presidenta de la AFDD, indico que los jueces de la segunda sala de la Corte Suprema incurrieron en "un notable abandono de deberes" en los fallos emitidos desde el 30 de mayo, cuando se condeno a la carcel al general retirado Manuel Contreras por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier.
La ministra de Justicia, Soledad Alvear, descarto que exista en los magistrados un proposito de "compensar" a los militares con la aplicacion de la amnistia, tras la condena de Contreras, ex jefe de la Direccion de Inteligencia Nacional (DINA).
Las medidas adoptadas por la segunda sala, que preside el magistrado Roberto Davila, reactualizaron los debates en torno a la aplicacion de la ley de amnistia, expedida en 1978 por la dictadura del general Augusto Pinochet, quien goberno el pais entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
La "gota que rebaso al vaso" fue el sobreseimiento (cierre) por amnistia que Davila dicto el jueves en los casos de desapariciones forzadas de Barbara Uribe y Edwin Van Yirick, secuestrados por la DINA en julio de 1974.
Este fallo se sumo a los emitidos por el mismo magistrado en otros 23 casos de desapariciones y crimenes contra los derechos humanos, favoreciendo con la amnistia a militares y agentes civiles de la DINA, la policia represiva de Pinochet.
El dictamen de este jueves favorece al ex agente Osvaldo Romo, un "desertor" de la izquierda que fue el mas efectivo agente de la DINA en el virtual exterminio del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) entre 1973 y 1977.
Romo, quien permanecia oculto con una falsa identidad en Brasil, fue deportado desde alli en 1993 para responder de numerosos crimenes, pero ahora podria quedar eximido de toda culpa si los jueces siguen aplicando la amnistia.
En los proximos dias se espera el fallo de la segunda sala sobre el asesinato de Lumi Videla, una dirigente del MIR que fue torturada hasta la muerte en 1974 por agentes de la DINA, quienes arrojaron luego su cadaver al interior de la embajada de Italia en Santiago.
El diputado y presidente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, califico de "inaceptables" los criterios del juez Davila, que crean un marco conflictivo a las negociaciones politicas en busca de soluciones a los procesos pendientes por crimenes contra los derechos humanos.
El gobierno del presidente Eduardo Frei y la directiva del partido Renovacion Nacional (PRN), el mayor de la oposicion derechista, llegaron a un principio de acuerdo para impulsar 31 cambios a la Constitucion heredada de Pinochet.
Las enmiendas contribuirian a fortalecer la institucionalidad democratica y a buscar una formula que permita aplicar la amnistia de 1978, condicionada a que los implicados en desapariciones faciliten la ubicacion de los restos de las victimas.
El ministro del Interior, Carlos Figueroa, considero que los ultimos dictamenes de la Corte Suprema son "impecables" desde el punto de vista juridico, recordando que los jueces estan autorizados para interpretar las leyes.
Tras la condena a siete anos de carcel de Contreras y seis de su segundo en la DINA, el brigadier Pedro Espinoza, Pinochet, quien conserva la comandancia del Ejercito, reclamo la "correcta aplicacion" de la amnistia de 1978.
Segun el ex dictador, esa ley determina que los procesos deben cerrarse apenas se estableza que los delitos fueron cometidos entre marzo de 1973 y marzo de 1978, sin individualizar culpables ni establecer responsabilidades penales.
La AFDD y otras organizaciones humanitarias plantean que esa tesis implica consagrar la impunidad y reclaman una politica en materia de derechos humanos que contribuya, segun ellas, a esclarecer la verdad y a hacer justicia.
Los abogados de la Fundacion de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), que llevan la mayoria de los casos por desapariciones, anunciaron que pediran la inhabilidad del juez Davila.
La AFDD indico que iniciara conversaciones con parlamentarios para promover la acusacion constitucional contra el magistrado y los otros cuatro jueces de la segunda sala de la Corte Suprema. (FIN/IPS/ggr/dm/hd-ip/95
