La condena a 14 anos de carcel a un narcotraficante que se acogio al plan de reduccion de penas y la potestad otorgada a la Fiscalia General para decidir en la materia mostraron esta semana un endurecimiento de la politica de sometimiento a la justicia, muy criticada por Estados Unidos.
Juan David Rossi, quien se entrego voluntariamente a las autoridades el 22 de enero de 1993 para negociar una reduccion de penas, fue el blanco de la nueva metodologia en la que los narcotraficantes seran castigados a partir de la pena maxima y no de la minima, como se venia aplicando.
Para el fiscal general, Alfonso Valdivieso, esta decision "es la demostracion" de que "no necesariamente se debe partir de la pena minima".
En el inicio de lo que sera la nueva actitud hacia los narcotraficantes, el gobierno comenzara la proxima semana a dictar decretos que haran mas severa su politica de sometimiento a la justicia.
Los decretos son resultado de las recomendaciones de una comision integrada por el fiscal general, el ministro de Justicia, Humberto Martinez, el procurador Orlando Vasquez y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Jaramillo.
La comision concluyo que la falta de reglamentacion de las normas y "la dispersion de criterios para aplicar justicia adecuadamente" son las principales debilidades que presenta la politica de sometimiento a la justicia.
La comision concluyo que el fiscal debe recuperar la potestad de definir "en que caso y bajo que circunstancias" se puede conceder rebaja de penas.
La politica de sometimiento a la justicia, que fue adoptada por el gobierno colombiano a finales de 1990, tuvo especial importancia porque en su momento permitio la desarticulacion del Cartel de Medellin y puso fin a la llamada etapa del "narcoterrorismo", que dejo un saldo de un millar de muertos.
El eje de la politica era la entrega voluntaria de los narcotraficantes y la confesion de sus delitos, que daba base a la negociacion anticipada de sus penas.
Tras la adopcion de la norma se entregaron, entre 1990 y 1994, cerca de 40 confesos narcotraficantes, entre ellos el jefe del Cartel de Medellin, Pablo Escobar, quien mas tarde se fugo de la carcel y fue abatido por la policia.
La negociacion de las penas a los narcotraficantes que se entregaban voluntariamente a las autoridades y confesaban sus delitos era realizaban los fiscales regionales, que segun sectores de la justicia y el Congreso estadounidenses han sido "demasiado blandos".
Las criticas de Estados Unidos, que aumentaron en el segundo semestre del ano pasado, colocaron en el centro del debate al ex fiscal general Gustavo de Greiff y fueron uno de los puntos que condujeron a que el desempeno de Colombia en la lucha antidrogas fuera calificado de deficiente por el presidente Bill Clinton.
De Greiff fue especialmente cuestionado por la negociacion de la pena al narcotraficante Ivan Urdinola Grajales, conocido como el "rey de la amapola", condenado a seis anos de carcel.
Esta situacion, sumado a la posicion de De Greiff en favor de la legalizacion del narcotrafico y su rechazo a la calificacion de Colombia como una "narcodemocracia", condujo a que Estados Unidos suspendiera la cooperacion judicial que se venia prestando a este pais en procesos de narcotrafico.
De greiff fue reemplazado en septiembre del ano pasado por Valdivieso, quien desde el inicio de su gestion coincidio con Estados Unidos en la critica a la politica de sometimiento.
El fiscal aspira a que con las modificaciones anunciadas "se puedan restablecer las condiciones de confianza que se habian perdido" respecto de los logros en esta politica.
En ese sentido, el ministro de Justicia, Humberto Martinez, anuncio que los decretos que se expediran la proxima semana estaran orientados a dotar de instrumentos a los funcionarios judiciales para hacer mas efectivas sus gestiones.
Las normas estaran dirigidas a corregir las tecnicas que aplicaban los fiscales para negociar la pena y los jueces para fijarla.
Entre las fallas que se buscaran corregir se encuentra la aplicacion de la pena minima, que se venia negociando sin tener en cuenta la gravedad del delito, y se unificaran criterios para el otorgamiento de beneficios. (FIN/IPS/yf/ag/dn/95
