El ataque que hirió por lo menos a 10 indígenas del pueblo gamela a tiros y machetazos, en el nororiental estado de Maranhão, puso los focos sobre el agravamiento de las amenazas al renacimiento y la sobrevivencia de los pueblos originarios de Brasil.
Decenas de hombres armados embistieron el 30 de abril contra los indígenas que ocupaban una hacienda en el municipio de Viana, que reclaman como una tierra que les pertenece, donde vivían sus ancestros. Dos heridos casi les mutilan las manos con profundos cortes.
La batalla unilateral recuerda las masacres que diezmaron la población originaria de Brasil durante cinco siglos, pero es solo la parte más brutal de una ofensiva que despliegan en múltiples frentes los hacendados que consideran excesivas las tierras destinadas a los indígenas.
“Es el peor momento de la política indigenista desde la dictadura militar (1964-1985)”, evaluó Marcio Santilli, socio fundador del no gubernamental Instituto Socioambiental (ISA) y expresidente (1995-1996) de la Fundación Nacional del Indígena (Funai), el órgano estatal de protección de los derechos de esa población.
El gobierno del presidente Michel Temer, en el cargo desde mayo de 2016, está promoviendo un “retroceso sin precedentes en todo el sistema de protección ambiental, de poblaciones tradicionales y de los trabajadores del campo”, acusaron el ISA y otras 59 organizaciones no gubernamentales en una “carta pública” divulgada el 9 de mayo.
La ofensiva comprende el recorte este año de 55 por ciento del presupuesto de la Funai, la entrega de su presidencia a un general de Ejército, Franklimberg de Freitas, y medidas legislativas que buscan anular el derecho indígena a “tierras tradicionalmente ocupadas”, reconocido en la Constitución brasileña.
Una enmienda constitucional, en trámite desde el año 2000, pretende transferir al legislativo Congreso Nacional la decisión final sobre la demarcación de las tierras indígenas, hasta ahora una función del Poder Ejecutivo.
Su aprobación obstaculizaría el proceso de demarcaciones que impulsó la Constitución de 1988, ya que el parlamento es tradicionalmente conservador y actualmente está dominado por el Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), radicalmente contrario a atribuir más tierra a los indígenas.
Ese bloque multipartidista, también llamado “bancada ruralista”, reúne 257 diputados, la mitad de su Cámara, y 16 senadores, una quinta parte del Senado, según el Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria.
“El presidente Temer, muy impopular, es rehén del Congreso y débil ante presiones de los parlamentarios”, evaluó Santilli a IPS, para justificar sus temores con las iniciativas del gobierno, cuyo mandato concluye el primer día de 2019.
El actual ministro de Justicia, Osmar Serraglio, era coordinador jurídico del FPA hasta febrero, cuando asumió el despacho que actualmente es responsable de la política indígena, con la Funai como un órgano subordinado.
El presidente del FPA, el diputado Nilson Leitão, pide, como relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la Funai y la Reforma Agraria, el enjuiciamiento de decenas de dirigentes de organizaciones no gubernamentales (ONG), antropólogos, fiscales del Ministerio Público y funcionarios gubernamentales por alegados fraudes en la demarcación de tierras indígenas.
“Es una paradoja, él pretende criminalizar quienes buscan cumplir lo que determina la Constitución”, que es asegurar que los indígenas ocupen las tierras que tradicionalmente eran suyas, criticó Santilli.
“Todos defendemos la Constitución desde puntos de vista distintos”, contrarrestó Leitão, explicando que la comisión parlamentaria examinó algunos casos y considera que están comprobadas ilegalidades sujetas a condenas judiciales. Su informe tiene 3.385 páginas y algunos documentos anexos.
“Hubo uso inadecuado de recursos públicos, incluso ONG que compraron armas de fuego para los indígenas y demarcaciones en que la misma etnia ni siquiera quería toda el área que le fue atribuida”, alegó el diputado el diálogo con IPS.
Su informe ataca algunas ONG que “recibieron abultadas sumas del exterior” y fomentan “invasiones de inmuebles rurales” reclamados como área indígena, ignorando la propiedad legal de sus dueños.
“El rito de demarcación tiene vicios, todo lo hecho últimamente se cuestiona en la Justicia”, señaló. Además, a su juicio, “la Funai se debilitó al ser tomada por funcionarios ideológicos”.
Pero su principal crítica es que la tierra sea “el único tema de Funai y los indigenistas”, olvidándose de “cuidar el ser humano, la salud y la educación” de los pobladores originarios.
En consecuencia, aseguró el diputado ruralista, que “en los últimos 10 años las muertes indígenas aumentaron 168 por ciento, no por la guerra o la violencia de los conflictos, sino por enfermedades” y 40 por ciento de los muertos son niños de cinco años o menos.
No tiene que ver con escasez de tierra, arguyó, recordando que en Brasil había 817.963 indígenas, 0,4 por ciento de la población total, según el censo de 2010, ocupando 117 millones de hectáreas, equivalentes a 13,7 por ciento del territorio nacional. Entonces, la población total apenas superaba los 190 millones de personas, frente a las proyecciones actuales de 211 millones.
Restar importancia a la cuestión de la tierra corresponde al interés de los ruralistas, en permanente conflicto con los competidores por la tierra, sean indígenas o campesinos que reclaman asentamientos de la reforma agraria. Todos los especialistas consideran la tierra como el factor clave para la sobrevivencia de los pueblos originarios.
La ofensiva ruralista actual, favorecida por su dominio legislativo, amenaza con poner fin al renacimiento indígena impulsado por el retorno a la democracia de Brasil en 1985 y la Constitución de tres años después.
La población indígena se limitaba a 294.131 personas en 1991, cuando se hizo el primer censo oficial que incorporó esa identificación étnica. En 2000 ese número más que se duplicó para alcanzar los 734.127 habitantes, y subió a 817.963 en 2010.
Esa multiplicación respondió a la demarcación de más de 80 por ciento de las 480 áreas ya homologadas como indígenas en Brasil desde 1988. Aún quedan por demarcar 224 áreas, la mitad ya identificadas y el resto aún en proceso de hacerlo.[related_articles]
“El crecimiento poblacional debe mantenerse en el censo de 2020, pese al recrudecimiento de las agresiones”, prevé Cleber Buzatto, secretario ejecutivo del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), una organización de la Iglesia Católica.
Muchas etnias están rescatando su identidad y tratando de recuperar tierras ocupadas en el pasado por sus pueblos. Es lo que pasa con los gamelas, que ocuparon haciendas buscando demarcar su territorio por su cuenta ante la inoperancia del gobierno, en una iniciativa que desató la violenta reacción de hacendados locales, explicó Buzatto.
La población indígena, pese a las adversidades políticas, sigue movilizada por sus derechos constitucionales.
Actualmente, en Brasil sobreviven 252 pueblos originarios, con 150 lenguas aún vivas de las 1.200 que se hablaban cuando llegaron los colonizadores portugueses en 1500, según datos de ISA. Los pueblos más numerosos son los guaraníes, tikunas, terena y yanomami.
El Campamento Tierra Libre, una manifestación anual que tiene lugar en Brasilia, reunió cerca de 4.000 indígenas del 24 al 28 de abril, para denunciar “violencias, retrocesos y amenazas cometidos por el Estado brasileño” y defender los derechos asegurados por la Constitución y los tratados internacionales.
“Está en marcha un conjunto de amenazas y acciones que se relacionan y se retroalimentan”, con un ruralista en el Ministerio de Justicia, intentos de cambiar la Constitución para invadir tierras indígenas, descalificar el sistema de demarcación y asegurar impunidad a los agresores, resumió Buzatto.
Son acciones que se extienden al ambiente y a los derechos humanos, fomentando movimientos de resistencia.
Críticas a las actitudes del gobierno brasileño, especialmente en la cuestión indígena, se manifestaron en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que el 5 de mayo sometió en Ginebra al país a la Revisión Periódica Universal. “Es un factor de esperanza”, concluyó el secretario de CIMI.
Editado por Estrella Gutiérrez
