El informe que presentó el gobierno del presidente Michel Temer ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en Brasil refleja, “más que la realidad, un mundo de fantasía, de un país de maravilla”.
Así lo evaluó para IPS el diputado Paulo Fernando Dos Santos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil, quien asistió este viernes 5 al debate sobre el caso brasileño en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, en su sede en Ginebra.
Por el contrario, “lo que la gente percibe es que después del golpe (como definió la separación del cargo de la presidenta Dilma Rousseff en mayo de 2016, al comenzar un proceso de destitución en su contra que el Senado consumó en agosto), en Brasil están ocurriendo muchos retrocesos”, sostuvo Dos Santos.
“Se está enfrentando un momento de mucha gravedad, pero aquí en Ginebra se pinta la situación como si estuviéramos en una isla de fantasía”, insistió.
Dos Santos, legislador por el norteño estado de Alagoas, pertenece al Partido de los Trabajadores (PT), que llegó al poder en 2003 de la mano de su fundador, el líder obrero Luis Inácio Lula da Silva, y quien tras gobernar dos cuatrienios sucedió su colaboradora y copartidaria Rousseff, en 2011.
Desde una vertiente opuesta a la de Dos Santos, la ministra de Derechos Humanos del actual gobierno de centroderecha, Luislinda Valois, reconoció también que Brasil atraviesa por dificultades especiales, al rendir el informe de su país durante el Examen Periódico Universal (EPU), al que el CDH somete en forma rotatoria a todos los Estados miembros de la ONU.
Son “momentos que imponen sacrificios en el corto plazo, pero que garantizarán la robustez del crecimiento futuro y la promoción, muy en breve, de importantes políticas sociales” aseguró Valois.
La ministra expuso lineamientos del ideario neoliberal que se extiende actualmente por gran parte de América Latina. “Brasil necesita grandes reformas, vitales para restaurar la credibilidad, que trae inversiones, que generan empleo”, dijo.
“Reformas cruciales para que tengamos un estado eficiente, que asegure oportunidades para todos, que responda a las legítimas expectativas del ciudadano y que promueva y respete los derechos humanos”, completó.
Esas políticas de ajuste económico y social se traducen ya en restricciones de los derechos laborales y en reformas que pretenden imponer recortes en el sistema previsional, explicó Dos Santos.
El diputado del PT afirmó que las políticas de Temer atentan contra la soberanía del Estado y citó el caso de la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, “que va a ser desmontada”, alegó.
Otro foco de preocupación para Dos Santos es “la penalización de los movimientos sociales, principalmente de los movimientos agrarios, de los estudiantes, del movimiento por la vivienda popular, todos muy criminalizados”, aseveró.
Dos Santos mencionó como ejemplo el asesinato, en abril, de nueve trabajadores en el área rural de Colniza, en el estado centro-occidental de Mato Grosso.
El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el jordano Zeid Ra’ad al Hussein, se había referido a esa matanza el lunes 1, cuando reseñó a periodistas en esta ciudad los casos más críticos de violaciones de derechos humanos en el mundo.
Zeid mostró entonces su preocupación por una ofensiva contra los defensores de los derechos humanos en Brasil.
El alto comisionado mencionó que la católica Comisión Pastoral de la Tierra informó de la muerte de 61 personas en conflictos registrados en zonas rurales de Brasil durante 2016. Entre los 61 asesinados, 17 eran jóvenes menores de 29 años y 13, indígenas.
Dos Santos relacionó los conflictos en las zonas de arraigo indígena, con el auge de la agroindustria.
“Los capataces del agronegocio llegan a la capital federal (Brasilia) para presentar proyectos de venta a los extranjeros, pretendiendo disminuir las reservas, los espacios de los pueblos indígenas, y despojar de sus derechos antropológicos a las poblaciones originarias”, dijo.
Precisamente, durante el debate del informe de Brasil, varios Estados se plantearon el tema indígena.
Suiza recomendó al gobierno de Temer que adopte un plan de acción eficaz para la demarcación de tierras indígenas, junto con el otorgamiento de recursos financieros necesarios para asegurar una política efectiva de derechos de los pueblos originarios y prevenir así conflictos vinculados a la tierra.
México, a su vez, sugirió a Brasilia que establezca mecanismos para erradicar la estigmatización y discriminación contra grupos indígenas y minorías étnicas, incluyendo la sensibilización de los servidores públicos, la rendición de cuentas y la creación de mecanismos de reparación.
La ministra Valois aseguro que la metodología que se aplica en su país para la demarcación de tierras cuenta con la participación indígena en todos los procesos.
En Brasil, con 218 millones de habitantes, viven casi un millón de indígenas, repartidos en todos los estados del país y 80 por ciento de los municipios. Pertenecen a 305 pueblos, con 274 lenguas.
La mayor parte de las tierras indígenas ya fueron demarcadas, afirmó Valois. Esas 462 tierras demarcadas se extienden por más de un millón de kilómetros cuadrados, cerca del 13 por ciento del extenso territorio brasileño.
Un rasgo singular del informe presentado por el gobierno de Temer al CDH es que a la cabeza de los logros de Brasil en materia de derechos humanos, coloca los avances del programa de la Beca Familia.
Esa combinación de políticas de transferencia de rentas, de aumento del salario mínimo y de promoción de la agricultura familiar permitió que en la última década Brasil tuviera un éxito sin precedentes en la reducción del hambre en el país.
Como consecuencia, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) retiró a la nación sudamericana de su “Mapa del Hambre” en el mundo.
Ese programa y sus efectos, alabados por numerosos Estados durante la sesión del CDH, fue iniciativa del gobierno de Lula y se mantuvo y actualizó durante la gestión de Rousseff.
Las observaciones y recomendaciones de los Estados de la ONU para que Brasil reafirme o modifique sus políticas de derechos humanos serán divulgadas el martes 10, aunque no se esperan conclusiones altisonantes pues el texto es negociado entre las partes, según las reglas del EPU.
El examen a Brasil se ha producido durante el 27 periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del EPU dentro del CDH, que se realiza entre el 1 y el 12 de mayo en Ginebra.
Editado por Estrella Gutiérrez
