Indonesia, compuesta por más de 17.000 islas muy vulnerables a la elevación de los mares, evalúa su posición como tercer emisor mundial de gases de efecto invernadero después de Estados Unidos y China.
Ante la cumbre que la Organización Global de Legisladores para el Equilibrio Ambiental (Globe International) celebrará en México entre el 6 y el 8 de junio para discutir un nuevo acuerdo internacional sobre cambio climático centrado en la legislación nacional, este país corre contra el tiempo para examinar y adecuar políticas y leyes en consonancia con la promesa del presidente Susilo Bambang Yudhoyono de recortar las emisiones en 26 por ciento las emisiones de dióxido de carbono para 2020.
La opinión general de la comunidad internacional es que los próximos dos años serán cruciales para determinar el futuro del calentamiento mundial. En diciembre de 2015, París será sede de la 21ª reunión de la Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, según los científicos la “última oportunidad” para que los líderes mundiales acuerden límites a las emisiones mundiales causantes de este problema ambiental.
Indonesia está preparada para desempeñar un papel importante en las negociaciones. La comunidad internacional podría aprender de su Bloque por la Economía Verde, un grupo de legisladores creado en 2013 que planifica la transición hacia una economía sustentable, lo que incluye identificar métodos de explotación de los recursos naturales que sean respetuosos con el ambiente.
Pero expertos ambientalistas indonesios advierten que, salvo que se tomen medidas rápidas para estimular el diálogo entre los legisladores y el gobierno, el país no avanzará mucho en el camino hacia la sustentabilidad.
Farhan Helmy, director del Centro de Cambio Climático de Indonesia (ICCC), tiene la esperanza de que la cumbre de GLOBE ofrezca el espacio para mantener precisamente este tipo de conversación.
“Las conversaciones hasta la fecha” sobre cambio climático “no estuvieron bien encaminadas, ni siquiera en Varsovia el año pasado”, sostuvo Helmy, quien fue el principal negociador de la delegación de Indonesia en la COP 19, celebrada en 2013 en Polonia.
«No creo que tengamos que reinventar la rueda cuando faltan menos de dos años… Sí necesitamos fomentar el diálogo franco y abierto entre los legisladores y el gobierno”, señaló en entrevista con IPS.
Helmy apoya con entusiasmo plataformas como el Bloque por la Economía Verde.
Según Satya Yudha, presidente del Bloque y diputado reelegido para un nuevo mandato de cinco años, este grupo se dedica a redactar proyectos de ley verdes, a crear una estrategia de energía renovable y a aplicar la iniciativa REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques), que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La REDD+, aseguró Yudha a IPS, es esencial para la gestión del uso de la tierra y el control de la conservación de los bosques y las áreas protegidas.
«Setenta por ciento de las emisiones de carbono” de Indonesia “provienen de los usos del suelo, y 30 por ciento del sector de la energía”, dijo. El Bloque debe presionar al resto de los legisladores para que prioricen las políticas ambientales cuando aprueben el presupuesto público anual.
Setyo Budiantoro, de Prakarsa, la organización no gubernamental que ayudó con la creación del Bloque, dijo a IPS que uno de los mayores obstáculos de Indonesia es la desconfianza de los parlamentarios ante el concepto mismo del cambio climático.
«Por eso los parlamentarios no ven la urgencia de aprobar una ley de cambio climático», explicó el director ejecutivo de Prakarsa. “Ese es uno de los principales objetivos del Bloque, generar mayor conciencia”.[related_articles]
Los intentos de Indonesia de reducir las emisiones causadas por la deforestación también sirven como un excelente caso de estudio sobre la necesidad de colaboración entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
La deforestación ha sido desenfrenada en los últimos años, debido principalmente por la demanda mundial de aceite de palma y pasta de papel. Un estudio publicado en la revista ‘Science’ en 2013 indicó que la tala de árboles entre 2000 y 2003 fue de un millón de hectáreas al año, y que entre 2011 y 2012 se duplicó a dos millones de hectáreas anuales.
Esa destrucción provocó inundaciones, deslizamientos de tierra y la pérdida de hábitat de especies en peligro de extinción, como orangutanes y rinocerontes.
Yudhoyono prorrogó en 2013 la suspensión de nuevas concesiones de tala y plantaciones de palma aceitera, adoptada en 2011, en virtud de un acuerdo por 1.000 millones de dólares con Noruega.
Esta medida histórica de suspender la tala de selvas y turberas permitirá conservar 64 millones de hectáreas hasta 2015. Sin embargo, los ambientalistas sospechan que continúa la explotación de algunas zonas protegidas debido a la corrupción, los incendios y la tala ilegal.
Un reciente informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch sostiene que el ministerio forestal no ha “trazado un mapa preciso de los bosques, el uso de la tierra o los límites de las concesiones, y no asignó equitativamente los derechos de uso”.
El informe “El lado oscuro del crecimiento verde” cita una investigación realizada por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción indonesia y concluye que estas “debilidades fueron causas fundamentales de la corrupción persistente y la pérdida de ingresos fiscales, así como de los altos grados de deforestación”.
Mohammad Farid, de REDD+, cree que Indonesia “tiene que aplicar políticas desde el nivel superior para controlar la deforestación no planificada, la tala ilegal, la invasión y los incendios forestales en todas las tierras”.
«La REDD+ no puede arreglarlo todo”, afirmó. “Necesitamos el apoyo de otros ministerios para hacer una diferencia. Minería, agricultura, interior, todos deben coordinar con el gobierno. No es una tarea fácil, pero se hará con el tiempo”.
En Indonesia aún no existe opinión unánime sobre el compromiso voluntario de Yudhoyono para reducir las emisiones de carbono hacia el final de la década. Algunos expertos, como Yudha, admiten que el presidente está en el camino adecuado, pero les preocupa el equilibrio entre este objetivo “ambicioso” y las políticas económicas inteligentes.
Otros, como Farid, son más optimistas y creen que las políticas y los incentivos adecuados podrían llevar al país a la meta en seis años.
«Si reducimos la invasión y mejoramos el estado de los bosques, y también… abatimos la deforestación no planificada y la tala ilegal, creo que se podrá alcanzar el objetivo”, dijo.
Indonesia celebrará elecciones presidenciales en julio, y está por verse si el nuevo gobierno quiere seguir los pasos de Yudhoyono.
«Mi esperanza es que quien gobierne entienda que no estamos solos en esta tarea», comentó Helmy, y agregó que Indonesia es uno de los muchos países que participan activamente en las negociaciones mundiales sobre el cambio climático.
«Hay mucho en juego para nosotros… tenemos islas pequeñas y el nivel del mar en aumento”, explicó.
Si Indonesia no adopta medidas concretas para reforzar su legislación nacional dejará de ser parte de la solución y se sumará a las filas de quienes “provocan problemas en la sociedad mundial”, agregó.
