El temor de convertirse en un «narcoestado» lleva a Honduras a replantear su estrategia en la lucha contra las drogas ilegales, para cortar el paso en América Central a los carteles que han comenzado a desplazarse hacia el sur desde México, coincidieron expertos a IPS.
La visita al país esta semana de David Johnson, secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para asuntos antinarcóticos internacionales y de seguridad, resultó una suerte de puesta en escena del replanteamiento del derechista gobierno de Porfirio Lobo en la lucha contra la cada vez más activa presencia de las mafias del narcotráfico.
El funcionario visitó también Guatemala, a donde llegó el martes 19, para desplazarse un día después a esta capital. En ambos países sostuvo reuniones al máximo nivel, con el objetivo oficial de afinar el combate al narcotráfico, promover el fortalecimiento institucional de los organismos de seguridad y resaltar la importancia que las dos naciones revisten para Washington en materia antidrogas.
Johnson descartó aquí que el país pueda convertirse en un narcoestado, como señalan diversos sectores, dado el avance de las mafias criminales en diversos puntos de Honduras, en especial en el litoral del mar Caribe, donde existen zonas en que la policía tiene vetado el acceso.
"No creo que Honduras esté en el paso a convertirse en un narcoestado, pero sí creo que tienen un reto por enfrentar y trabajando conjuntamente se pueden construir instituciones más sólidas para hacer frente a este reto", dijo Johnson tras entrevistarse con Lobo el jueves 21 en la Casa Presidencial.
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Añadió que también hay que definir mecanismos de asistencia en ese reto, dentro del llamado Plan Mérida, con que Estados Unidos financia la lucha contra el tráfico de drogas en México y América Central.
El funcionario se declaró "satisfecho" con la actuación hondureña contra el narcotráfico, subrayó que el camino por delante es largo y dijo que Washington será un "socio fundamental" de Honduras en su lucha contra los carteles.
Diez días antes de esta visita, el gobierno asestó algunos señalados golpes a las mafias del narcotráfico, al ser parte de una operación encubierta de 18 meses que implicó también a Colombia y Panamá y permitió la captura en Bogotá de integrante del llamado "Cartel de Buda", asentado en San Pedro Sula, a 250 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
Se trata del hondureño Miguel Villela, un destacado empresario conectado con las elites económicas más influyentes de la segunda ciudad hondureña. El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, dijo a IPS que el capturado confesó integrar esa red de narcotráfico y que está "cooperando" con la delación de políticos y empresarios conectados con el cartel.
Cuando fue capturado Villela, el ministro reveló que se organizó que la detención fuese fuera de Honduras porque en el país la justicia "no funciona en estos casos, y temíamos que lo liberaran, dada las conexiones e influencias del personaje". La Corte Suprema de Justicia guardó silencio ante la dura acusación, salvo el rechazo de un magistrado.
Un agente antidroga que participó en el operativo dijo a IPS que "Villela no es un gran pez, pero es muy representativo por sus ligazones políticas y esto tiene asustada a mucha gente".
El oficial, que pidió el anonimato, adelantó que ahora se "viene una nueva fase más estratégica en la lucha antidrogas y Estados Unidos está claro en eso, ellos quieren resultados más contundentes". Probablemente, Villela será entregado a Estados Unidos.
Alfredo Landaverde, experto en temas de narcotráfico, comparte ese criterio, pero fue más explícito al asegurar a IPS que tras la captura de Villela, "la policía debe empezar a vomitar y a actuar, porque él no actuó solo y es muy probable que existan policías detrás de esta red".
A la detención del empresario en la capital colombiana, siguió el allanamiento de varias viviendas en San Pedro Sula y la incautación de una finca a un ciudadano guatemalteco, en la región de Macuelizo, en el occidental departamento de Santa Bárbara. Su propietario es acusado de lavado de activos para el "Cartel de Buda".
Es importante "cortar el paso al narcotráfico", dijo el ministro Álvarez a IPS. "Estamos coordinando acciones con países amigos como Colombia y, en esta nueva fase con Estados Unidos, solicitamos apoyo, no solo logístico y de recursos, sino también de especialización y capacitación policial", explicó.
En lo que va del año, las autoridades policiales incautaron 4,6 toneladas de cocaína, dos haciendas y al menos siete avionetas portadoras de droga. Esta cifra es menor respecto a la del mismo periodo de 2009, cuando se decomisaron 144 aeronaves, por desperfecto en sus motores, por abandono o como parte de los operativos antidrogas.
Ante la controversial guerra que el Estado mexicano libra contra el narcotráfico, las autoridades hondureñas temen que los carteles, desplacen su actividad criminal al istmo centroamericano, en especial a Guatemala, que comparte una larga frontera con el sur de México, y Honduras, la siguiente nación en el mapa regional.
La mayor preocupación es por los ya visibles tentáculos del "Cartel de Sinaloa", que comanda Joaquín Guzmán, apodado "El Chapo" y de quien se asegura que se desplaza ya por poblados del occidente hondureño donde las fuerzas de seguridad no ingresan.
Antes de la visita de Johnson, un grupo de 30 senadores de Estados Unidos demandó la suspensión de toda ayuda a Honduras, incluida la destinada a combatir el narcotráfico, en una carta a la secretaria de Estado (canciller), Hillary Clinton.
Pero, por el contrario, el subsecretario Johnson llegó con una oferta de mayor cooperación desde ahora para el desmantelamiento de organizaciones criminales que operan en el país.
En Honduras la presencia del narcotráfico data de los años 80, cuando el país pasó a actuar de puente del flujo de drogas entre el sur productor y en norte consumidor del continente americano.
Paulatinamente, Honduras se transformó en un punto más estratégico, con redes conectadas a los carteles mexicanos y colombianos. Como resultado, la criminalidad se incrementó de manera alarmante en lo que va del siglo XXI.
En la última década, los homicidios pasaron de ocho al día en el año 2000, a 16 en junio de este año, según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Muchos de estos homicidios son obra de sicarios al servicio del narcotráfico, aseguró el ministro Álvarez. La decisión del gobierno de Lobo es que "esto debe parar porque estos señores no harán de Honduras su casa particular", afirmó.
