Las 167 familias guaraníes que viven en condiciones de servidumbre en el Alto Parapetí, en el oriental departamento boliviano de Santa Cruz, son la parte visible de una cadena con eslabones en más de un municipio del Chaco.
Pero en esa extensa zona dominada por temperaturas de 40 grados a la sombra, en la parte oriental y sudoriental de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, hay otras 1.049 familias sometidas a servidumbre, forma contemporánea de la esclavitud, como la define la Organización de las Naciones Unidas.
Éstas se encontrarían principalmente en los municipios de Cuevo y Lagunillas (Santa Cruz), Huacareta y Muyupampa (Chuquisaca), y en las provincias Gran Chaco y O' Connor (Tarija), señala una investigación realizada en 2007 por el Programa Fomento del Diálogo Intercultural en el Chaco Boliviano, dependiente del Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica, a la que accedió IPS.
La etnohistoriadora Isabelle Combès confirmó el dato: "Estas comunidades a las que se puede llamar cautivas están en el Chaco chuquisaqueño, en las provincias Hernando Siles y Luis Calvo, y en algunas zonas del sur de provincia Cordillera, en Santa Cruz".
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La atención se centra ahora en el municipio Alto Parapetí, provincia de Cordillera, porque el estatal Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) decidió este año aplicar la recuperación de tierras para una veintena de comunidades guaraníes.
La acción fue en respuesta a una demanda de tierras comunitarias de origen que el pueblo guaraní había presentado el 17 de septiembre de 1996.
Doce años después, y pese a la difícil coyuntura que vive Bolivia, el INRA decidió ejercer su facultad de llevar adelante el saneamiento de la tierra, es decir, la medición e identificación de espacios no ocupados para entregarlos a los pueblos originarios.
Pero la violenta oposición de hacendados y terratenientes —la mayor parte de ellos ganaderos medianos y pequeños agricultores— ha puesto el dedo en una herida mayor de la que dan cuenta libros e investigaciones desde los años 80: en Bolivia la servidumbre es una práctica vigente.
Esta situación ha echado más leña a la ardiente relación entre el gobierno izquierdista del indígena Evo Morales y Santa Cruz, en vísperas del referendo autonomista impulsado por la prefectura (gobernación) y el Comité Cívico de ese departamento, programado para el 4 de mayo, en abierta desobediencia a la administración nacional.
En este clima, la Cámara de Diputados estableció una comisión especial que desde esta semana y hasta el 17 de junio ingresará en diferentes momentos a Alto Parapetí para investigar si realmente se practica la servidumbre allí, confirmó a IPS el legislador Bernabé Paredes, del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
La comisión está integrada por representantes del MAS y de los opositores Movimiento Nacionalista Revolucionario, Poder Democrático Social y Unidad Nacional.
"De que la hay, la hay. Lo digo yo, que he vivido 14 años en el Chaco cruceño trabajando con los guaraníes y conozco de cerca cómo es esa relación patrón-esclavo", dijo a IPS Javier Guillaumet, director de Teko Guaraní, organización no gubernamental que trabaja en educación.
"Allí las familias son tratadas como una mercadería más de la hacienda", describió Guillaumet por teléfono desde Santa Cruz. "Los patrones no les dejan sembrar para ellos ni tener animales. Si se atreven a criar un chancho (cerdo) y éste camina por las tierras de la hacienda, el patrón lo mata y así se acaba la historia. Con esto quiero decir que las familias viven una presión psicológica constante".
Guillaumet, ex sacerdote franciscano, describió a esas familias como "rendidas, sin ilusión de nada". La mayor parte son personas mayores, "porque los jóvenes escapan en cuanto pueden valerse por sí solos".
Los que se quedan difícilmente aprenden a leer y escribir, "pues si viene la cosecha del maní o hay que hacer otras cosas, los niños van a trabajar para el patrón. Entre estos chicos siempre hay guaraníes con ojos azules, por supuesto hijos de los hacendados, porque a las muchachitas las tienen para iniciar (sexualmente) a sus hijos. Yo lo he visto, nadie me lo ha contado", aseveró.
El "iyambae" (sin dueño, en guaraní) es entonces una quimera de larga data histórica, explicó a IPS el antropólogo y sacerdote jesuita Xavier Albó.
La matanza de Kuruyuki (en las poblaciones cruceñas de Ivo y Cuevo) en 1892, en la que murieron casi 1.000 guaraníes en manos del ejército, "significó ya un incremento brutal de haciendas con peones cautivos", dijo Albó.
Combès, autora de "Etnohistorias del Isoso: chané y chiriguanos en el Chaco boliviano", de 2005, asegura que esa situación desapareció en varias zonas como consecuencia de la Guerra del Chaco (1932-1935) que pelearon Bolivia y Paraguay por el control de parte de esa región.
"Muchas propiedades colapsaron, los patrones abandonaron sus estancias y los guaraníes continuaron en el lugar como comunidades. Sin embargo, las regiones como Ingre, Huacareta y Alto Parapetí permanecieron dentro de relaciones sociales que no se modificaron desde 1850", dijo Combès.
En 1957 se intentó aplicar en el Chaco la reforma agraria dictada en 1953 por el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, "pero sus impulsores son emboscados y asesinados por los patrones, de modo que la reforma se hace al revés, consolidando las haciendas", sostuvo Albó.
La primera vez que se publicó esta historia, y con detalle, fue en 1982, en el libro "Caciques y patrones" de Kevin Healy, investigador a quien no se le permitió volver a la zona. Pero él ya había visto suficiente y dejó por escrito un testimonio "que causó revuelo", dijo Albó, si bien no alteró los hechos.
Como fundador del no gubernamental Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), Albó tuvo una vivencia propia con las comunidades guaraníes. En 1976 comprobó que inclusive los indígenas libres eran sometidos a una deuda permanente con los productores de caña de azúcar de Santa Cruz.
Para pagar esa deuda, "cada año tenían la obligación de ir a trabajar. Ante eso, la primera tarea fue de conseguir recursos, entregárselos a los guaraníes, quienes llegaban y sorprendían a los azucareros diciéndoles aquí está todo lo que les debemos, y se iban", relató.
En 1980, el Cipca constató que los guaraníes sólo tenían 14 por ciento de la tierra que les correspondía. "Ante esa preocupación surgió la idea de conseguir más tierras. La iniciativa fue comentada al obispo de Cuevo, el padre Juan Pellegrini, quien nos llamó la atención principalmente sobre las comunidades cautivas".
El camino que tomó entonces el Cipca fue comprar haciendas para liberar a los indígenas.
Wilson Changaray, presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que agrupa a 11 capitanías grandes (conjuntos de comunidades), dijo a IPS que pese a estos y otros esfuerzos al margen del Estado, siete comunidades permanecen en servidumbre en Santa Cruz, bajo un sistema de contratos verbales y con un salario promedio de 20 bolivianos (unos tres dólares) anuales.
Según Albó, la APG supo de 88 familias que han sido "forzadas" a salir de las haciendas antes de que llegue la comisión especial conformada en la Cámara de Diputados.
"Pero la gente no quiere salir porque son mayores, no tienen casa, no tienen tierra, no tienen nada", dijo Guillaumet, desconfiado de las intenciones del INRA. "Esta acción (de la entidad estatal) es política, pero ya la han emprendido y la tienen que terminar. Si no es ahora, ¿cuándo?", se preguntó.
La porción boliviana del Chaco sudamericano tiene una extensión de 127.755 kilómetros cuadrados y una población de 300.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 20 por ciento forman parte del pueblo guaraní, se calcula en el documento Yasarekomo (Despertar), un documento sobre comunicación indígena publicado en 2004 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Según el Viceministerio de Tierras, a esos indígenas les correspondería algo más de 53.700 hectáreas en esa región en la que se encuentran también importantes yacimientos de hidrocarburos.
