Brasil permitirá vender la soja transgénica que se coseche este año en el meridional estado de Río Grande del Sur, cultivada ilegalmente, y grupos de defensa de los consumidores condenaron esa decisión, anunciada este jueves.
La medida provisional, decreto presidencial de vigencia inmediata pero temporal, fue adoptada junto con un grupo de ministros y autorizó la venta de ese grano en el país y al exterior hasta el 31 de enero de 2004. Luego de esa fecha, la soja transgénica será quemada.
Esa resolución es muy grave, porque el gobierno atropelló una decisión del Poder Judicial y violó la Constitución, que asegura la independencia y el equilibrio de los tres poderes del Estado, dijo a IPS Marilena Lazzarini, coordinadora ejecutiva del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC).
Las autoridades infringieron también el Código de Defensa del Consumidor y crearon una situación discriminatoria al tolerar durante un año un cultivo ilegal, alegó.
La prohibición de la soja transgénica recobrará vigencia a partir de la próxima siembra.
El IDEC estudia formas de impugnar la medida ante el Poder Judicial, y pedirá al presidente Luiz Inácio Lula da Silva atención al consumidor nediante garantías de estricto control, con rotulación de los productos, para que la población sepa qué le ofrecen, anunció Lazzarini.
La decisión gubernamental sorprendió a las organizaciones ambientalistas y defensoras de los derechos del consumidor, que sólo esperaban una autorización de exportaciones del grano.
La siembra comercial de productos transgénicos está prohibida por el fallo de un tribunal desde junio de 2000, que fue apelado. El juicio en segunda instancia está por concluir tras sucesivos aplazamientos.
Pese a esa prohibición, se calcula que de 70 a 80 por ciento de la soja sembrada en Río Grande del Sur, para una cosecha prevista de 8,6 millones de toneladas, crece a partir de semillas genéticamente modificadas, de la empresa estadounidense Monsanto.
Eso se debe a contrabando desde Argentina, donde predomina la soja transgénica, a través de la extensa y difícil de controlar frontera entre ese país y el meridional estado brasileño.
En el origen del problema estuvo la política de omisión del anterior gobierno nacional, presidido por Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), que permitió las irregularidades, sostuvo Lazzarini.
La paradoja es que la soja Roundup Ready de Monsanto se generalizó en Río Grande del Sur mientras el anterior gobierno estadual (1999-2002), adoptaba medidas muy severas contra su introducción, incluyendo una ley propia que proscribió las semillas genéticamente modificadas.
Hace un año, el entonces presidente de la Compañía de Abastecimiento de Río Grande del Sur, Silvio Porto, manifestaba a IPS la intención de hacer de Brasil un territorio libre de transgénicos, a partir del ejemplo de ese estado.
Pero fue el cercano estado de Paraná, otro gran productor de soja que también tiene fronteras con Argentina y Paraguay, el que logró contener la siembra de semillas contrabandeadas, mediante destrucción de plantaciones y estímulos para el cultivo de soja convencional.
No se conocen intentos de sembrar soja transgénica en áreas más al norte, probablemente porque la variedad de Monsanto fue desarrollada para climas templados, y no se adapta a las altas temperaturas del centro y el norte de Brasil.
La decisión del nuevo gobierno prorroga la situación creada por las omisiones del anterior y crea un peligroso precedente, porque agricultores que cometieron otras ilegalidades podrán reclamar el mismo privilegio, arguyó Lazzarini.
Además, penaliza a los honestos, porque los que no sembraron soja transgénica tendrán su producto bajo sospecha y deberán obtener certificados para probar que cumplieron la ley, acoto.
Brasil espera producir este año 49 millones de toneladas de soja, una cosecha sólo inferior a la de Estados Unidos, donde los transgénicos son legales al igual que en Argentina, el tercer gran productor mundial.
El gabinete de Lula está dividido sobre la cuestión de la soja transgénica, como ocurría con el de Cardoso. El ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues, defiende los transgénicos con el argumento de que reducen el costo de producción, el mismo que usan los grandes agricultores.
El secretario de producción y comercialización del Ministerio de Agricultura, Linneu Lima, sostuvo que los transgénicos permiten reducir 40 por ciento ese costo, y que autorizarlos permitiría a Brasil duplicar en cinco años su cosecha de granos, para llegar a 200 millones de toneladas anuales.
Pero la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, se opone a esos cultivos con los argumentos típicos de los ambientalistas, al señalar que aún es insuficiente el estudio de sus posibles daños a los ecosistemas y la salud humana, especialmente en la las condiciones brasileñas de gran biodiversidad.
El principio de la precaución recomienda esperar mayores investigaciones, argumentó.
Lula creó una comisión para definir una posición oficial única sobre el asunto, con representantes de nueve ministerios, incluyendo los del área económica. No será tarea fácil.
Además del IDEC, el Foro Nacional de Entidades Civiles de Defensa del Consumidor, que reúne a 20 organizaciones no gubernamentales, y el movimiento ambientalista rechazan la siembra comercial de cualquier producto transgénico. (
