DERECHOS HUMANOS-COLOMBIA: Debate más que semántico
¿En Colombia existe un conflicto armado, como sostiene un amplio consenso civil, o un desafío del terrorismo, como afirmó por enésima vez este jueves el presidente Álvaro Uribe?
¿En Colombia existe un conflicto armado, como sostiene un amplio consenso civil, o un desafío del terrorismo, como afirmó por enésima vez este jueves el presidente Álvaro Uribe?
La Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para Colombia se reunirá esta semana en el septentrional puerto de Cartagena de Indias. Los críticos del presidente Alvaro Uribe temen que los donantes aflojen sus exigencias frente a las violaciones de derechos
Estados Unidos quedó muy mal parado, como un metiche (entremetido) con la solución del conflicto entre Caracas y Bogotá, dijo este sábado el vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, mientras se divulgaban informes según los cuales el gran mediador fue
«Deberíamos llamarla María Frontera», dijo el agente Vela, de la policía colombiana, acerca de una niña nacida esta semana en el Puente Unión, un paso fronterizo entre el septentrional departamento colombiano de Norte de Santander y el noroccidental estado venezolano
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, intenta detener el creciente enfrentamiento entre Colombia y Venezuela, desatado por el secuestro de un jefe de las insurgentes FARC en Caracas y azuzado por Washington al volcar todo su respaldo
La relación entre Colombia y Venezuela está en su peor momento desde 1987. El choque entre presidentes por el secuestro de un guerrillero colombiano en la capital venezolana afecta programas de desarrollo y el intenso comercio bilateral.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acusó este lunes a la policía de Colombia de mentir respecto de la captura de un guerrillero de ese país y, tras asegurar que fue secuestrado en Caracas, advirtió que el incidente puede afectar
Para las familias de los rehenes civiles y militares en manos de la guerrilla colombiana, que quiere canjearlos por insurgentes presos, ésta parece una semana más.
Organizaciones no gubernamentales de Colombia pedirán a la OEA que evalúe su papel como acompañante de la desmovilización de los paramilitares de derecha, promovida por el gobierno de Alvaro Uribe.
Parlamentarios colombianos de distintas vertientes promueven un proyecto de ley de verdad, justicia y reparación para aplicar al proceso de desmovilización de los ejércitos paramilitares de derecha.
La cámara baja del parlamento colombiano se «rebeló» contra el boicot de la bancada oficialista al tratamiento de un estatuto para reglamentar el uso de fondos estatales en la campaña por la reelección presidencial.
Colombia y Venezuela, gobernadas por líderes con programas políticos contrapuestos, encuentran en la sed mundial de energía proyectos sobre los cuales entenderse, mientras bajan volumen a sus diferencias sobre la lucha contra el terrorismo y las culpas por la violencia
Muchos colombianos manifiestan una marcada preocupación ante la reelección del presidente estadounidense George W. Bush, mientras otros acompañan el regocijo de su mandatario, el derechista Alvaro Uribe, el principal aliado de Washington en América Latina.
El periodista que ha dejado de sentir no puede reflejar el dolor de otros y causará mucho daño con su tarea, advirtió la psicóloga Marta Chinchilla, la experta en estrés postraumático que atiende a reporteros del departamento colombiano de Arauca,
La humanitaria Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia fue amenazada con desmoronar su red informativa mediante un ataque muy fuerte. Cuídense de lo que escriben, añadía el mensaje, que auguró algo terrible.
Los máximos representantes de los pueblos indígenas de Colombia se niegan a recibir préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a ser involucrados en los mercados formales, en los circuitos financieros o en la economía de mercado.
El paramilitarismo de Colombia parece evolucionar hacia nuevas formas de penetración de la sociedad y del Estado, mientras un sector de estos grupos armados irregulares negocia su desmovilización con el gobierno de Alvaro Uribe.