Huelgas y manifestaciones multitudinarias marcaron este lunes en Argentina el rechazo tajante al asesinato de un educador mientras protestaba en una ruta de la provincia de Neuquén. La renuncia de su gobernador fue exigida a voz en cuello desde distintos puntos del país.
La huelga, que impactó principalmente en escuelas y universidades, fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), organizaciones de defensa de los derechos humanos, otras entidades sociales y por las dos agrupaciones que cobijan a los sindicatos en el país, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT).
Escuelas y centros estatales de enseñanza se mantuvieron cerrados, mientras que fue parcial la adhesión en las escuelas privadas. Por su parte, los trabajadores de ferrocarriles, autobuses, aviones y del tren subterráneo de Buenos Aires suspendieron sus labores durante una hora al mediodía, al igual que hubo paros parciales en la industria, bancos, hospitales y en el Poder Judicial.
La medida se convocó en repudio por la muerte en la sudoccidental provincia de Neuquén del maestro Carlos Fuentealba, de 40 años, quien el miércoles de la semana pasada recibió en su nuca un disparo de una bomba de gas lacrimógeno cuando se trasladaba en el asiento trasero de un automóvil.
Fuentealba participaba junto a otros colegas de un intento fallido de interrumpir el paso de vehículos en una ruta provincial.
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Las marchas de este lunes fueron multitudinarias en las capitales provinciales y en otras grandes ciudades como Rosario o Mar del Plata. En la noroccidental provincia de Salta, un grupo de maestros y profesores fue reprimido por la policía con gases lacrimógenos al intentar ingresar a la sede de la Legislatura (parlamento provincial), igual que ocurrió una semana atrás.
En todos los casos, los manifestantes reclamaron la renuncia del derechista gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, quien es además candidato a la presidencia de Argentina para las elecciones nacionales de octubre.
Después de admitir su responsabilidad en la orden de reprimir a la protesta de la semana pasada, Sobisch dijo que Argentina debe decidir "si es legal o no" bloquear rutas.
También se escucharon críticas a la conducción nacional del sindicato de educadores, al que se le atribuye estar alineado con el gobierno centroizquierdista del presidente Néstor Kirchner.
Las agrupaciones más radicales de este sector, que han paralizado sus tareas desde hace semanas en varias provincias, reclamaban sin éxito a Ctera antes del asesinato que llamara a una huelga nacional.
El conflicto de maestros y profesores en demanda de mejoras salariales impidió hasta ahora el inicio de clases en Salta, que debía hacerlo el 26 de febrero, y Neuquén, con fecha prevista para el 5 de marzo, pero hay otras provincias donde se realizan paralizaciones y marchas todas las semanas, como es el caso de la noroccidental La Rioja y las australes Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Antes de la muerte de Fuentealba, el principal reclamo era por la brecha entre el salario básico y el llamado de bolsillo o real. Los maestros sostienen que si bien el sueldo se fue incrementando, el básico, que es el piso sobre el que se calcula la antigüedad y la jubilación, está congelado.
En diálogo con IPS, la educadora santacruceña Mónica Galván explicó que desde el 5 de marzo tuvieron 12 jornadas sin clases y múltiples actos. Por esas protestas, efectivos de la gendarmería (guarida de frontera) y de la prefectura naval, enviados por el gobierno nacional, ocupan escuelas durante los fines de semana y feriados para impedir reuniones sindicales.
"Las escuelas están militarizadas en esta provincia", denunció Galván, quien responsabilizó de ello al presidente Kirchner, precisamente oriundo de Santa Cruz y su gobernador por 12 años desde 1991.
El mandatario desacreditó la huelga en marzo y eludió referirse a ataques con bombas tipo molotov a un automóvil y dos locales del sindicato de maestros de la provincia.
"Cuando arremete contra los docentes de su provincia, el presidente está encendiendo una luz verde para que los gobernadores repriman", advirtió la sindicalista desde esta provincia situada 2.500 kilómetros al sur de Buenos Aires, donde los gendarmes tienen ahora las llaves de las escuelas.
Por su parte, Francisco Torres, de la agrupación sindical izquierdista Alternativa Docente dijo a IPS que fue "muy grave y lamentable que haya tenido que morir un docente para que la Ctera llame a una huelga nacional cuando el conflicto de los maestros llevaba más de un mes en 17 de las 23 provincias" argentinas.
"Los dirigentes de Ctera centran toda la crítica en el gobernador de Neuquén, que es responsable de lo que pasó en su provincia, pero aquí además hubo un presidente que dio señal de largada para actuar con impunidad en todos lados", acusó el dirigente, aludiendo al conflicto que se arrastra desde hace más de un mes en Santa Cruz.
Los dirigentes de la Ctera, de la CTA, de la CGT y de otras entidades marcharon por el centro de Buenos Aires y suscribieron un documento que leyó la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Nora Cortiñas, frente a la Casa de Neuquén, la representación de esa provincia en la capital argentina.
En el documento, dado a conocer por la líder de una de las dos ramas en que se dividió la organización de madres creada para buscar a sus hijos desaparecidos por la dictadura, se pidió la dimisión del gobernador de Neuquén y terminar con la represión de las manifestaciones sindicales.
"Disparar contra quienes protestan por reclamos legítimos es inmoral, ilegal e ilegítimo", advirtieron, y pidieron al gobierno nacional mejorar la distribución del ingreso para evitar las protestas.
El texto suscrito por todas las entidades convocantes compara a Sobisch con los ex jefes de la última dictadura militar (1976-1983) que "ordenaron reprimir y luego no asumieron su responsabilidad por las consecuencias de esa orden, queriendo hacerla pasar como un error o un exceso de un subordinado".
Por su parte, el presidente de la Ctera t de la CTA, Hugo Yasky, consideró que en el asesinato "hubo un matador que disparó" presuntamente el sargento de policía Daniel Poblete, ya detenido— "y un asesino, el gobernador Sobisch, autor intelectual del crimen que tiene que irse y rendir cuentas ante la justicia".
Yasky no eludió las críticas de las agrupaciones sindicales de base que exigen mayor dureza frente al gobierno nacional. Dijo que "también es autoritario tener a la gendarmería en las escuelas como ocurre en Santa Cruz, o reprimir a los docentes como en Salta". Pero no hubo alusiones al presidente.
La protesta más masiva y de tono triste se desarrolló en Neuquén, 1.200 kilómetros al sudoeste de Buenos Aires, donde unas 20.000 personas marcharon hasta la sede gubernamental, pintada de negro por los manifestantes, encabezados por sindicalistas, Madres de Plaza de Mayo y familiares del maestro asesinado.
Tras un mes de huelga sin diálogo con el gobierno provincial, los maestros iban a bloquear el tránsito en una ruta el miércoles pasado y se encontraron con policías de ese distrito que les dispararon con balas de goma y gases lacrimógenos. En la fuga, Fuentealba recibió el impacto de una bomba de gas que le entró por la nuca y le estalló en la cabeza.
"Exijo que el culpable que jaló el gatillo sea enjuiciado, y que los que dieron la orden, que también son responsables, renuncien", exclamó conmocionada en el acto la viuda del maestro, Sandra Rodríguez. "Al señor gobernador, si le duele tanto la muerte de mi marido, su deber moral es renunciar", reclamó.
En un clima de luto y llanto, los educadores culminaron con un campamento frente a la sede de la gobernación, que según adelantaron, no suspenderán "hasta que no renuncien los responsables" del crimen de Fuentealba y se responda a los reclamos de mejoras salariales por las cuáles continúa la huelga.
