Presionada por el histórico paro de estudiantes secundarios de mayo, la presidenta chilena Michelle Bachelet convocó a un heterogéneo consejo para discutir reformas a la educación. Un mes antes de que se conozcan las primeras propuestas, alumnos, profesores y expertos dudan del alcance reformista.
"Mi percepción es que los cambios no serán lo suficientemente profundos", dijo a IPS Darío Vásquez, director nacional del Colegio de Profesores, uno de los tres representantes del magisterio en el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, creado por Bachelet el 9 de junio.
La mandataria resolvió establecer esta entidad, integrada por 81 personas, en respuesta al paro protagonizado por cerca de 700.000 alumnos secundarios de todo el país durante los meses de mayo y junio, en demanda de cambios en varios planos del sistema educacional.
La movilización finalizó una vez que Bachelet accedió a una parte importante de las exigencias estudiantiles, otorgándoles beneficios en materia de transporte, alimentación e infraestructura, y los conminó a integrarse al multifacético consejo asesor, donde se analizarían las reformas estructurales reclamadas en las manifestaciones.
Los integrantes del consejo asesor pertenecen a las más diversas organizaciones académicas, confesionales, profesionales y sociales del país, aunque a juicio de Vásquez la mayoría de ellos son partidarios del modelo actual. Hace casi tres meses se reúnen semanalmente para discutir, entre otras cosas, la posibilidad de derogar la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE).
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La LOCE fue promulgada por el entonces dictador Augusto Pinochet el 10 de marzo de 1990, un día antes de la entrega del gobierno al presidente democrático Patricio Aylwin (1990-1994), y rige para el sistema educativo que cubre a 3,5 millones de alumnos de enseñanza básica y secundaria y a otros 800.000 de la enseñanza superior.
Esta ley permitió la creación de colegios particulares con subvención estatal y el traspaso de los establecimientos que estaban bajo la dirección del Estado nacional a los 345 municipios del país, iniciando un proceso de descentralización y privatización de la educación. El 29 de septiembre el consejo entregará un informe preliminar a la mandataria, en el que se comunicarán los avances registrados hasta ahora. Las propuestas definitivas sarán dadas a conocer en diciembre, luego de seis meses de trabajo.
Pero ni los estudiantes ni los profesores parecen estar dispuestos a esperar sentados las resoluciones del consejo asesor. Hace dos semanas, algunos colegios del país realizaron manifestaciones contra el "lento avance" de la entidad. Incluso los jóvenes amenazaron con retirarse, lo cual fue desechado en una asamblea nacional realizada el sábado 26.
"Los estudiantes secundarios nunca hemos confiado en el consejo asesor y no estamos optimistas en cuanto a sus resultados", dijo a IPS María Huerta, miembro de la comisión política de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).
En estos momentos, cada colegio tiene la libertad para manifestarse si lo estima necesario. Pero si el informe que se presentará en septiembre no contiene explícitamente sus peticiones evaluarán acciones a nivel nacional. No pretenden esperar hasta diciembre.
Más aun, entre el 7 y el 12 de septiembre la ACES realizará una consulta nacional en la que se preguntará a los alumnos su opinión sobre el consejo asesor, la realidad interna de cada establecimiento y las futuras movilizaciones.
En respuesta, el presidente del consejo, el académico e investigador Juan Eduardo García- Huidobro, justificó el ritmo de trabajo del organismo, argumentando que desde el año 80 no se debatía tan ampliamente sobre esta materia, por lo que son muchos puntos de vista en discusión.
Paralelamente, el Colegio de Profesores ha anunciado masivas movilizaciones nacionales para septiembre, debido a la nula respuesta del gobierno al petitorio presentado hace unos meses con motivo de la negociación colectiva, que incluye mejoras salariales y laborales.
Pese a que el gobierno ha manifestado su intención de continuar el diálogo con los maestros y concluir el proceso con éxito, los profesores están aprovechando la coyuntura para instalar nuevamente sus históricas demandas por una educación pública de calidad, en consonancia con las peticiones estudiantiles.
El magisterio exige, entre otras cosas, la derogación de la LOCE, el fortalecimiento del rol regulador y fiscalizador del Estado, cambios en el financiamiento educativo y la creación de una superintendencia de educación.
Vásquez señala que en el consejo asesor hay consenso en torno al fracaso de la "municipalización", pero que aún no están definidas las características que debería tener la nueva institucionalidad. Se ha planteado, por ejemplo, crear un organismo administrativo público, con base territorial, que dependa del Ministerio de Educación.
En tanto, Carolina Velasco, investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la oposición derechista, y también integrante del consejo asesor, comentó a IPS que "la derogación de la LOCE a la que aspiran sólo los estudiantes y profesores no resuelve el problema de la educación chilena".
"Más bien hay que enfocarse en crear una institucionalidad fuerte que asegure la calidad, lo que significa pensar en políticas de gestión y revisión del Estatuto Docente", dictado luego del retorno de la democracia para regular las condiciones de trabajo de los educadores, aseguró.
Velasco reconoció que el elevado número de integrantes del organismo ha demorado el trabajo de las distintas comisiones y subcomisiones. No obstante, la mayoría de los participantes está haciendo un trabajo serio y comprometido, considerando que no reciben ningún incentivo económico por el tiempo dedicado, consideró.
La investigadora se negó a adelantar la magnitud de la reforma que podrían derivar de las propuestas del consejo, pero aseguró que se ha "avanzado bastante".
Rodrigo Cornejo, coordinador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, no representado en el consejo asesor, estimó que la realización de cambios estructurales en el sistema educativo chileno "depende exclusivamente de la voluntad del gobierno".
El académico comentó a IPS que el Ejecutivo ha tenido una actitud ambigua, dado que creó un consejo asesor para discutir transformaciones profundas, pero paralelamente ha enviado proyectos de ley al Congreso legislativo que se basan en el modelo actual.
A su juicio, el diagnóstico es claro. "El modelo chileno es considerado un experimento anómalo en el mundo ", ya que partió de la base de que el mercado garantizaría la calidad y la equidad de la educación. "No se necesita un consejo asesor para saber que el sistema se debe corregir reformando la Constitución y la LOCE, cambiando el modelo de financiamiento y terminando con la municipalización", acotó.
"Creemos que el gobierno sólo está dilatando cambios que son urgentes", arguyó.
La situación que vive la educación municipal, que recibe subvención del Estado, es crítica. A fines de junio, la Asociación Chilena de Municipalidades amenazó con la realización de un paro el día 1 de septiembre si el gobierno no entregaba 200.000 millones de pesos (372 millones de dólares) para paliar déficit financieros.
Esto obligó al Ejecutivo a aprobar en forma urgente un préstamo de 30.000 millones de pesos (unos 55 millones de dólares), dinero que beneficiará a alrededor de 200 municipios. Además, los alcaldes protestan por la poca flexibilidad que les otorga el Estatuto Docente, en cuanto a contratar y despedir personal.
La educación privada que recibe aporte estatal también está en crisis. El martes, 35 padres decidieron tomarse el colegio particular subvencionado donde estudian sus hijos e iniciar una huelga de hambre, en la populosa comuna de Renca, en la capital.
Los apoderados denuncian que los niños y niñas estudian en precarias condiciones de infraestructura y salubridad y reclaman la intervención del Ministerio de Educación, que sin embargo no tiene todas las atribuciones necesarias para exigir calidad a los establecimientos privados que financia.
