Los bloqueos a carreteras y autopistas de Costa Rica por parte de transportistas, a los que se sumaron este miércoles otros sectores reunidos en el Comité Cívico Nacional, amenazan con paralizar este país.
Medidas de protesta aisladas y en puntos estratégicos del territorio, organizadas por los conductores de camiones conocidos aquí como traileros, comenzaron el lunes con la intención de que el Poder Ejecutivo pusiera fin al monopolio de tres años de la empresa de capitales españoles Riteve en la revisión técnica vehicular obligatoria.
Pero el panorama conflictivo se agravó con el paso de las horas, y la protesta del sindicato del transporte y de la Cámara de Transportistas acabó siendo vehículo de una amplia variedad de descontentos políticos, económicos y sociales.
El gobierno de Abel Pacheco tiene ahora sobre la mesa demandas de agricultores, empleados públicos, profesores de enseñanza secundaria y organizaciones sociales, todos declarados en huelga contra la aprobación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y por medidas contra la inflación.
Integran el Comité Cívico Nacional, que se sumó a la protesta, la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores, la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), y el Frente Interno de los Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entre otras organizaciones.
El gobierno y los ciudadanos transitan por un campo minado De milagro no hemos puesto un pie en una de esas minas, que haría que el país estalle, explicó a IPS el sociólogo Francisco Escobar, ensayista, ex catedrático de la Universidad de Costa Rica y ex director de doctorado de la Universidad Autónoma de Centro América, con sede en este país.
En la madrugada de este miércoles, el gobierno desmovilizó mediante la fuerza pública a manifestantes en el central Alto de Ochomogo, provincia de Cartago, 20 kilómetros al este de la capital, y en la oriental provincia de Limón, sobre el océano Atlántico. Pero la paralización se mantenía en el norte, en el sur y en la región central del país.
En el operativo policial fueron detenidas 60 personas que permanecen encarceladas. Conforme pasan las horas nuevos grupos en diferentes sitios se unen a la movilización social, cada uno con demandas propias y específicas.
Hasta ahora las negociaciones entre el gobierno y el Comité Cívico Nacional, con la mediación de la Iglesia Católica y la Defensoría de los Habitantes, han resultado infructuosas y el diálogo está suspendido
Marjorie Lizano, presidenta de la Cámara de Transportistas, hizo un nuevo llamado a retomar las conversaciones, pero los ánimos se caldearon tras el operativo de la madrugada.
Edgar Brenes, secretario adjunto de la ANEP, dijo a IPS que en una reunión sostenida en la mañana de este miércoles acordaron sumarse a las protestas varias organizaciones.
Ellas son la Unión de Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (Undeca), el Frente Interno de los Trabajadores del Instituto Costarricense de electricidad (ICE) y estudiantes de los estatales Universidad de Costa Rica e Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Este jueves habrá protestas en varias regiones del país y se llamará a una gran marcha que culminará frente a la Casa Presidencial, en San José, para pedir al gobierno que atienda las peticiones sobre la carestía, el monopolio de Riteve y la participación del país en el CAFTA (Tratado de Libre Comercio de América Central, por sus siglas en inglés), dijo Brenes.
El CAFTA ya fue acordado entre Washington y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, pero resta la ratificación parlamentaria en cada país.
Es hora de que el presidente Pacheco se dé cuenta del descontento generalizado de la población costarricense, que está en contra de las medidas neoliberales aplicadas a la economía por un grupo de personas que dirigen de manera paralela al país, dijo Brenes.
Ya muchos costarricenses tienen que optar por pagar la leche y no poder cumplir con el pago de la electricidad por el elevado costo de la vida, dijo.
El aumento del gobierno para los empleados públicos fue de 5,4 por ciento, cuando la inflación actual de es de 7,7, y terminaremos el año con una inflación que posiblemente llegue al 13 por ciento. Ya este pueblo no da más y el gobierno tiene que entender, sostuvo el sindicalista.
En la diversidad de demandas estriba uno de los problemas mayores de la actual situación, opinó Escobar.
Ya nadie sabe por qué se lucha, porque cada grupo tiene que expresar su propia disconformidad. Ni siquiera el mismo gobierno tiene claro cuál es principal punto en discusión, sostuvo.
La gente se manifiesta en las calles debido a la falta de representatividad que percibe en el Congreso, donde los diputados no responden a sus intereses sino a los de los grupos de poder, agregó Escobar.
Sin embargo, las raíces de los problemas que cristalizaron el lunes se gestaron en los últimos 20 años, y responden a factores como la incapacidad de la clase política para resolver asuntos de carácter eminentemente técnico en la salud, la educación y la economía, entre otros.
En puestos técnicos se nombra a personas que mantienen vínculos con los políticos, pero no a aquellas que están capacitadas para plantear soluciones a los problemas cotidianos de los ciudadanos, enfatizó.
La reacción del movimiento liderado por el Comité Cívico sólo tiene comparación con el denominado Combo del ICE, un conjunto de proyectos legales para privatizar las telecomunicaciones administradas por ese monopolio estatal, y que dio pie a bloqueos y protestas en todo el país en abril de 2000.
La privatización finalmente no se llevó a cabo.
Pero en aquella ocasión el propósito de la inquietud social estaba delimitado.
Se ha dado un proceso acumulativo. Los problemas han adquirido una gran magnitud, que ni el gobierno ni nadie sabe ya cuál es, estimó Escobar.
Mientras, crece el temor al desabastecimiento por el paro del transporte en este país de 4,2 millones de habitantes. La población formó largas filas desde el martes frente a las gasolineras, algunas de las cuales debieron cerrar sus puertas por falta de combustible para atender la enorme demanda.
Lo grave para el gobierno es que toda la vida nacional está involucrada en la actual situación, lo que constituye una excelente estrategia de los organizadores del paro, dijo Escobar.
A mí esto se me parece mucho al contexto que se dio en los años 40 y que culminó con la guerra (civil) de 1948, desatada con motivo de la anulación de las elecciones de ese año y que duró apenas unas semanas, agregó.
La gravedad de ahora es que hay mucha gente armada. Muchas de las armas que se perdieron en la guerra de Nicaragua (en los años 80) están en Costa Rica, porque miles de nicaragüenses laboran como policías en el país, advirtió Escobar.
Si por error o una estrategia equivocada, la fuerza pública dispara en uno de los bloqueos de carreteras, el país puede verse envuelto en un charco de sangre, con terribles consecuencias, alertó el sociólogo.
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