GINEBRA – Liberar a las personas del trabajo forzoso y reintegrarlas a la fuerza laboral podría generar un aumento del producto interno bruto (PIB) mundial de 611 000 millones de dólares, impulsado por la demanda, revela un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) divulgado este miércoles 18.
Francesca Francavilla, economista principal de la rama Fundamentos de la OIT, expuso que “acabar con el trabajo forzoso es, ante todo, un imperativo humano y una obligación legal” y “los beneficios financieros identificados en nuestro estudio también sugieren que tiene un claro sentido económico”.
El monto de 611 000 millones de dólares en el PIB provendría de transferir a los trabajadores liberados y a la economía formal los recursos captados por los responsables de la economía ilícita donde ahora laboran esos trabajadores.
El trabajo forzoso se encuentra en casi todos los tipos de actividad económica, tales como trabajo doméstico, construcción, agricultura, minería, manufactura y explotación sexual, y más de 10 % de los así explotados son niños.
Más de 27,6 millones de personas están sometidas a trabajo forzoso en todo el mundo, según la publicación de la OIT 2022 “Global Estimates of Modern Slavery”.
Esa cifra supuso un aumento, desde 2016, de 2,7 millones de personas en trabajo forzoso.
Por lo tanto, la comunidad mundial se ha quedado aún más rezagada en su compromiso de poner fin al trabajo forzoso para 2030, de conformidad con la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El ODS8 planteó, desde su adopción en 2015, “Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos”.
Y frente a las crisis económicas y políticas, tensiones geopolíticas y desafíos estructurales, incluida la informalidad persistente y la intensificación de los efectos adversos del cambio climático, el riesgo de trabajo forzoso sigue aumentando en muchas partes del mundo, según la OIT.
Su documento muestra que el costo único de la puesta en marcha de intervenciones clave para combatir el trabajo forzoso se estima en 212 000 millones de dólares -o el 0,14 % del PIB mundial-, aunque esa cantidad solo cubre los esfuerzos específicos y no incluye las reformas políticas y legales más amplias que son necesarias.
Es decir, que el costo de la acción para suprimir el trabajo forzoso sería “considerablemente superado por los beneficios económicos resultantes para la sociedad”, además de la indiscutible defensa de los derechos humanos.
“El riesgo del trabajo forzoso sigue amenazando a millones de personas en todo el mundo. Si queremos invertir esta tendencia y volver a la senda del progreso, necesitamos urgentemente invertir más en acción”, dijo Scott Lyon, investigador de políticas de proyectos de la OIT en esta ciudad suiza.
El aumento previsto del PIB también supondría un incremento de los ingresos fiscales y un ahorro en los servicios destinados a las víctimas del trabajo forzoso. Esos recursos públicos adicionales podrían utilizarse para avanzar en los objetivos nacionales de desarrollo.
El informe de la OIT subraya, sin embargo, que los resultados no pueden presentarse en términos simples de costo-beneficio, debido a la necesidad de inversiones más amplias para abordar la causa fundamental del trabajo forzoso.
No obstante, sugiere que el aumento potencial del PIB derivado de la erradicación del trabajo forzoso justifica económicamente la inversión adicional.
Por ello, la OIT hace un llamamiento a los gobiernos, y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, para que desarrollen estrategias nacionales que movilicen recursos y aborden los déficits de financiación, en las que el apoyo internacional desempeñe un papel crucial.
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