COBIJA, Bolivia – Las casas derruidas por la inundación de 2024, en la fronteriza ciudad de Cobija, en el norteño departamento de Pando, en la Amazonia boliviana, quedan como muestra de la fragilidad de la zona colindante con Brasil y separada por el divisor río Acre, que en el momento de mayor caudal aumentó hasta 17 metros su nivel.
En las calles de la margen cercana al río internacional se respira un aire de abandono mientras el barro pegajoso, la arena fina y charcos de agua pintan la superficie de la vía urbana de la zona que en estos días recibe las lluvias anticipadas atribuidas al cambio climático, acompañadas de elevadas temperaturas.
El departamento de Pando, con su capital Cobija, se encuentra a 1086 kilómetros al noroeste de la sede de gobierno La Paz, y según el censo del año 2024 tiene 134 194 habitantes, de una población nacional de 11,3 millones.
La geografía de la región está conformada por llanuras con una altitud media de 280 metros sobre el nivel del mar, selva y ríos que surcan la cuenca amazónica, con abundancia de lagunas, arroyos y humedales, y un clima tropical húmedo, que la convierte en el departamento más lluvioso de los nueve que conforman Bolivia.
Por estas características, los ríos tienen crecidas estacionales influenciadas por la temporada de lluvias comprendida entre los meses de noviembre a marzo.
“Si no nos inundamos en 2026, con seguridad en 2027 el nivel del río Acre va a superar los 17 metros que alcanzó en 2024”: Ernesto Roca.
Pando sustenta su economía en la recolección y exportación de castañas (Bertholletia excelsa), que en 2024 aportaron 170 millones de dólares por unas 27 000 toneladas recolectadas por unas 200 familias. En segundo lugar está la extracción de madera que generó ingresos por 10,4 millones de dólares ese mismo año, según la Cámara Forestal de Bolivia.
En el departamento conviven los pueblos originarios amazónicos Tacana, Esse Ejja, Kabineño, Machineria y Yaminahua, organizados en la Central de Pueblos Indígenas de la Amazonía de Pando (Cipoap) y la Central de Mujeres Indígenas (Cimap).
Esas organizaciones tienen la labor de defensa del territorio ante la presencia irregular de mineros, madereros, pescadores y cazadores, que solo dejan perjuicios para su población y la riqueza natural de la mayor región amazónica del país.
Sobrevivientes de la inundación
A pocos metros del lugar y rodeada de algunas viviendas afectadas por las ultimas inundaciones, una escuela pública aparece vistosa por su pintura cuidada, su frontis de rejas notablemente mejorado frente a otras construcciones derruidas del lugar.
La unidad educativa Héroes de la Distancia queda como el patrimonio de los damnificados que lograron salvar el espacioso lugar de educación de niños y adolescentes, pero el brillo de la actual edificación solo fue posible después de retirar toneladas de barro, relató una madre de familia a IPS.
Después de la inundación de 2024, el barrio quedó como una “zona roja”, refiere otra ciudadana para describir al lugar como área de alto riesgo para la seguridad pública.
En el lugar se registran enfrentamientos con armas de fuego entre personas dedicadas a los asaltos. “Si no fuera por el colegio, sería una zona deshabitada”, destaca una tercera mujer entrevistada por IPS.
Esta apacible ciudad ya tiene historias de violencia generada por el tráfico de drogas o por ciudadanos que viven al margen de la ley. Es una zona fronteriza que limita con Perú, además de Brasil.
“Los padres de familia dimos vida al colegio durante 37 años”, cuenta a IPS Nashira Alpire sin esconder la satisfacción por la rehabilitación del centro educativo en el cual trabaja, sin remuneración, como presidenta de la Junta Escolar para beneficio de unos 700 estudiantes.
Cuando el rio Acre se desbordó vieron desaparecer casas, calles y jardines inundados. El colegio estaba sumergido en agua y lodo, y hoy quedan algunas huellas de las aguas de color ocre impresas en lo alto de las paredes.
Con impotencia, sintieron que la ayuda material no llegaría y luego de atravesar un comprensible enojo y de enjugar las lágrimas, los padres y madres de familia resolvieron salvar al colegio con esforzado trabajo, según relataron una maestra y una madre del centro de enseñanza primaria y media.
En el barrio Villamontes, la emergencia de las inundaciones de 2024 mantuvo a los habitantes en tensión durante dos semanas, comenta a IPS el profesor de ajedrez Vicente Mamani.
La labor del maestro en la enseñanza extracurricular de esta especialidad en Cobija es muy conocida y tras la crisis emprendió su propio proyecto de transmitir conocimientos a niños y adolescentes. Con un préstamo bancario reparó los daños de las aguas que alcanzaron una altura de 70 centímetros, y habilitó un salón donde ahora imparte clases.
Perder el hogar dos veces
La declaratoria de zona de desastre llegó más pronto que la ayuda. Alpire era una microempresaria del rubro de la alimentación y las aguas llegaron sin aviso e inundaron su hogar donde tenía instalados tres hornos. “Perdí todo”, resume con voz de resignación.
Sin el dinero que generaba su actividad suspendió los pagos de un crédito bancario y tras un acelerado proceso, el acreedor remató la vivienda y la desalojaron junto a sus hijos.
A continuación, personas dedicadas al consumo de drogas asaltaron la casa, la desmantelaron extrayendo puertas, ventanas y accesorios del hogar. Hoy está abandonada.
En lugar de ofrecer una oportunidad para pagar, “los bancos quitan los inmuebles y los dejan que se pudran. Como mi casa hay muchas que están quedando abandonadas en el barrio Mapajo, en el primer distrito de Cobija, que paga impuestos y mantiene en pie al gobierno municipal”, se lamenta.
Delmar Mejía, también vecino del barrio Mapajo, protagonizó una huida junto a su familia antes que toda su vivienda quedase sumergida bajo lodo y agua. Alquiló temporalmente una vivienda en una zona más alta, pero no pudo rescatar muebles y utensilios.
Esperó unos 10 días antes de volver al lugar que habita por la cercanía con el centro de la ciudad, y encontró su vivienda con una capa de barro de unos 15 centímetros y el ambiente dominado por el olor a podrido. “Es una cosa muy triste”, relata.
Emergencia permanente
“Si no nos inundamos en 2026, con seguridad en 2027 el nivel del río Acre va a superar los 17 metros que alcanzó en 2024”, presagia el exoficial de marina Ernesto Roca basado en la experiencia adquirida durante los siete años que dirigió la Unidad de Gestión de Riesgo de la Gobernación de Pando.
En entrevista con IPS, describió al departamento como una zona con seis millones de hectáreas de bosque amazónico con dos estaciones marcadas por la época de lluvias y la época seca.
“La lluvia viene con monzones amazónicos y con tormentas eléctricas que ocasionan inundaciones. Se registran precipitaciones pluviales que alcanzan hasta los 2500 milímetros (por metro cuadrado)”, recordó.
En 2024, la inundación derivada del crecimiento de las aguas del río Acre afectó a 5000 familias que habitaban 20 barrios de la ciudad de Cobija y el impacto obligó a las autoridades de entonces a declarar un estado de desastre, recordó Roca.
¿Pando tiene suficientes medios para afrontar emergencias como la de 2024?, preguntó IPS al senador de este departamento Sichard Soraide. “No creo. Tengo la seguridad que Pando no cuenta con los medios ni las herramientas para mitigar emergencias”, respondió el legislador.
A través de su Secretaría de Finanzas, la gobernadora departamental Gabriela de Paiva Padilla atendió las consultas de IPS y su respuesta también refleja inquietud acerca de los fondos destinados a las emergencias climáticas.
“Por supuesto que estamos atravesando por serios problemas de falta de recursos que se transfieren desde el gobierno central, pero esta situación se está regularizando, pues estamos recibiendo mayores recursos en los últimos meses”, señaló.
Ante posibles emergencias derivadas del cambio climático, “estamos fortaleciendo nuestra Unidad de Gestión de Riesgos”, anunció la gobernación que prevé acudir al Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (Conarade) en caso de superarse sus capacidades operativas.
El plan de fortalecimiento de la unidad encargada de atender emergencias prevé un incremento de su presupuesto de 4280 a 30 956 dólares, al tipo de cambio oficial, entre 2026 y 2027, según el informe que anuncia como prioritaria la protección de las comunidades indígenas así como sus fuentes de producción ante las amenazas naturales.
El gobierno municipal de Cobija también atraviesa dificultades financieras que afectaron al pago de sueldos a sus empleados. El secretario general de los trabajadores municipales, Pedro Tabares Rojas, explicó el esfuerzo de las nuevas autoridades locales por atender las peticiones salariales.
Desde el mes de abril, los pagos alcanzaron regularidad y sólo se adeudan sueldos de los meses de diciembre y marzo, dijo a IPS.
En una consulta enviada por IPS al Ministerio de Economía, se preguntó sobre las previsiones de este despacho para asistir a Pando en casos de emergencia por inundaciones o sequías, pero hasta la publicación de este reportaje no se recibió una respuesta, mientras las lluvias comienzan a asomar en esta empobrecida región.
ED: EG
