GINEBRA – Expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos expresaron su preocupación “por el grave deterioro de las libertades fundamentales y del espacio cívico, así como los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador”, en una declaración publicada este viernes 24.
Ese deterioro “se ha profundizado por la respuesta estatal al paro nacional (que acaba de concluir), e incluye restricciones a los derechos de asociación, reunión y expresión”, dijeron los expertos, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en esta ciudad suiza.
Desde el 18 de septiembre se desarrolló un paro, convocado por el movimiento indígena y que afectó a varias provincias, marcado por cierres de vías, asambleas y marchas contra la eliminación de subsidios al combustible diésel dispuesto por el presidente Daniel Noboa, y otras reivindicaciones.
Durante la represión de las protestas se registraron tres muertes, entre ellas la de un comunero indígena kichwa, decenas de heridos y se detuvo a unas 140 personas. En una ocasión una caravana en la que viajaba Noboa fue atacada con objetos contundentes y el mandatario atribuyó el hecho a manifestantes.
Según los informes de los expertos de la ONU, durante el paro se registraron tres personas fallecidas, 282 heridas, 172 detenidas y 15 víctimas de desaparición.
El paro fue formalmente levantado el 22 de octubre por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), aunque sin conseguir las demandas que llevaron a la protesta.
Su líder Marlon Vargas denunció con el anuncio que “el gobierno ha demostrado que la violación de los derechos humanos no representa un límite para sus decisiones”.
El día 23 Noboa denunció un intento de envenenamiento en su contra en un obsequio con alimentos recibido durante un encuentro con agricultores la semana pasada.
Las protestas alteraron escasamente la actividad y vida cotidiana en las principales ciudades, como Quito y Guayaquil, y se sintieron con mayor fuerza en las provincias del norte del país con fuerte presencia de población indígena.
A la protesta por el tema del diésel las manifestaciones agregaron reclamos para una rebaja del impuesto al valor agregado y contra los proyectos extractivistas en la Amazonia ecuatoriana que el gobierno adelantaría sin consultar debidamente a las comunidades indígenas y campesina s que pueden ser afectadas.
Los expertos de la ONU dijeron que “las autoridades ecuatorianas respondieron a estas protestas con un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluidos gases lacrimógenos y municiones letales”.
“La respuesta militar a las protestas sociales, junto con la recurrente declaración de estados de excepción desde enero de 2024, varias declaradas como inconstitucionales en todo o en parte por la Corte Constitucional, son incompatibles con la obligación del Estado de proteger y facilitar el derecho a la manifestación pacífica”, señalaron.
Agregaron que “la Corte también ha sido objeto de acoso y persecución, al ser declarada enemiga del pueblo y objeto de ataques a su reputación”.
Denunciaron que las autoridades “intentaron asociar el paro nacional con acciones terroristas vinculadas al crimen organizado sin contar con pruebas necesarias”.
“Este patrón de ataques parece estar diseñado para silenciar y a las organizaciones de la sociedad civil y a los pueblos indígenas”, según la declaración.
En sus críticas, los expertos incluyeron que a las agrupaciones que protestan se les pueda congelar sus cuentas bancarias sin orden judicial.
Los expertos que firman la declaración son Gina Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Cecilia Bailliet, experta sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional, y Albert Barume, relator sobre los derechos de los pueblos indígenas.
También George Katrougalos, experto sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Margaret Satterthwaite, relatora sobre la independencia de los magistrados y abogados, y Ben Saul, relator sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
Con ellos, los expertos que integran los grupos de trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, y el que trabaja sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales.
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