MÉXICO – En las democracias incipientes, donde las reglas se escriben al ritmo de los acontecimientos y las instituciones apenas comienzan a cimentarse, el poder tiende a aferrarse a sí mismo con una fuerza casi gravitacional.
No existe una traducción exacta al español para el término incumbent: no es solo la administración en funciones; sino la coalición que compite desde el núcleo del poder, articulando recursos e imponiendo una narrativa que en sistemas más establecidos sería ventaja. Añade a ello una economía en ciernes y ese fenómeno resulta definitorio para el rumbo político de toda una generación.
Así se perfilan las elecciones generales del 1 de septiembre en Guyana, el único país angloparlante de Sudamérica.
A pesar de la limitada cobertura internacional, la contienda ocurre en un contexto excepcional: Irfaan Ali, del People’s Progressive Party (PPP), busca la reelección en medio de un tsunami económico y geopolítico.
La explotación masiva de reservas petroleras ha catapultado al país, ubicándolo entre las economías de mayor crecimiento del mundo.
El sistema electoral añade un matiz crucial: los votantes no eligen directamente al presidente, sino listas cerradas que reparten los 65 escaños de la legislativa Asamblea Nacional. El líder de la lista más votada se convierte automáticamente en presidente.
Por tanto, más que la presidencia, la composición del Legislativo determina la gobernabilidad. La gran pregunta no es si el PPP retendrá el poder, sino en qué condiciones lo hará y cuán fragmentada será el parlamento.
Al mismo tiempo, el vicepresidente Bharrat Jagdeo -expresidente (1999-2011) y cerebro detrás de la gestión- seguirá siendo un eje estratégico, legitimando decisiones y orientando políticas. La dupla Ali-Jagdeo transmite estabilidad, pero también subraya la dependencia de un liderazgo de largo aliento que, legitimado en Georgetown y en Washington, deja poco espacio a voces disidentes.
Dicho esto, la dinámica parlamentaria podría ser más compleja. La coalición Apnu (A Partnership for National Unity) y WiN, bajo la tutela de Azruddin Mohammad -figura controvertida pero hábil para capitalizar el descontento- podría obtener un número significativo de escaños.
Esto obligaría al oficialismo a negociar, equilibrando un mandato presidencial con un Legislativo fragmentado. Con cerca de 15 % de población amerindia y un electorado joven más decisivo, la fidelidad étnica ya no garantiza mayorías automáticas.
La política guyanese arrastra un desafío racial persistente. El PPP ha intentado tejer puentes entre indo- y afro-guyaneses, pero en la práctica sigue identificado con la comunidad indo-guyanesa, lo que proyecta implicaciones geopolíticas: India busca consolidar lazos estratégicos con Georgetown.
Conciliar tensiones étnicas internas y traducirlas en estabilidad será uno de los principales retos de la próxima administración.
La bonanza petrolera apenas comienza a transformarse en dividendos tangibles. Con una población reducida, las expectativas aún son moderadas, aunque ya se observan cambios inéditos en infraestructura urbana, carreteras y puertos.
Se proyecta que para finales de la década de 2030 Guyana exportará hasta 1,7 millones de barriles diarios. Pero el auge trae consigo riesgos conocidos: inflación, desigualdad y el reto de manejar la avalancha de divisas extranjeras.
La bonanza coloca a Guyana bajo el radar geopolítico. Estados Unidos ve en Georgetown un socio estratégico no solo en el Caribe sino también en Sudamérica. China, por su parte, busca profundizar inversiones en infraestructura y energía.
En este escenario, la integración con Suriname y Brasil -sin excluir al resto del hemisferio- será crucial para mitigar los efectos de la “enfermedad holandesa”. Por ejemplo, con Brasil, la conexión con el norte y particularmente con los estados del Nordeste -en repunte económico- promete abrir corredores de transporte y energía que refuercen la inserción regional de Guyana.
Guyana se juega mucho más que la estabilidad de un ciclo político. Está en curso una reconfiguración de su rol regional.
La cercanía geográfica con Venezuela -sumida en crisis-, la posibilidad de articulación energética con vecinos y la atracción de capitales internacionales convierten al país en un laboratorio del nuevo orden energético del hemisferio.
La política exterior guyanesa, marcada por pobreza estructural, enfrenta un reto histórico: demostrar que una democracia joven puede equilibrar el crecimiento económico con el crecimiento de las capacidades del Estado no coercitivas, al mismo tiempo que define su rol global como economía de oportunidades.
El segundo mandato de Ali, si se confirma, será un ejercicio de equilibrio: impulsar infraestructura, educación y apertura internacional mientras se negocia con una oposición enraizada y un electorado más exigente.
A ello se suma la migración: cubanos, venezolanos, brasileños y trinitarios llegan en números crecientes. Las tensiones locales ya visibles exigen políticas claras de integración y cohesión social que acompañen la diversificación económica.
Hacia 2030, el país enfrentará el desafío de construir instituciones sólidas capaces de resistir los embates de la renta petrolera. Evitar que el boom se traduzca en desigualdad y polarización será clave.
El gran interrogante es si Guyana logrará traducir su inesperada riqueza en estabilidad democrática, o si quedará atrapada en los ciclos de dependencia y conflicto que han marcado la historia de otras economías rentistas.
Su futuro dependerá de la capacidad de liderazgo para transformar la riqueza en desarrollo sostenible, conciliando crecimiento, equidad y estabilidad en un momento histórico sin precedentes.
Gerardo Penchyna Cárdenas es analista de riesgo político con la consultora de origen brasileño, Arko International Research & Public Affairs. Cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Georgetown y una licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de Rice.
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