SAN SALVADOR – En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador revocó una histórica sentencia sobre la minería metálica para volver a autorizar esta actividad en el país, siete años después de convertirse en la primera nación del mundo en prohibirla explícitamente.
La extracción de oro tiene una larga y conflictiva historia en el país, que se remonta a la época colonial y ha dejado secuelas ambientales profundas, como la contaminación de los ríos causada por el drenaje ácido de las minas.
La nueva ley establece que solo el gobierno del presidente Nayib Bukele puede autorizar o llevar a cabo la minería, aunque puede hacerlo a través de “instituciones creadas o diseñadas específicamente para esta actividad, o a través de empresas en las que tenga participación”.
Durante los días en que se aprobó la ley, Vidalina Morales —una de las mujeres que ha alzado la voz por años contra la minería en El Salvador— vivió las noches como un infierno, asegura. Sobre todo al caer el sol, circulaban incesantemente vehículos extraños en su comunidad de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, una zona donde el conflicto minero ha sido central.
Los interminables ladridos de perros alterados por los foráneos que ingresaban a la zona rural rompían el silencio nocturno. No sabe con certeza quiénes iban en esos vehículos, pero sus vecinos le advirtieron que “tenga precaución”.
Morales, al igual que sus compañeros de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (Ades), tienen más de 20 años de ejercer labores de resistencia en Santa Marta. Ella sospechó que en los vehículos extraños podrían viajar policías con la intención de arrestarla. Desde meses atrás, ADES había denunciado acoso policial contra la comunidad y este se vio recrudecido luego de la re-introducción de la minería, según Morales.
La activista sostiene que en Ades nunca dejaron de estar en resistencia, ni siquiera tras la entrada en vigor de la prohibición de la minería en 2017. En 2023, cinco miembros de Ades fueron arrestados y acusados de un supuesto delito ocurrido durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
Ese proceso judicial aún continúa y Ades está convencida de que es una represalia por su lucha antiminera. Los activistas han optado por no presentarse a las audiencias pues consideran que no hay garantías de un proceso justo.
Otras organizaciones han mostrado un visible rechazo a la nueva Ley de Minería. En marzo la Iglesia católica presentó más de 150 000 firmas ante la Asamblea Legislativa que piden derogar la Ley. Organizaciones sociales presentaron otras 59 000 firmas y una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Todas estas actividades, sin embargo, no han logrado cambiar la decisión del gobierno. Al contrario, de forma discreta e, incluso antes de la aprobación de la nueva ley, algunas empresas han empezado a inscribirse en el Registro de Comercio con el objetivo de la explotación de minerales en el país.
Un veterano minero muestra interés
La nueva Ley de Minería Metálica en El Salvador, aprobada el 23 de diciembre de 2024, ya ha comenzado a atraer a figuras conocidas del sector, aunque hasta ahora no se han anunciado proyectos concretos. Desde diciembre, al menos tres empresas relacionadas con el comercio de metales se han inscrito en el Registro de Comercio de El Salvador.
Entre ellas se encuentra una empresa formada por dos veteranos de la minería con un historial controvertido en Centroamérica.
Citalá Resources, registrada oficialmente el 27 de febrero de 2025 como empresa de explotación minera, fue fundada por dos abogados de una firma especializada en inversión extranjera, pero su junta directiva revela un perfil minero más robusto.
El canadiense Simon Ridgway aparece como presidente y el venezolano Pedro Rafael García Varela como vicepresidente. Ambos están ligados a la empresa canadiense Radius Gold Inc., con casi 30 años de experiencia en la minería aurífera en Perú, México, Guatemala y Honduras.
Ridgway y García Varela también fundaron Entre Mares de Guatemala, una empresa que participó en el proyecto de minería de oro Cerro Blanco en ese país, y una filial de Bluestone Resources, con sede en Canadá, y anteriormente de la ahora desaparecida gigante minera canadiense Goldcorp.
El proyecto Cerro Blanco ha sido criticado por su presuntos malos manejos y por riesgos de contaminación del Lago de Güija, compartido con El Salvador, y conectado al Río Lempa, la principal fuente de agua de El Salvador.
Aunque el permiso de explotación minera del proyecto fue revocado en junio de 2024, la mina fue posteriormente vendida a la empresa canadiense Aura Minerals como parte de su adquisición de Bluestone.
Desde entonces, el nuevo propietario ha respondido a las acusaciones de que supone una amenaza para el medio ambiente, afirmando su “compromiso con una minería responsable y sostenible”.
Radius Gold también participó en la mina San Martín, en Honduras, operada a través de las ahora desaparecidas Glamis Gold y Entre Mares de Honduras, también filiales de Goldcorp.
Aunque ya clausurado desde 2009, el proyecto es citado como un caso emblemático de los impactos negativos de la minería a cielo abierto: contaminación, conflictos sociales y presuntas violaciones a derechos humanos.
Según los documentos del Registro de la Propiedad y Catastro consultados por Dialogue Earth, hasta finales de abril de 2025, Citalá Resources no había registrado inmuebles a su nombre, pero su acta de constitución contempla fusiones y participación en sociedades de economía mixta. Esto es clave: la nueva ley establece que solo el Estado puede ejercer la minería metálica, pero permite hacerlo mediante asocios público-privados o empresas mixtas.
La legislación también ofrece beneficios fiscales a inversionistas extranjeros, incluyendo exenciones impositivas de hasta 10 o incluso 20 años.
Además de Citalá, otras dos empresas fueron constituidas el 17 de diciembre de 2024, seis días antes de la aprobación de la ley: Efatá, S.A. de C.V. y Mega Obras y Servicios, S.A. de C.V..
Ambas están vinculadas a ciudadanos extranjeros —colombianos y venezolanos— y fueron inscritas oficialmente en enero y febrero de 2025. En sus documentos fundacionales figuran como compañías de apoyo a actividades mineras.
Resistir en terrenos hostiles
A pesar de la revocación de la prohibición y del creciente interés de nuevas empresas, expertos han puesto en duda la viabilidad de nuevos proyectos.
Para Andrés McKinley, un académico e investigador de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), con décadas de experiencia en temas de minería metálica y gestión de recursos hídricos, no existe la viabilidad de un proyecto minero en El Salvador.
“Este país sigue siendo un país que sufre de estrés hídrico. No hay suficiente agua para responder a las demandas de la gente. Usted sabe que el estrés hídrico ocurre cuando la disponibilidad del agua llega a los 1700 metros cúbicos por persona al año. Y estamos ahí desde hace algunos años”, dice McKinley, haciendo referencia al indicador de estrés hídrico desarrollado y aplicado desde los años setenta.
No es lo único que lo vuelve inviable, y según McKinley, los estudios de prospección realizados hace alrededor de 20 años por la minera Pacific Rim arrojaron que la densidad de oro en el territorio salvadoreño apenas ronda entre los 5 ó 9 gramos por tonelada de tierra: menos de los necesarios para fabricar un anillo de oro.
En una publicación en X en noviembre, en la que anunciaba que se revocaría la ley, un mes antes de la decisión final, Bukele afirmó que El Salvador posee yacimientos de oro con la “mayor densidad por kilómetro cuadrado del planeta”. Esta afirmación ha sido rechazada o calificada como mentira por académicos y otros expertos.
El reporte plantea que los principales yacimientos de oro y plata del país se encuentran en la franja norte y oriente, sobre todo en los departamentos de Morazán, San Miguel y La Unión.
La cantidad aproximada con potencial de explotación minero son 1 681,89 kilómetros cuadrados, según el estudio, lo que equivale a cerca de 8% del territorio nacional.
Algunas de las zonas de interés fueron minas activas décadas atrás, como la de San Sebastián, una de las más grandes hasta los años noventa, y que genera desde hace años drenajes ácidos sobre el río del mismo nombre, en el departamento de La Unión.
En la actualidad, el gobierno salvadoreño se ha negado a revelar los estudios que fundamentaron su decisión para reactivar la minería metálica, y los declaró bajo reserva por considerarlos un “secreto comercial”.
El mapa publicado por el presidente Bukele en noviembre de 2024 coincide, sin embargo, con los mismos puntos señalados por el informe del Minec del año 2013.
“No estamos en contra de toda la minería, entendemos que necesitamos minerales, necesitamos metales”, explica McKinley. “Pero eso no significa que se haga en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia”, concluye.
Represión de las protestas
Ades y sus miembros no han parado sus actividades, pese a la pérdida del impulso de la minería en el discurso público. Como lo hicieron previo a la aprobación de la nueva ley, continúan realizando capacitaciones en el tema y manifestaciones comunitarias.
A inicios de junio, el abogado de los ambientalistas, solicitó la separación del juez de la causa por considerar que su criterio podría estar sesgado tras las acusaciones de que formó parte de la guardia nacional durante la guerra civil. La solicitud fue aprobada el 6 de junio.
Vidalina Morales dijo a inicios de abril pasado que en Santa Marta persistía una “relativa calma” pero “el temor está presente porque sabemos de lo que son capaces, ¿verdad? Lo hemos visto en todo lo que ha sido el régimen de excepción. El temor es que haya capturas”.
Hace dos años, su hijo fue arrestado utilizando el Régimen de excepción de El Salvador, un decreto legislativo aprobado en marzo de 2022 y que ha sido prorrogado durante más de dos años y suprime garantías constitucionales.
En la práctica, el Régimen ha permitido arrestos masivos el vigente en El Salvador desde marzo de 2022 y que ha dejado cientos de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Las comunidades de Cabañas, además, han padecido cercos militares repentinos bajo la justificación del Régimen.
A mediados de mayo, el gobierno salvadoreño ha ejecutado arrestos de activistas y defensores de derechos humanos; y la Asamblea Legislativa aprobó una ley que impone aumentos de impuestos a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes, medidas que podrían hacer prácticamente imposible el funcionamiento de algunos de ellos. Las organizaciones no han dejado de resistir.
Para este artículo se solicitaron entrevistas con el Ministerio de Medio Ambiente; la Dirección General de Hidrocarburos, Energía y Minas; y las nuevas empresas inscritas, sin que se obtuviera respuesta.
Este artículo se publicó originalmente en Dialogue Earth.
RV: EG
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