GINEBRA – México debe reconocer formalmente a las madres buscadoras de sus parientes desaparecidos como una categoría especial de defensores de derechos humanos, planteó este lunes 7 el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw en inglés) de las Naciones Unidas.
El Cedaw pidió “establecer normas mínimas a nivel nacional para su definición y medidas de protección, garantizando una protección mínima uniforme en todos los estados” de la república mexicana, en un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza.
Las madres buscadoras son las mujeres activistas mexicanas que buscan a sus familiares desaparecidos (principalmente, pero no exclusivamente, hijas e hijos) o sus restos, y durante años han reclamado justicia debido a la situación de los derechos humanos en México.
Las personas desaparecidas en el violento contexto de la actividad del narcotráfico y la lucha contra ese flagelo, suman más de 120 000.
En 2024, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas indicó que 116 294 personas se encontraban en el estatus de «desaparecidas», y de ellas 97 % desaparecieron después de 2006.
Las madres buscadoras, en medio de la búsqueda de sus parientes y de sus reclamos por justicia, han enfrentado hostilidad del Estado y de grupos antiderechos, y al menos 27 de ellas fueron asesinadas entre 2010 y abril de 2025.
La Cedaw pidió que, al reconocer formalmente a las buscadoras como una categoría especial de derechos humanos, el Estado mexicano debe establecer la recopilación y el monitoreo de datos para rastrear los patrones de violencia y así poder evaluar las necesidades de protección.
Asimismo, debe implementar medidas de protección con perspectiva de género, “que aborden la naturaleza inherentemente relacionada con el género de la violencia contra ellas”.
A renglón seguido, se demanda que establezca “programas de reparación con perspectiva de género que reconozcan a las «buscadoras» como víctimas de diversos tipos de violencia”.
Esos programas deben incluir “atención de salud mental adecuada, apoyo psicosocial que aborde las repercusiones psicológicas de la incertidumbre prolongada sobre el destino de sus familiares desaparecidos, y prevenga la victimización secundaria”.
Cedaw recuerda que esas mujeres recorren campos, hospitales, fosas clandestinas o morgues, encarando amenazas, agresiones, desplazamiento forzado y asesinatos, además de ser víctimas de desesperación y desgaste físico y emocional constante.
El informe recomendó desarrollar protocolos de protección colectivas que se adapten a las condiciones de búsqueda, incluyendo esquemas que cubran desplazamientos a zonas peligrosas, exhumaciones en fosas clandestinas y visitas a morgues u hospitales.
Insiste en que, luego de reconocerlas, México debe integrar a las buscadoras en el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, pues esa medida permitiría que reciban medidas de protección preventiva, no solo reactivas tras ataques.
Con relación a la impunidad en que se encuentran muchos casos de asesinatos y otras agresiones contra las buscadoras, el informe señala que, al no sancionar a sus agresores, México expone día a día a esas defensoras a la violencia e injusticia estructural presentes en el país.
El comité pidió llevar a cabo investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales de todos los ataques contra defensoras de derechos humanos y periodistas, garantizando la investigación y el enjuiciamiento efectivos de los perpetradores, así como la reparación integral de las víctimas.
Además, instó a México a fortalecer la coordinación transparente y efectiva entre autoridades federales y estadales, con protocolos homogéneos, e integración de la perspectiva de género.
El Cedaw reconoció que México ha promovido iniciativas a favor de la igualdad; sin embargo, consideró que los avances aún son limitados y exigió la creación de sistemas de monitoreo y rendición de cuentas vinculados a las recomendaciones de informes anteriores que todavía no se cumplen.
Entre las recomendaciones pendientes de implementarse citó la tipificación penal uniforme de desaparición forzada, la simplificación y eficacia de protocolos de alertas, y el fomento de registros oficiales y estadísticas confiables.
A-E/HM
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