WASHINGTON – Los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador han sometido a más de 200 venezolanos a desaparición forzada y detención arbitraria, denunció este viernes 11 la organización Human Rights Watch (HRW).
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, afirmó que “estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos”.
“La crueldad de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha dejado a estas personas por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso”, dijo Goebertus.
El 15 de marzo de 2025, el gobierno estadounidense envió a 238 venezolanos a El Salvador, donde fueron inmediatamente transferidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel conocida por sus condiciones abusivas.
Washington sostuvo que 137 de esos venezolanos integraban el Tren de Aragua, una banda criminal formada en Venezuela hace más de una década y sindicada de actuar en varios países del hemisferio, y los otros 101 fueron señalados como migrantes irregulares, recientemente aprehendidos.
Se estrenó así un acuerdo entre los presidentes Donald Trump y Nayib Bukele para encarcelar en El Salvador a detenidos que quiera expulsar Estados Unidos, a cambio de un pago -que por estas primeras deportaciones será de seis millones de dólares- que saludó con entusiasmo el gobernante salvadoreño.
“Estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos. La crueldad de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha dejado a estas personas por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso”: Juanita Goebertus.
Desde entonces, destacó HRW, los venezolanos permanecen incomunicados, y las autoridades estadounidenses y salvadoreñas no han divulgado la lista oficial de las personas trasladadas al Cecot, aunque el medio estadounidense CBS News publicó una lista filtrada de los nombres.
Familiares de las personas que aparentemente fueron trasladadas a El Salvador dijeron a HRW que los funcionarios salvadoreños no les han dado respuestas, y que las autoridades estadounidenses afirmaron que no podían compartir ninguna información sobre el paradero de sus familiares.
Como una primera demanda, HRW sostiene que las autoridades estadounidenses deben hacer pública la identidad de los venezolanos que fueron trasladados a El Salvador.
A su vez, el gobierno salvadoreño debe confirmar el paradero específico de los detenidos, revelar si existe alguna base legal para su detención y permitirles el contacto con el mundo exterior.
HRW entrevistó a 40 familiares de personas aparentemente trasladadas a El Salvador. Todos dijeron que las autoridades estadounidenses de migración avisaron a sus parientes que serían devueltos a Venezuela, y a ninguno le dijeron que serían enviados al país centroamericano.
La organización también envió una carta a las autoridades salvadoreñas el 5 de abril para solicitar información sobre la identidad de los detenidos, sus condiciones de detención en el Cecot y el fundamento jurídico de su detención. El gobierno de El Salvador no ha respondido.
El gobierno de El Salvador publicó un video en el que aparecían los rostros de algunos de los detenidos e internados en el Cecot, cárcel objeto de críticas por organizaciones internacionales humanitarias y entidades de derechos humanos tanto de las Naciones Unidas como del sistema interamericano.
Sin embargo, ninguno de los dos gobiernos publicó una lista de las personas enviadas y detenidas, ni aclaró el fundamento jurídico, si es que lo hay, para mantenerlos allí.
El gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros contra el Tren de Aragua, “una ley arcaica que data de 1798” según HRW, para la expulsión y reclusión en El Salvador del grupo señalado integrante del Tren de Aragua.
“Sin embargo, el gobierno no ha presentado ninguna prueba que establezca una relación entre las personas expulsadas y el Tren de Aragua”, se indicó.
HRW dijo que un funcionario del estadounidense Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “reconoció que muchos de los deportados a El Salvador no tienen antecedentes penales en Estados Unidos”.
También “muchos de los familiares de las personas enviadas a El Salvador compartieron con los investigadores de HRW documentos gubernamentales que indican que no tienen antecedentes penales en Venezuela ni en otros países de América Latina donde habían vivido durante los últimos años”.
El programa de la CBS “60 minutos”, citando documentos internos del gobierno y registros públicos, divulgó que se reconoce que al menos 75 % de los venezolanos deportados “no registra antecedentes ni cargos penales”.
Por su parte, la agencia Bloomberg investigó documentos oficiales según los cuales solo 10 de los deportados presentaban antecedentes por delitos como agresiones con armas de fuego, contrabando de personas o delitos aún menores.
“Para el resto de los hombres, no había información disponible que demostrara que cometieron otro delito que no fueran el tráfico o las violaciones de la inmigración en Estados Unidos”, según la agencia.
El gobierno salvadoreño no ha presentado ningún fundamento jurídico para detener a los deportados venezolanos y no ha ofrecido ningún indicio sobre su fecha estimada de liberación, si es que existe.
“Su detención parece ser totalmente arbitraria y potencialmente indefinida, una grave violación de las obligaciones de El Salvador en materia de derechos humanos”, asentó HRW.
Según el derecho internacional, una desaparición forzada se produce cuando las autoridades privan a una persona de su libertad y luego se niegan a revelar su estado o paradero. Se la considera especialmente grave porque deja a las personas por fuera de la protección de la ley y hace probable la comisión de nuevos abusos.
En Caracas se han registrado algunas manifestaciones de calle, y una vigilia ante la embajada de El Salvador, exigiendo información y libertad para los venezolanos detenidos arbitrariamente en el Cecot.
Goebertus dijo que “nadie debería verse en la situación de tener que juntar retazos de información de los medios de comunicación o interpretar el silencio de las autoridades para averiguar dónde están detenidos sus familiares”.
“Las autoridades salvadoreñas deben revelar urgentemente los nombres y la ubicación de todos los detenidos trasladados desde Estados Unidos y permitir que se pongan en contacto con sus familiares”, concluyó.
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