MONTEVIDEO – La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, se enfrenta a recortes devastadores que podrían eliminar entre 5000 y 6000 puestos de trabajo, con consecuencias potencialmente catastróficas para millones de personas que huyen de la guerra, la represión, el hambre y los desastres climáticos.
Esta institución de 75 años, creada para ayudar a los europeos desplazados por la Segunda Guerra Mundial, se enfrenta ahora a una crisis financiera sin precedentes, principalmente debido a la congelación de la ayuda exterior de Estados Unidos. Y el momento no podría ser peor.
Como documenta el 14 Informe anual sobre el estado de la sociedad civil de Civicus, una serie de crisis interrelacionadas, como conflictos, dificultades económicas y cambio climático, han creado una tormenta perfecta que amenaza a los migrantes y refugiados, que se enfrentan a políticas cada vez más hostiles y a peligrosos viajes por parte de gobiernos que dan la espalda a los principios de solidaridad internacional y derechos humanos.
Al menos 8938 personas murieron en las rutas migratorias de todo el mundo en 2024, lo que lo convierte en el año más mortífero registrado, con muchas de las muertes en el Mediterráneo y a lo largo de las rutas a través de América, incluido el mar Caribe, el tapón de Darién entre Colombia y Panamá y la extensa frontera entre México y Estados Unidos.
La tercera semana de marzo, seis personas murieron y otras 40 están desaparecidas después de que su barco volcara en el Mediterráneo.
Tragedias como estas se han repetido a lo largo del último año. En marzo de 2024, 60 personas, entre ellas una madre senegalesa y su bebé, murieron deshidratadas después de que su bote quedara a la deriva en el Mediterráneo.
En junio, agentes fronterizos estadounidenses encontraron siete migrantes muertos en los desiertos de Arizona y Nuevo México, en Estados Unidos. En septiembre, se encontró a siete personas aferradas a los lados de un barco que había zozobrado frente a la isla italiana de Lampedusa, después de ver cómo otras 21 personas, muchas de ellas familiares, se ahogaban a su alrededor.
Estas tragedias no fueron accidentes ni fallos de las políticas. Fueron el resultado predecible de decisiones políticas moralmente indefendibles.
La realidad detrás de la retórica
Los hechos contradicen las narrativas populistas sobre la migración que abruma a los países ricos. Al menos 71 % de los refugiados del mundo permanecen en el Sur global, con países como Bangladés, Colombia, Etiopía y Uganda que acogen a muchas más personas desplazadas que la mayoría de los países europeos.
Sin embargo, los gobiernos del Norte global siguen endureciendo las fronteras y externalizando la gestión de la migración para evitar las llegadas.
La segunda administración de Donald Trump ha declarado una «emergencia nacional» en la frontera sur de Estados Unidos, lo que permite el despliegue militar y promete deportaciones masivas, al tiempo que califica explícitamente a los migrantes de invasores, una retórica que la historia demuestra que puede conducir fácilmente a consecuencias mortales.
Europa continúa su propia trayectoria preocupante. Italia está intentando trasladar a los solicitantes de asilo a centros de detención albaneses, mientras que los Países Bajos han propuesto enviar a los solicitantes de asilo rechazados a Uganda, haciendo caso omiso de las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado, en particular contra las personas LGBTII+.
La Unión Europea está ampliando acuerdos controversiales con gobiernos autoritarios en Egipto y Túnez, pagándoles para que impidan que los migrantes lleguen a las costas europeas.
La retórica antimigratoria se ha convertido en una estrategia electoral común y eficaz. Los partidos de extrema derecha han obtenido importantes logros en las elecciones de muchos países haciendo campaña contra la inmigración.
Las narrativas demonizadoras desempeñaron un papel clave en la reelección de Trump. La movilización del sentimiento xenófobo se extiende más allá de Europa y Estados Unidos, desde la retórica antihaitiana en la República Dominicana hasta la campaña antibangladesí en la India.
La sociedad civil bajo asedio
Las organizaciones de la sociedad civil que prestan asistencia humanitaria son cada vez más criminalizadas por su trabajo. Italia ha declarado ilegal que las organizaciones de búsqueda y rescate realicen más de un rescate por viaje, impone fuertes multas por incumplimiento y dirige deliberadamente los buques de rescate a puertos lejanos.
Estas medidas han logrado su objetivo de reducir el número de barcos de rescate activos y han contribuido a los más de 2400 ahogamientos de migrantes registrados en el Mediterráneo solo en 2024.
El presidente de Túnez, Kaïs Saied, ha tachado de traidores y mercenarios a las personas que defienden los derechos de los migrantes africanos, lo que ha dado lugar a acusaciones penales y encarcelamientos.
A pesar de los crecientes obstáculos, la sociedad civil mantiene su compromiso de proteger los derechos humanos de los migrantes y refugiados. Los grupos de la sociedad civil mantienen operaciones de salvamento en entornos de desplazamiento desde el tapón de Darién hasta los campamentos de Cox’s Bazar en Bangladés.
Los proveedores de asistencia jurídica se mueven en sistemas de asilo cada vez más complejos para ayudar a las personas a acceder a la protección. Las organizaciones comunitarias facilitan la integración mediante la enseñanza de idiomas, la colocación laboral y las conexiones sociales.
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Los grupos de defensa documentan los abusos y presionan para que las autoridades estatales rindan cuentas cuando violan los derechos humanos de los migrantes.
Pero ahora operan con recursos cada vez más escasos en entornos cada vez más hostiles.
Los mecanismos de protección fundamentales se están desmantelando en un momento de necesidad sin precedentes. Las implicaciones deberían alarmar a cualquiera que se preocupe por la dignidad humana.
Si las fronteras siguen endureciéndose y desaparecen las vías seguras, más personas intentarán viajes peligrosos con consecuencias mortales.
La criminalización de la solidaridad corre el riesgo de eliminar los salvavidas fundamentales para los más vulnerables, y la retórica deshumanizadora está normalizando la discriminación e institucionalizando la indiferencia y la crueldad.
Un enfoque diferente es posible
En lugar de políticas reactivas basadas en el miedo, la sociedad civil puede impulsar enfoques integrales que defiendan la dignidad humana y, al mismo tiempo, aborden los complejos factores que impulsan la migración.
Esto significa afrontar las causas profundas del desplazamiento mediante la prevención de conflictos, la acción climática y el desarrollo sostenible.
También significa crear más vías legales para la migración, poner fin a la criminalización de la asistencia humanitaria e invertir en el apoyo a la integración.
Es necesario cuestionar la suposición fundamental de que la migración es una amenaza existencial en lugar de una realidad manejable que requiere una gobernanza humana y es un activo para las sociedades receptoras.
Históricamente, las sociedades que han integrado a los recién llegados se han beneficiado enormemente de sus contribuciones, tanto económica como cultural y socialmente.
En un mundo de desplazamiento global sin precedentes y en aumento, la cuestión no es si la migración continuará, lo hará, sino si se gestionará con crueldad o compasión.
Como deja claro el Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de Civicus, el trato a los migrantes y refugiados sirve como prueba de fuego: la forma en que las sociedades respondan demostrará o refutará su compromiso con la idea de una humanidad compartida, el principio de que todos los seres humanos merecen dignidad, independientemente de dónde hayan nacido o de los documentos que lleven.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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