LA HABANA – Tras ocho meses de haber emigrado de Cuba a Estados Unidos por su frontera sur, Camila teme ahora lo que no ha temido en su travesía migratoria por Centroamérica: que le alcance la ola de deportaciones que promueve la administración del presidente estadounidense Donald Trump.
“Cuando entré, había otro gobierno que tenía otro pensamiento. Ocurrió un cambio y claro que tengo temor de que me puedan deportar”, dijo a IPS por vía telefónica, cuando pidió mantener su apellido en el anonimato.
Camila ha seguido atentamente la retórica antiinmigrante de Trump durante la campaña electoral que lo llevó al triunfo en los comicios de noviembre, así como sus medidas posteriores al respecto, incluyendo las deportaciones masivas.
El presidente declaró su intención de revocar el estatus migratorio de los más de 530 000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo el permiso humanitario de residencia temporal –conocido como “parole”– y el CBP One, una aplicación móvil a través de la cual se realizan solicitudes de asilo desde México.
Apenas inició su segundo mandato el 20 de enero, Trump implementó una política de deportación de migrantes hacia sus países de origen, otorgando más poder al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), para agilizar el proceso sin que los indocumentados tengan que pasar mucho tiempo en las cortes.
El pavor de las deportaciones caló también en los cubanos recién llegados a Estados Unidos, sobre todo en quienes entraron con el documento I-220 A, una orden de liberación bajo palabra, que se le confiere a algunas personas detenidas en la frontera y luego liberadas por funcionarios de inmigración.
“No me atrevo a imaginar si llegaran a deportarme a Cuba. Haré lo posible para que no llegue esa situación. Emigré porque en Cuba sentía que no tenía futuro: allí se vive para cubrir, malamente, las necesidades básicas, pero la vida va más allá de eso”: Camila.
Las personas incluidas en ese esquema deben cumplir condiciones como asistir a las audiencias del tribunal de inmigración o no violar las leyes locales y federales, mientras dure su caso judicial por asilo. En tal situación, los cubanos no pueden solicitar la residencia permanente un año después de haber arribado, a través a de la Ley de Ajuste Cubano de 1966.
Varios reportes de medios de comunicación estadounidense y publicaciones en redes sociales han documentado detenciones de migrantes cubanos con I-220A en el sureño estado de Florida, sin una justificación clara, aunque no tuvieran antecedentes penales, en contraposición al discurso de Trump que apuntaba a personas con historial delictivo.
Enrique Agüero, residente en la Florida desde hace un año por la Ley de Ajuste Cubano, opinó ante IPS que las redes y la prensa exageran.
“Por lo general, veo el ambiente tranquilo: no veo redadas, ni a la policía apresando a la gente. Creo que es más ruido de la televisión que otra cosa”, asegura.
Ese mismo “ruido” empujó a Camila a buscar asesoramiento legal, pues entró a Estados Unidos por el CBP One, una iniciativa de la administración del presidente anterior, Joseph Biden, que ahora el nuevo gobierno desestima y hasta considera ilegal.
Su abogado le recomendó, para una protección legal extra, comenzar el proceso de asilo, por si el otorgamiento de la residencia, mediante la Ley de Ajuste Cubano, demorara o fuera inhabilitado para casos como el suyo.
“No me atrevo a imaginar si llegaran a deportarme a Cuba. Haré lo posible para que no llegue esa situación. Emigré porque en Cuba sentía que no tenía futuro: allí se vive para cubrir, malamente, las necesidades básicas, pero la vida va más allá de eso”, dijo Camila.
La crisis económica existente en Cuba ha propiciado el éxodo masivo de sus ciudadanos. De acuerdo a los datos de la estadounidense Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), desde 2022 a septiembre de 2024 han llegado a Estados Unidos más de 850 000 migrantes procedentes de este país insular caribeño con 10 millones de habitantes.
Acuerdos migratorios
El último vuelo de migrantes deportados de Estados Unidos a Cuba llegó a La Habana el 27 de febrero con 104 personas –84 hombres, 19 mujeres y un menor de edad–, la segunda operación de ese tipo durante el segundo periodo de Trump, informó aquel día un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.
La institución reveló que, con la mencionada devolución de personas, sumaban 11 ocurridas desde distintos países de la región en 2025, con un total de 296 personas. En 2024, fueron recibidas en total 1384 personas deportadas.
Ambos gobiernos acordaron en 2023 retomar los vuelos de deportación como parte de los acuerdos migratorios, como una vía aparte de la marítima, realizada a través de intercambios entre la guardia costera de Cuba y la de Estados Unidos.
“Nuestro país está abierto a asimilar devoluciones, pero siempre dentro de los términos acordados”, afirmó el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío, el miércoles 12, en el programa televisivo Mesa Redonda.
Tales acuerdos incluyen la emisión de un mínimo de 20 000 visas anuales para cubanos, la devolución a Cuba de personas interceptadas en alta mar y vuelos de deportación para aquellos que Estados Unidos considera que tienen una estancia irregular en su territorio.
“Resulta contradictorio y cruel que ahora se hable de expulsar a personas que han formado familias, tienen empleos y propiedades en Estados Unidos, después de haber sido incentivados a emigrar por las mismas políticas estadounidenses”, agregó, en referencia a normas como la Ley de Ajuste Cubano.
El gobierno cubano criticó, además, la orden ejecutiva firmada por Trump el 29 de enero, para habilitar en la Base Naval de Guantánamo un centro de detención para albergar hasta 30 000 inmigrantes considerados «delincuentes de alta prioridad».
La base de Guantánamo, ubicada al sureste de la isla sobre un terreno de 117 kilómetros cuadrados, se encuentra en posesión de Estados Unidos desde 1903, por un tratado de arrendamiento perpetuo; ha sido reclamada por Cuba desde el triunfo de su revolución en 1959, al considerar que su arriendo fue impuesto bajo coerción y es inválido según el derecho internacional.
Preocupación en América Latina
La política de expulsión de migrantes en situación irregular de Estados Unidos a diferentes países latinoamericanos, esposados y custodiados, han provocado fricciones con algunos países receptores, como Colombia, Brasil y México.
Una deportación masiva hacia países de economías debilitadas complicaría la situación de estos debido a la falta de empleo.
Por ejemplo, las personas indocumentadas en Estados Unidos, procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, representan una quinta parte (2,1 millones) de los 11 millones de inmigrantes no autorizados que viven en el país norteño.
El retorno de esa cantidad produciría una drástica reducción de las remesas que por ahora logran enviar desde Estados Unidos, lo que sería un fuerte golpe para el producto interno bruto (PIB) de El Salvador, Honduras y Guatemala, cuyas remesas representan 24 %, 27 % y 20 % de su total, respectivamente.
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La política antiinmigrante arruinaría, además, la vida de miles de personas y familias latinas que durante años han vivido sin poder estabilizar su estatus legal en Estados Unidos.
“Solo rezo para que mi hijo no tenga que regresar, después de que finalmente consiguió un trabajo y una casa para vivir con su esposa”, dijo Carmen de la Torre, una residente en La Habana cuyo hijo emigró al sur de la Florida hace apenas seis meses.
Los migrantes en Estados Unidos han cubierto sectores no atractivos para la población local, como la construcción, la agricultura o la hostelería. Un estudio de julio de 2024 señala que los inmigrantes indocumentados pagaron en 2022 unos 97 000 millones de dólares en impuestos federales, estadales y locales.
ED: EG
