LA PAZ – Un ambiente de tensión se vive en el pueblo originario leco, sumergido en el inmenso Parque Nacional Madidi, en el amazónico noroeste de Bolivia, por las amenazas de gente interesada en explotar la riqueza aurífera de la región contra los defensores de la naturaleza.
“Sigan (denunciando); adentro (en la selva) nos vemos…”, fueron algunas de las advertencias escuchadas por el capitán grande del pueblo leco, Dionicio Gutiérrez, una semana después del asesinato del indígena Francisco Marupa en las márgenes del río Hondo, en la comunidad Torewa, dentro del territorio indígena.
Gutiérrez dialogó con IPS desde Rurrenabaque, un municipio localizado en el oeste del departamento de Beni, a donde acudió para seguir las investigaciones sobre la muerte de Marupa, registrada entre el 11 y 12 de febrero y atribuida a la acción de avasalladores de tierras y gente interesada en explotar el oro en los ríos de la región.
En las calles de Rurrenabaque hay desconocidos que caminan en grupos y lanzan amenazas por las denuncias realizadas por la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (Cipla) que envió una carta al presidente Luis Arce con el pedido de protección estatal para las 4000 personas de sus comunidades, relató Gutiérrez.
“Las familias son totalmente vulnerables por su condición indígena y por la presencia de empresas y grupos de personas que llegan a la zona con la intención de extraer y saquear recursos naturales”: Mauro Terrazas.
Un sospechoso del crimen está en prisión preventiva en una cárcel de La Paz, a unos 420 kilómetros al sur de Rurranabaque, mientras prosiguen las investigaciones.
Marupa, de 67 años, era un líder de la comunidad Torewa, una de las del pueblo leco, y además de dedicarse a la agricultura orientó sus esfuerzos a preservar la protección del territorio indígena frente a la presencia de invasores de tierras, cazadores y pescadores que invadían las orillas del río Hondo.
Durante varios años fue también dirigente de la Cipla y en los últimos meses alertó de la asignación de tierras a la actividad extractiva del oro en las zonas protegidas y los leco sospechan que sus denuncias provocaron su asesinato.
La Defensoría del Pueblo instó al Estado a prestar atención a las denuncias realizadas por el pueblo leco “a efecto de proteger su territorio de todo tipo de ocupaciones indebidas por personas ajenas… en especial cuando estas estarían causando afectaciones medioambientales que ponen en riesgo la existencia de este pueblo indígena”.
El pueblo leco
Bolivia, el país ubicado en el centro de Sudamérica, con un millón 98 000 kilómetros de superficie, y 12 millones de habitantes, reconoce a 36 pueblos indígenas, entre ellos el leco, establecido en la Amazonia subandina.
Es un pueblo que está dedicado a la ganadería y agricultura y habita mayormente en la provincia de Franz Tamayo, en el norte del departamento de La Paz, colindante al oeste con el de Beni.
La Cipla representa a 19 comunidades distribuidas en el extenso municipio Apolo, cabecera de Franz Tamayo, donde habitan unas 700 familias conformadas por más de 4000 personas, según Gutiérrez.
Distribuidas en una superficie aproximada de 14 000 kilómetros cuadrados, las comunidades indígenas son: Inca, Mulihuara, Correo, Chirimayo, San Juan, Trinidad, Ilipana Yuyo, Santo Domingo, Muiri, Tupili, Irimo, Pucasucho, Atén, Pata Salinas, Sarayoj, Munaypata, Torewa, Puchahui y Cuba.
Con una altura promedio de 2000 metros sobre el nivel del mar, la región posee bosques semihúmedos, sábanas naturales, pajonales artificiales y zonas agrícolas localizadas cerca de los arroyos.
En opinión de Gutiérrez, “el Estado ha perdido control en nuestro territorio. Hay avasallamientos de tierras y todo está entregado en concesión”, describió con cierto desánimo porque sus quejas y luchas, desde 2005, no lograron hasta ahora apoyo gubernamental.
“Hemos estado cuidando el territorio desde nuestra cosmovisión (amazónica), pero han debilitado el control de las áreas protegidas por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap)”, detalló el líder leco al denunciar el abandono en que se encuentra su pueblo originario y su territorio.
Una nueva comunidad
Como estrategia de ocupación de tierras, denunció el líder indígena, un ejemplo es lo sucedido en la comunidad de Torewa, la del asesinado Marupa, donde se asentaron habitantes de otras regiones que consiguieron edificar una escuela con ayuda del gobierno.
De esa manera, entre otras irregularidades, obtuvieron una copia de la personalidad jurídica del pueblo originario para establecer una comunidad. La personalidad jurídica es un certificado emitido por el Estado, que reconoce el funcionamiento de una organización, lo que ya la poseía colectivamente el pueblo leca.
Un Estudio de Identificación de Necesidades Espaciales, del Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, citado por el Movimiento Regional por la Tierra, reconoce a los lecos una “lucha milenaria” por sus territorios y su preservación ambiental.
“El primer intento por despojarles de su territorio data de 1617, cuando el español Pedro de Legui Urquiza encabezó una campaña contra los Leco, pero fue vencido y muerto por ellos”, detalla el estudio.
Hoy la humildad característica de los indígenas amazónicos, la falta de información sobre la propiedad de tierras y la fragilidad ante el poder de mineros y avasalladores, como se conoce localmente a las invasiones de territorios ancestrales, ha colocado en estado de alto riesgo a las familias de los lecos lecos.
Eso sucede particularmente en algunas comunidades, como las de Uchupiamona y Tacana, en las reservas del Madidi y Pilón Lajas, comentó a IPS el técnico en comunicación de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), Mauro Terrazas.
“Las familias son totalmente vulnerables por su condición indígena y por la presencia de empresas y grupos de personas que llegan a la zona con la intención de extraer y saquear recursos naturales”, denunció.
Los límites para los originarios pobladores de la región están demarcados por las cuencas de los ríos y basados en estas referencias hacen defensa de sus espacios de vida, según el relato.
La Cpilap, donde también tienen representación los lecos, logró en septiembre de 2023 un fallo histórico en el Tribunal de Garantías de Rurrenabaque que ordenó la paralización de toda actividad minera ilegal sobre los ríos Beni, Madre de Dios y Tuichi.
El fallo respondió a un recurso de Acción Popular presentado por los dirigentes Gonzalo Óliver, Lino Illimuri y Pilar Sea, en representación de la Cpilap, e instruye al Estado la intervención para que empresas sin licencia ambiental suspendan operaciones.
El dictamen reconoció el derecho al amparo de los pueblos afectados por el avasallamiento y extracción ilícita de minerales en sus territorios con presencia en partes cercanas de los departamentos de La Paz y Beni.
La parte demandada estuvo conformada por el Ministro de Medio Ambiente, el Ministro de Minería y el Director Nacional y el Departamental de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y el Gobernador Departamental de La Paz, entre otras autoridades.
Con frustración, Terrazas afirmó que “las instituciones encargadas de hacer respetar el fallo han hecho caso omiso al dictamen judicial. Hoy siguen las actividades de extracción de oro”.
Así como tuvo conocimiento del fallo a través de las entidades responsables del sector minero y ambiental, el gobierno conoce de los ataques a los pueblos amazónicos, el avasallamiento de tierras y el envenenamiento de las aguas con mercurio, explicó.
En octubre de 2021, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios (Contiocap), el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), la estatal Universidad Mayor de San Andrés (Umsa) y la colombiana Universidad de Cartagena realizaron un estudio que reveló altos niveles de contaminación en el cabello de las personas habitantes alrededor de los ríos Beni y Madre de Dios.
En el ámbito legislativo, la diputada por el departamento de Beni, Janira Román, visitó la región afectada por los daños ambientales de San Miguel del Bala, una comunidad indígena a orillas del río Beni, en el mes de junio de 2024.
Recogió testimonios de las familias afectadas por la contaminación de los ríos con mercurio y por la explotación minera con el uso de dragas, y al finalizar la inspección solicitó un informe del Ministerio de Medio Ambiente y el Sernap, pero hasta hoy “ninguna entidad respondió”.
Román coincide con Terrazas y alerta sobre la situación de desprotección de las familias indígenas. “No existe ningún tipo de control para los asentamientos ilegales y tampoco se puede ingresar libremente por el uso de armas de los avasalladores”, aseguró a IPS.
Identifica a grupos de personas vinculadas al partido gobernante, el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), que organizados se denominan “interculturales” y se “benefician del tráfico de tierras”, según la parlamentaria que integra la bancada de la opositora Comunidad Ciudadana.
ED: EG
