NACIONES UNIDAS – La violencia entre guerrillas al inicio de 2024 en la región del Catatumbo, noreste de Colombia, provocó el mayor desplazamiento de población en ese país sudamericano en los últimos 28 años, señaló en un reporte la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha).
En la región han chocado disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), conocidas como “Estado Mayor Central”, y columnas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), por el control de áreas sembradas de coca y en el contexto de otras actividades al margen de la ley.
La mayor parte de los integrantes de las antiguas Farc se desmovilizaron después de que en 2016 un acuerdo firmado con el Estado colombiano puso fin a medio siglo de conflicto armado, pero grupos disidentes se han reagrupado, buscan fortalecerse y disputan influencia y territorio con el ELN en varias zonas del país.
Esos enfrentamientos causaron al menos 80 muertos y forzaron un desplazamiento hacia la zona de unidades del ejército colombiano para la doble tarea de contener la violencia y proteger a los desplazados, así como una operación militar del lado venezolano de la frontera para prevenir que el conflicto se desborde hacia su país.
La escalada de violencia ha generado un desplazamiento sin precedentes en la región, con 51 938 personas forzadas a huir de sus territorios, indicó la Ocha.
Pero en total, suman 77 418 las personas desplazadas o confinadas por los enfrentamientos, en una región de montañas con ríos tributarios del Catatumbo, a más de 600 kilómetros por carretera al noreste de Bogotá.
En las zonas rurales de los municipios de Teorama, Tibú, San Calixto, El Tarra y Hacarí, en el departamento Norte de Santander, al menos 25 302 personas no pueden moverse libremente o están confinadas en sus casas, por el temor a caer como víctimas en la confrontación entre las formaciones guerrilleras, según la Ocha.
Los enfrentamientos armados y el uso de artefactos explosivos improvisados las vías ponen en riesgo a la población.
En otras zonas, la falta de carreteras, la presencia de los grupos armados y la posible existencia de minas antipersona impiden a las instituciones tomar declaraciones a la población y limitan la respuesta humanitaria.
El 22 de enero, el gobierno de Colombia declaró el estado de conmoción interior y envió refuerzos militares a varios municipios de Catatumbo.
A pesar del deterioro de la situación, algunas familias que permanecían en alojamientos temporales en los cascos urbanos de Tibú y Ocaña han decido retornar a sus propiedades, por miedo a perder sus viviendas, cultivos y animales.
Por otra parte, en Cúcuta, la capital regional, miles de desplazados de las zonas rurales y pequeños poblados llegaron durante el mes de enero solicitando ayuda de las autoridades y agencias humanitarias. Centenares de personas también cruzaron la frontera hacia Venezuela para guarecerse de la violencia.
Ocha informó que el coordinador del Socorro de Emergencia de la entidad, Tom Fletcher, ha asignado 3,8 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para ayudar a más de 42 000 personas en el noreste de Colombia .
El nuevo financiamiento apoyará a las personas desplazadas y a las comunidades de acogida en la región del Catatumbo.
Los recursos se destinarán a asistencia alimentaria, alojamiento de emergencia y artículos básicos para el hogar, agua potable y saneamiento, educación, protección infantil y lucha contra la violencia de género.
La nueva asignación de la Ocha llega una semana después del lanzamiento del Plan de Respuesta Humanitaria de Colombia, que busca 342 millones de dólares para ayudar a dos millones de las personas más vulnerables. Según sus estimados, nueve millones de personas requieren asistencia humanitaria en ese país.
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