GINEBRA – Al obligar a las niñas víctimas de violación a llevar a término sus embarazos y crianza de esos hijos, Ecuador y Nicaragua violaron el derecho de las víctimas a vivir con dignidad y las sometieron a situaciones que equivalen a tortura, concluyó el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
“Obligar a las niñas víctimas de violación a soportar embarazos no deseados es más que negarles la posibilidad de elegir; es una violación de la vida con dignidad, un acto que equivale a tortura y un fracaso en la protección de algunos de los más vulnerables”, dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité.
El Comité publicó este lunes 20 sus decisiones sobre un caso contra Ecuador y dos contra Nicaragua, por hechos que datan de 2013 y 2014, respectivamente, y que involucraban a niñas de entre 12 y 13 años de edad que estaban embarazadas.
Norma (el Comité emplea seudónimos para proteger la identidad de las víctimas), de Ecuador, tenía 13 años cuando quedó embarazada como resultado de un incesto perpetrado por su padre, quien previamente había violado a otras niñas de la familia y había sido denunciado a las autoridades por esos delitos.
En Ecuador, el acceso al aborto terapéutico es casi imposible en la práctica, a pesar de que la ley lo permite para proteger la vida y la salud de las mujeres embarazadas.
Norma se vio obligada a llevar a término su embarazo y dar a luz a un niño fruto del incesto.
A pesar de su clara y expresa voluntad de entregar a su hijo para que lo criaran miembros de su familia, recibió información errónea sobre las opciones de adopción y terminó siendo obligada a criar al niño en la pobreza y sin acceso a la educación.
Susana, en Nicaragua, fue abandonada por su madre biológica cuando tenía un año y enviada a vivir con sus abuelos. La mantuvieron aislada, la obligaron a trabajar y le negaron el acceso a la educación básica.
Tenía seis años cuando su abuelo comenzó a abusar sexualmente de ella. Su abuelo la había violado y abusado con regularidad antes de quedar embarazada a los 12 años. Su abuela había intentado, sin éxito, obtener protección y apoyo para ella de las autoridades.
En Nicaragua, el aborto está totalmente prohibido y penalizado tanto para las mujeres embarazadas como para el personal sanitario. Un día después de que naciera el bebé, Susana presentó una denuncia penal y solicitó protección contra su abuelo abusador.
Después de que se emitió una orden de arresto, las autoridades informaron a Susana que no podían hacer cumplir la orden ni ofrecerle otras garantías de seguridad porque su abuelo formaba parte de un grupo armado que controlaba la zona.
A Susana no se le proporcionó otra opción que quedarse con el niño, que ahora está siendo criado por su abuela.
Lucía, también de Nicaragua, tenía tan solo 13 años cuando el sacerdote de su comunidad comenzó a violarla y a obligarla a tomar píldoras anticonceptivas de emergencia. Tras varios meses de abuso sexual, Lucía quedó embarazada.
A pesar de la profunda depresión que sufría, continuó sus estudios en la escuela secundaria con el apoyo de sus padres y presentó una denuncia penal contra el sacerdote.
Ella y su familia fueron amenazadas con retirar los cargos debido a la posición social y religiosa del agresor, pero se resistieron. Las autoridades no tomaron ninguna medida contra el sacerdote a pesar de los cargos penales presentados en su contra.
Al igual que en el caso de Susana, Lucía no pudo acceder al aborto y terminó siendo obligada a llevar a término su embarazo. Durante el parto, fue sometida a abusos y malos tratos psicológicos y físicos por parte del personal médico, lo que resultó en una nueva victimización. El hijo de Lucía ahora está siendo criado por sus padres.
Como era imposible obtener justicia y recursos efectivos en Ecuador y Nicaragua, las tres niñas llevaron sus casos al Comité, alegando que se habían violado sus derechos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Como esos Estados no investigaron esos casos de violación ni adoptaron medidas para llevar a los perpetradores ante la justicia, el Comité consideró la falta de acción como “una omisión del Estado Parte, en relación con su obligación de ejercer un deber reforzado de protección en el caso de un niño víctima de violencia”.
El Comité afirmó que el derecho a la vida, consagrado en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no puede entenderse adecuadamente si se interpreta de manera restrictiva.
“El derecho a la vida también se refiere al derecho a disfrutar de una vida digna”, subrayó Tigroudja.
Expuso que los Estados partes “deben adoptar todas las medidas necesarias para abordar las condiciones sociales que puedan amenazar el derecho a la vida o impedir que las personas disfruten de su derecho a la vida con dignidad, en particular en el caso de los niños”.
“En estos casos terribles, las violaciones por omisión también incluyen el hecho de no adoptar las medidas necesarias para lograr la plena realización del derecho de estas niñas a la salud sexual y reproductiva, así como el hecho de no promulgar y aplicar leyes pertinentes”, añadió Tigroudja.
El Comité concluyó que ambos Estados partes habían violado el derecho a la vida de las víctimas consagrado en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
También encontró que tanto Ecuador como Nicaragua habían violado el artículo 7, que prohíbe la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ya que el Pacto se refiere no sólo al dolor físico sino también al sufrimiento moral.
Las tres niñas padecieron “un alto nivel de sufrimiento causado por el abuso sexual, el embarazo no deseado, especialmente a esa temprana edad, el estigma dentro de la comunidad y la carga emocional y financiera de criar a una niña nacida de una violación en una situación de pobreza”, expuso Tigroudja.
El Comité destacó la absoluta necesidad de combatir la violencia sexual, proporcionar a las niñas la educación sobre salud sexual y reproductiva necesaria para identificar la violencia sexual y los embarazos, y garantizar que todas las niñas víctimas de violencia sexual tengan acceso efectivo a servicios de aborto.
También solicitó a los Estados partes que adopten medidas para remediar los daños ocasionados por los embarazos y la maternidad forzada en los proyectos de vida de Norma, Susana y Lucía, así como para garantizar el acceso a la educación y atención psicológica a los niños nacidos de violación.
A-E/HM
