MÉXICO – Ningún gobierno de América debe participar en las políticas del presidente estadounidense Donald Trump contra quienes buscan asilo, porque ponen en peligro incontables vidas, planteó en una declaración este miércoles 29 la organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI).
Trump “solo podrá aplicar sus nocivas políticas si los países de las Américas aceptan su juego. Amnistía Internacional pide a los gobiernos de la región que se abstengan de participar en políticas que socavan los derechos y la dignidad de quienes buscan seguridad”, dijo la abogada chilena Ana Piquer, directora de AI para el hemisferio.
Las medidas dictadas por Trump “afectan gravemente a los derechos de quienes buscan asilo y ponen en peligro incontables vidas, creando amenazas inexistentes para ampliar la militarización, la externalización de las fronteras, las expulsiones aceleradas y la generalización de la detención por motivos de inmigración”, agregó.
Estas políticas hacen casi imposible solicitar asilo en Estados Unidos y darán lugar a que miles de personas sean objeto de devolución a lugares donde su vida o su seguridad corren peligro, según AI.
Además, Trump pide que se emprendan actuaciones penales contra quienes entran ilegalmente en Estados Unidos, y AI sostiene que esa política que causó separaciones familiares masivas durante su primer mandato (2017-2021).
“Aún hay familias, en su mayoría de América Central, que no han podido reagruparse desde que esta cruel política se aplicó la primera vez”, según la organización.
Expuso además que Estados Unidos está presionando a países para que acepten vuelos de traslado forzoso de personas que no son nacionales de esos países, y amenazándolos con sanciones si se niegan.
“Todas estas políticas tienen consecuencias para todos los países de las Américas, ya que continúan la preocupante tendencia de Estados Unidos a firmar acuerdos bilaterales disuasorios para la migración”, indica la declaración.
Al respecto señaló que el Acuerdo de Tercer País Seguro firmado por Canadá y Estados Unidos impide a la mayoría de las personas que pasan a Canadá desde Estados Unidos solicitar protección como refugiadas en ese país y viceversa.
El acuerdo “obliga a las personas a intentar cruzar la frontera por lugares peligrosos y las empuja a la clandestinidad para buscar seguridad. Dado que Estados Unidos es cada vez menos seguro para las personas solicitantes de asilo, el gobierno canadiense debe retirarse del acuerdo de forma inmediata”, dijo Piquer.
Estados Unidos y México aplicaron conjuntamente los Protocolos de Protección a Migrantes -o plan “Quédate en México”- que retenían a las personas solicitantes de asilo en campos situados a lo largo de la frontera entre ambos países.
Allí esos solicitantes “corrían grave peligro de sufrir violaciones de derechos humanos, con miles de informes de agresiones, violaciones, secuestros y extorsión”, por lo que AI pide al gobierno mexicano que no colabore en el restablecimiento del plan “Quédate en México”.
También pidió protección para los solicitantes del suspendido programa “CBP One”, una aplicación móvil gratuita de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que permitía a los usuarios enviar información y programar citas para ingresar a suelo estadounidense.
Tras la suspensión de CBP One, “el gobierno mexicano debe adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad e integridad de quienes aguardaban en México una cita a través de la aplicación, como permitirles solicitar protección internacional y desplazarse libremente por el país”, dijo Piquer.
El cierre de la aplicación CBP One “ha levantado una barrera insalvable para las aproximadamente 270 000 personas vulnerables que intentan buscar seguridad en Estados Unidos. Ahora están atrapadas en México sin una vía clara para solicitar protección”, indica AI.
Por su parte, Bill Frelick, director de la división de migrantes y refugiados en la organización Human Rights Watch, también criticó el nuevo paquete de medidas restrictivas de la inmigración a Estados Unidos.
Señaló por ejemplo que las medidas “revocan la orden ejecutiva del presidente Joe Biden (predecesor de Trump) destinada a garantizar un procesamiento seguro y ordenado para los solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos”.
“Con un simple trazo de pluma, gran parte de la infraestructura humanitaria desarrollada desde la era de la Guerra de Vietnam (años 60 y 70 del siglo pasado) ha sido desmantelada”, deploró Frelick.
La más reciente de las medidas en la materia, conocida este miércoles 29, es la revocatoria de la orden de Biden para extender por 18 meses, desde abril de 2025 hasta octubre de 2026, el estatus de protección temporal (TPS en inglés) acordado a unos 500 000 venezolanos.
Esa extensión “significaba que iban a poder quedarse aquí y violar nuestras leyes durante otros 18 meses. Lo detuvimos”, dijo en una breve entrevista en la televisora estadounidense la recién designada secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
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